Los diputados y senadores brasileños aprobaron la legislación más proactiva y progresista del mundo para superar las múltiples barreras de propiedad intelectual que impiden la producción y el acceso equitativo a los productos para combatir el covid-19. Sin embargo, los vetos presidenciales publicados el pasado viernes 3, en el Diario Oficial de la Unión amenazan con arruinar la iniciativa. El Congreso Nacional, en lugar de mantener sus manos atadas frente a las grandes farmacéuticas y sus monopolios, tomó las riendas para impedir que la prioridad durante la pandemia sea generar ganancias en lugar de salvar vidas. La Presidencia de la República, sin embargo, socavó el texto.

Que los fabricantes de vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas quieran mantener sus imperios de propiedad intelectual, aun cuando eso conlleve restringir artificialmente los suministros globales, cobrar precios abusivos y priorizar la distribución a los países ricos, mientras miles de millones de personas en Brasil y otros lugares siguen teniendo un acceso insuficiente a estos productos no nos sorprende. Moderna y Pfizer ganarán más de US$50.000 millones este año por la venta de sus vacunas. Las empresas que controlan las terapias con anticuerpos monoclonales cobran más de US$1.000 por tratamiento.

El Congreso Nacional de Brasil decidió mejorar la capacidad del país para superar las protecciones de patentes, datos y secretos industriales a través del proyecto de ley PL-12/2021, no solo en relación con la pandemia covid-19, sino en todos los casos de emergencia nacional, internacional o calamidad, cuando así lo declare el Poder Ejecutivo y el propio Congreso. La ley, en su narrativa original dice que, tras la declaración de emergencia o calamidad, el gobierno debe enumerar y revisar rápidamente las patentes y las solicitudes de patentes sobre las tecnologías relevantes que podrían ser necesarias. Luego determinará si los titulares de esas patentes se han comprometido de manera objetiva a satisfacer la demanda nacional en términos de cantidades, precios y condiciones razonables, incluso mediante la fabricación local, licencias voluntarias o contratos de venta transparentes.

Si no se ofrecen estas condiciones positivas, el gobierno podría emitir licencias obligatorias para permitir que otros productores calificados manufacturen ese artículo esencial para la salud. La nueva ley brasileña iría más allá de superar las patentes y exigiría el intercambio de toda la información y los conocimientos técnicos necesarios para producir la tecnología licenciada. También autorizaría a las instituciones gubernamentales a proporcionar toda la información que poseen y permitiría las exportaciones a países con capacidad de producción local insuficiente. Las empresas cuyas patentes estén licenciadas tendrían derecho a recibir una remuneración adecuada, que se establecerá de acuerdo con el valor económico del uso que haga el licenciatario.

Desafortunadamente, las grandes compañías farmacéuticas y sus partidarios no aceptan nada que socave un poco las ganancias que obtienen a través de sus derechos exclusivos y han iniciado una campaña para que EE UU apoye el veto del presidente Bolsonaro. Sin embargo, la administración del presidente Biden tiene otras prioridades y está actuando en sentido contrario, apoyando las negociaciones para la suspensión temporal de ciertos derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que los países que lo deseen puedan utilizar medidas nacionales para flexibilizar los derechos de propiedad intelectual y considerar el uso de sus poderes domésticos para asegurar que el proceso de fabricación, que las empresas estadounidenses mantienen en secreto, se pueda compartir con productores alternativos.

Aun así, el presidente Bolsonaro optó por vetar algunos de los artículos más importantes del proyecto de ley, dificultando su ejecución. Además de estas presiones, la industria, liderada por Pfizer, busca consolidar su hegemonía sobre la propiedad intelectual, ofreciendo una unidad de producción en Brasil que solo realizará el llenado de su vacuna covid-19, de manera estrictamente controlada.

Se espera que Brasil resista estas presiones, que no se deje engañar por estas propuestas limitadas y siga mostrando al resto del mundo cómo enfrentar estos poderes monopolistas, garantizando el derecho a la salud de su población. Muchos otros gobiernos deberían seguir el ejemplo de los parlamentarios de Brasil. Ahora le toca al Congreso revocar los vetos.

La aprobación de la propuesta de suspensión temporal en la OMC es muy importante, pero también es fundamental recordar que los países pueden hacer cosas, de manera colectiva o individual, por ejemplo aprobando reformas legislativas.

Otros países pueden seguir el ejemplo parlamentario de Brasil, pero también pueden invocar el artículo 73 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) que se aplican a situaciones que amenazan la seguridad nacional. Los países también pueden unirse a esta causa común, colaborar para superar las barreras legales y establecer centros regionales de producción.

Esta es una forma de productos tan esenciales, como vacunas y medicamentos, dejen de escasear. Esta pandemia es demasiado peligrosa, persistente y virulenta. Por eso requiere respuestas políticas más innovadoras. Millones de vidas penden de un hilo, a medida que nuevas variantes amenazan el progreso actual y futuro en la lucha contra esta plaga del siglo XXI.