Los acuerdos firmados por la Comisión y el sector incluyen cláusulas criticadas por académicos, científicos, ONG y gestores sanitarios

Los países miembros de la Unión Europea (UE) no tienen las manos libres para donar o revender a países menos desarrollados las vacunas compradas a las compañías farmacéuticas. Los contratos firmados por la Comisión Europea con el sector incluyen en todos los casos cláusulas que hacen necesario que las empresas autoricen estas operaciones mediante acuerdos a tres bandas ― país donante, receptor y fabricante―, admiten fuentes del Ejecutivo europeo.

“La razón por la que las compañías han pedido dar su autorización es para asegurarse que no se alteran las reglas de responsabilidad de las vacunas y que las donaciones puedan llevarse a cabo de una forma segura en todas sus fases de distribución y administración”, defiende un portavoz de la Comisión.

Académicos, sociedades científicas, ONG y ex altos cargos sanitarios, en cambio, critican unas condiciones que recortan el margen de maniobra de los gobiernos. “Es un error aceptar estas cláusulas en tiempos de pandemia. Más aún cuando los contratos fueron de compra anticipada, por los que el sector público financió buena parte del desarrollo de las vacunas y lo hizo a riesgo de que estas no salieran adelante”, resume Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de economía en la Universidad de Las Palmas.

Estas cláusulas adquieren especial relevancia en un momento en que el que los países de la UE tienen encarriladas las campañas de vacunación de sus ciudadanos y deberán dar salida en el próximo año a miles de millones de dosis compradas de más, en un acaparamiento que ha sido criticado porque ha dejado en en segundo plano las necesidades de los países menos desarrollados.

Con una población de 446 millones de habitantes en la UE, la Comisión tiene compras comprometidas por 4.400 millones de dosis, según los últimos datos publicados. De ellas, el Ejecutivo europeo asegura que tiene previsto donar prácticamente la mitad a terceros países a través del mecanismo Covax, participado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las donaciones previstas para este año, sin embargo, serán de apenas 100 millones de dosis, según los anuncios hechos hasta la fecha.

La Comisión asegura que “uno de los pilares de la estrategia de vacunación europea ha sido que las empresas deben comprometerse a reenviar dosis a países pobres”. Un alto cargo del Gobierno español, que pide anonimato, añade que “siempre ha estado encima de la mesa de negociaciones [con las farmacéuticas] que parte de las vacunas compradas iban a ser donadas o revendidas”. Pero este responsable político admite que “los laboratorios solicitaron tener un cierto control sobre las dosis y es verdad que se les dio”. Preguntado sobre qué pasaría en el caso hipotético de que una empresa se negara a dar luz verde a alguna donación, esta fuente reconoce que no está muy claro qué pasaría, aunque no prevé que “esto vaya a ocurrir”.

Los acuerdos deben firmarse caso a caso, explican estas fuentes, aunque en el caso de Covax existe una especie de contrato marco que sirve de “paraguas” para acelerar las donaciones. Francia ya ha recurrido a él para mandar 100.000 dosis a Mauritania y España ha prometido hacer lo mismo antes de fin de año con 7,5 millones de dosis con destino a Latinoamérica. El Ministerio de Sanidad ha declinado informar qué vacuna incluirá en la operación.

La catedrática de economía en la Universidad de Las Palmas afirma: “Era la primera vez que la Comisión asumía un proceso tan complejo como la compra de las vacunas y se ha notado que enfrente tenía a un actor mucho más avezado en este tipo de negociaciones. Ya se vio con los retrasos de las entregas de dosis. Mi impresión es que la UE ahora habrá aprendido, pero inició el proceso con poca experiencia”.

Josefa Cantero, presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), considera que “son unas cláusulas impropias porque inclinan la balanza de forma desproporcionada en favor de los intereses de las farmacéuticas, como ya ocurrió en la derivación absoluta de la responsabilidad en la que podían incurrir las compañías y que asumieron los Estados”.

La respuesta a la pandemia del coronavirus, la peor crisis sanitaria en un siglo ha obligado a todos los actores implicados a transitar por terrenos inexplorados. Nunca se había desarrollado en menos de un año una vacuna frente a un patógeno hasta entonces desconocido. Y los poderes públicos tampoco habían puesto tanto dinero en manos de las compañías farmacéuticas ―junto a algunos donantes privados, cerca de 10.000 millones de euros, la mayor parte a riesgo o a fondo perdido, según un artículo publicado en la revista The Lancet― para el desarrollo de vacunas [1].

El resultado de todo ello tiene luces y sombras, según Fernando Lamata, ex secretario general del Ministerio de Sanidad y miembro de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. “Se han hecho avances interesantes. Se ha visto que la financiación de la innovación es pública, que la compra anticipada permite el desarrollo de vacunas, que puede hacerse una compra equitativa entre países como la de la UE…”, desgrana. Aunque quedan muchas otras por delante, según Lamata: “Las patentes son un escollo para el acceso universal a los medicamentos que no ha sido aún superado. Y estas cláusulas que obligan a pedir permiso al proveedor para donar una vacuna que no solo has pagado, sino que también has financiado desde que era apenas un proyecto, lo hace todo más obvio y ridículo”.

En la misma línea, la responsable de Relaciones Externas en España de Médicos Sin Fronteras (MSF), Raquel González, opina que “la UE ha desaprovechado una gran oportunidad en las negociaciones para incluir condiciones que favorecieran el acceso equitativo a las vacunas”. “Teniendo en cuenta el esfuerzo público realizado, no resulta fácil de entender la opacidad con la que se han negociado estos acuerdos ni las cesiones realizadas, como que el Estado comprador deba consultar a la empresa fabricante si puede donar o vender las dosis a un tercer país”, añade.

Médicos Sin Fronteras considera que “las donaciones de excedentes no son la solución” y que esta pasa por el aumento de la producción mundial y el fin del acaparamiento por unos países ricos que ahora prometen donaciones pero que antes “han vaciado los estantes” en los que Covax y los países pobres ya no pueden comprar. En todo caso, y “aunque no sea lo ideal”, la ONG confía en que “en ningún caso las farmacéuticas recurran a las cláusulas” que les permitirían vetar donaciones.

EL PAÍS preguntó este jueves a cuatro de las compañías que han alcanzado un acuerdo con la Comisión ―Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Sanofi― sobre el contenido de estas cláusulas. Pfizer, la única que respondió durante la jornada, asegura que “apoya” las donaciones, aunque recuerda que las cláusulas de los contratos son “confidenciales” y que “las preguntas sobre propuestas específicas deben dirigirse a los gobiernos correspondientes”.