Los argumentos interesados que utilizan los grupos de presión de las grandes farmacéuticas en las reuniones con la Comisión Europea para defender sus derechos monopólicos de propiedad intelectual sobre las vacunas son manifiestamente falsos. El Observatorio Corporativo de Europa (Corporate Europe Observatory) ha descubierto documentos de diciembre de 2020 que revelan cómo los argumentos de las grandes farmacéuticas -esencialmente, “mantengan el control de las patentes en nuestras manos y confíen en nosotros para distribuir las vacunas”- contrastan marcadamente con la situación actual: pocas personas en los países de bajos ingresos podrán ser vacunadas a corto plazo.

“Todo está en buenas manos, la industria se encargará de que las vacunas lleguen a todo el mundo, no hay necesidad de medidas extraordinarias. Confíen en nosotros”. Parafraseando, este es el mensaje central que las empresas farmacéuticas utilizaron como argumento en contra de compartir la tecnología a través de la flexibilizar los derechos de propiedad intelectual para luchar contra la pandemia en las reuniones con la Comisión a principios de diciembre de 2020. El Observatorio Corporativo de Europa ha destapado por primera vez estos argumentos de los grandes grupos de presión de la industria farmacéutica a través de solicitudes de libertad de información (FOI); y, dada la actual escasez de vacunas en todo el mundo, parecen muy endebles.

Desde los primeros días de la pandemia, los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las patentes, sobre las vacunas y los medicamentos contra el covid han sido un campo de batalla clave en todo el mundo. En una primera fase, la Comisión pareció adoptar una posición sorprendente: “Esta vacuna será nuestro bien común universal”, declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en abril de 2020. Sin embargo, tal y como están las cosas hoy, vemos una estrecha coincidencia entre las posiciones de la Comisión y las de los grandes grupos de presión de la industria farmacéutica, y en sus argumentos y retórica se hacen eco unos a los otros. Pero el enfrentamiento en torno a los derechos de propiedad intelectual se está intensificando, y es poco probable que desaparezca.

En octubre de 2020, los gobiernos de India y Sudáfrica propusieron, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) [1], que se renunciara a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y los medicamentos para permitir que los países pudieran producir mayores cantidades y se incrementara la producción a nivel global. Ante la grave escasez de vacunas y el ritmo de la pandemia, esta propuesta tiene mucho que ofrecer. Pero los negociadores de la Comisión Europea rechazaron la idea desde el principio.

El Observatorio Corporativo de Europa se propuso investigar cómo el grupo de presión de las grandes farmacéuticas, la EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas), ha influido en la Comisión en estos asuntos. La EFPIA es el principal grupo de presión de las grandes farmacéuticas en Europa, y tiene mucho acceso y una gran influencia en la toma de decisiones de la UE [2] gracias a su gasto en cabildeo [3], unos €5,5 millones en 2020, con la participación de 25 cabilderos (en 2019 gastaron €4,6 millones). Los documentos sobre los grupos de presión que obtuvimos a través de nuestra solicitud de acceso a la información (FOI) arrojan nueva luz sobre el cabildeo de la EFPIA. Aunque no fue una sorpresa encontrar a la EFPIA oponiéndose a cualquier flexibilización de los derechos de propiedad intelectual (esta ha sido su prioridad a lo largo de la pandemia, como se refleja en nuestro informe “Poder y beneficio durante la pandemia”) [4], los argumentos fueron tan descarados e interesados, que hoy es difícil no tildarlos como ridículos y manipulativos.

Justo antes de las vacunas
Los documentos internos revelados al Observatorio Corporativo de Europa muestran que, desde que empezó la pandemia, varias dependencias de la Comisión han permanecido en contacto estrecho con EFPIA. Estos contactos incluyeron discusiones sobre suministros, particularmente en los primeros días, y discusiones periódicas sobre temas de política, entre ellos los derechos de propiedad intelectual. En plena pandemia, la EFPIA se reunía frecuentemente con funcionarios de la UE para debatir cómo garantizar normas más estrictas en materia de derechos de propiedad intelectual en los acuerdos comerciales bilaterales (con países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Indonesia y Chile), así como su aplicación.

Y más recientemente, la EFPIA ha presionado para que la UE rechace de manera contundente la propuesta que se está debatiendo en la OMC. La reunión clave sobre este tema tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020 entre dos cabilderos de la EFPIA y la Dirección General de Comercio (DG Trade), la dependencia de la Comisión responsable de las negociaciones con la OMC. Los dos cabilderos de la industria presentaron el feliz mensaje de que, en su opinión, la estrategia global vigente apuntaba en la dirección correcta, en gran parte gracias a las empresas farmacéuticas. Según el acta, los dos cabilderos de la EFPIA “presentaron las colaboraciones que los productores de vacunas, así como los que desarrollan los tratamientos contra el covid-19, estaban estableciendo para aumentar la capacidad de fabricación y el suministro global de vacunas y tratamientos”.

En ese momento, las tres principales vacunas (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Moderna) estaban a punto de recibir el permiso de comercialización para uso en emergencia y la gran pregunta era si ya se vislumbraba el final: dadas las circunstancias, ¿se desplegarían las vacunas rápidamente a escala mundial? ¿O quedaban obstáculos que podrían hacer que la pandemia se prolongara globalmente durante años? Y lo más importante: ¿sería necesario compartir la tecnología para vencer la pandemia?

En el contexto de la reunión, la EFPIA [5] entregó a la Comisión un documento que resume la posición del lobby farmacéutico [6]. El documento había sido redactado por la asociación mundial del sector farmacéutico, la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) [7], lo que demuestra que hay mucha unidad entre las grandes farmacéuticas. Lo cual es todavía más preocupante.

Un “problema no identificado”
En cuanto a la propuesta de India-Sudáfrica de renunciar a las patentes de los tratamientos contra el covid-19 en la OMC, la posición de EFPIA/IFPMA es clara: “Esta propuesta representa una medida extrema para un problema no identificado”. Según ellos, ¡no se ha probado que haya un problema!

Pero hoy en día, en el mundo, sólo hay unos pocos países que están cerca de hacer un despliegue sustancial de vacunas (el Reino Unido, EE UU e Israel); el número de muertes diarias es superior al que hubo en cualquier otro momento antes de principios de diciembre de 2020, y lo mismo ocurre con el número de casos activos y de nuevos infectados. Nuevas y alarmantes cepas están ganando terreno en varios países. Y lo más importante: a nivel global, hay una parte importante de la humanidad que no tiene ninguna perspectiva de recibir una vacuna a corto plazo. Según una evaluación realizada en enero de 2021 por la Unidad de Inteligencia de The Economist, hay 85 países en donde no habrá un despliegue importante de vacunas hasta 2023, y en los meses transcurridos desde esa evaluación las cosas no han mejorado. En el momento de escribir este artículo (10 de abril de 2021), sólo tres de los 54 países africanos han podido inocular al uno por ciento de los ciudadanos [8]. De hecho, la OMS ha descrito [9] la situación actual como un “fracaso moral catastrófico”; otros la califican de “apartheid de las vacunas” [10].

Mientras tanto, la escasez ha desatado el nacionalismo de las vacunas. La UE, EE UU, India y otros países han impuesto restricciones a las exportaciones, y las empresas farmacéuticas están sometidas a una presión inmensa para cumplir sus promesas, y en muchos casos no pueden hacerlo. Los perdedores inmediatos son los países de bajos ingresos, pero a largo plazo, con una pandemia que se prolonga, podrían aparecer nuevas variantes del covid-19 [11], que requerirán otra ronda de vacunas y se perderán muchas más vidas.

A pesar de esta situación, en la reunión de diciembre de 2020, la EFPIA mencionó un gran número de empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo, involucrando “1.100 posibles tratamientos y vacunas”, y argumentó que todo estaba en buenas manos, es decir, en manos privadas. La industria tiene la “capacidad de hacer frente a la pandemia”, afirmó la EFPIA. Los únicos obstáculos para un rápido despliegue de la vacuna en todo el mundo son los “preparativos de los países”, las “aprobaciones reglamentarias oportunas” y el “escrutinio de la cadena de suministro”. Es cierto que hay retos logísticos a muchos niveles. Pero en África, por ejemplo, se ha demostrado que los países están preparados y sin embargo esperan en vano los suministros. Por eso el debate sobre las vacunas se centra en el aumento de la producción. El problema ya está identificado.

‘La producción local no es la panacea’
Esto plantea la necesidad de encontrar capacidad de fabricación adicional, dado que hasta ahora las empresas farmacéuticas no han cumplido las expectativas ni los contratos. Una primera opción obvia es recurrir al país que dominaba la producción de vacunas antes de la pandemia, India. Según un análisis, la industria farmacéutica de ese país puede producir 2.400 millones de dosis anuales. Pero por el momento, solo hay una fábrica en India, el Serum Institute, que ha llegado a un acuerdo para producir una de las vacunas clave, y se dispone a producir “sólo” mil millones de vacunas este año. India podría producir muchas más, y la dependencia excesiva de una sola empresa resulta arriesgada (ver más adelante).

O qué decir de los 21 fabricantes de genéricos [12] que tienen sus sedes en diversas partes del mundo y que se han comprometido a colaborar para fabricar vacunas. En este momento, esta abundante capacidad de producción está ociosa. Tal vez los que mejor pueden responder a la pregunta de si hay capacidad de producción ociosa, son los miembros de la Coalición para las Iniciativas de Preparación ante las Epidemias (Coalition for Epidemic Preparedness Initiatives – CEPI) [13]. Uno de sus expertos, Nicole Lurie, declaró en febrero de este año en un webinar organizado por la Universidad de Columbia [14]: “Todavía hay exceso de capacidad. El reto es que ahora mismo las empresas que ya cuentan con vacunas establecidas vacilan mucho antes de asociarse, sobre todo con algunos fabricantes de países en desarrollo”.

Y la lista no debería limitarse únicamente a los productores de genéricos. En Dinamarca, Bavarian Nordic se ofreció hace un tiempo a producir vacunas [15] en su planta de manufactura mientras espera la aprobación de su propia vacuna. El 2 de febrero de 2021, un decepcionado director general de la empresa dijo a la prensa que estaba “algo frustrado cuando oía hablar de escasez y falta de capacidad. A mí también me gustaría tener una vacuna y nuestro personal está dispuesto a poner de su parte para Dinamarca, Escandinavia y Europa, pero para ello está claro que la gente tiene que querer utilizarnos”. Había estado intentando llegar a un acuerdo con las empresas responsables de las vacunas, pero todo fue en vano. Esto es sorprendente, pues Bavarian Nordic podría producir lo necesario para Escandinavia en solo una semana, ¡y alrededor de 240 millones de dosis en un año!

Permitir que más empresas produzcan vacunas no resolvería todos los problemas de suministro de forma instantánea, efectivamente, pero dada la extrema gravedad de las circunstancias, la producción local es una panacea.

‘La propiedad intelectual no ha sido una barrera para el acceso’
Si, como afirman las grandes farmacéuticas, los derechos de propiedad intelectual no son una barrera para el acceso a las vacunas, ¿por qué este acceso sigue siendo tan limitado? ¿Por qué no se pone a trabajar a decenas de productores locales para abastecer de vacunas al mundo entero?

Según el documento de la EFPIA de diciembre de 2020, cuando sea posible y necesario los “fabricantes de las vacunas aprobadas podrán establecer acuerdos de producción, que pueden incluir la transferencia de tecnología; estos procesos se pueden realizar a través de licenciatarios o contratando fabricantes cuidadosamente seleccionados”.

Es cierto que ninguna norma sobre los derechos de propiedad intelectual impide que los fabricantes de vacunas negocien licencias con otros productores o entablen “contratos de fabricación”. Pero las normas sobre los derechos de propiedad intelectual hacen que rara vez tengan interés en hacerlo. Pueden ganar más dinero gestionando ellos mismos los suministros, y debido a la naturaleza de algunos, si no todos, los acuerdos de compra [16], es difícil, si no imposible, responsabilizarles de los retrasos [17].

Los derechos conferidos a los monopolios de las vacunas les han permitido dar la espalda a los intentos internacionales de compartir la tecnología, y hay un bloque unificado de grandes agrupaciones farmacéuticas que rechazan el Fondo Común de Acceso a la Tecnología covid, o iniciativa C-TAP, creada con el auspicio de la OMS para garantizar el acceso para todos. Como consecuencia, este fondo común de tecnología compartida permanece vacío, dejando, por ejemplo, a los mencionados 21 productores de genéricos sin los medios para fabricar.

‘La propiedad intelectual apuntala la capacidad de hacer frente a la pandemia’
Permitir que unas pocas empresas tengan los derechos sobre las vacunas es darles el poder de decidir si permiten, o no, su producción en las economías emergentes. Y los propietarios de las vacunas han mostrado muy poco interés en ampliar la producción mediante la concesión de licencias o la fabricación por contrato. Por ejemplo, Pfizer-BioNTech no ha celebrado ningún acuerdo de este tipo fuera de Europa y EE UU. La única empresa que sí ha llegado a acuerdos con cinco compañías del sur global para producir vacunas es AstraZeneca, gracias a sus socios de la Universidad de Oxford, y tiene acuerdos en Indonesia, India, Japón, Australia, México, y otros lugares [18]. Los términos de todos estos acuerdos se mantienen secretos, pero la mayoría de ellos se refieren a cantidades relativamente pequeñas, con algunas excepciones. Sin el Serum Institute de India, los países de bajos ingresos estarían en serios problemas.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la vacuna de AstraZeneca suscita dudas de seguridad para algunos sectores de la población [19], el despliegue global de las vacunas se enfrenta a un verdadero desastre.

Toda esta capacidad está muy por debajo de lo que se necesita para cubrir las necesidades. Miles de millones de personas pagarán un precio por la falta de interés de los propietarios de las vacunas en establecer acuerdos de licencia. En medio de una pandemia mundial, es inconcebible dejar estas decisiones en manos de unas pocas empresas privadas, sobre todo si se analizan los resultados obtenidos hasta ahora en los esfuerzos concertados a nivel mundial para proporcionar vacunas para todos.

‘Acceso equitativo al mismo tiempo’
Los grandes de la industria farmacéutica han participado en el diseño de la respuesta mundial a la pandemia desde el primer día, y poderosos gobiernos han insistido en situarlos en posiciones clave. Y el grupo de presión de la industria a nivel mundial, la IFPMA, así como su rama europea, la EFPIA, se empeñan en poner de relieve su participación en las principales iniciativas para suministrar medicamentos y vacunas en todos los rincones del planeta. En la asociación internacional público-privada Acelerador del Acceso a las Herramientas Covid (ACT), la industria se sienta al lado de los gobiernos y las instituciones internacionales [20], incluso su mecanismo para las vacunas, COVAX, fue diseñado en gran medida por la Comisión Europea.

En el documento compartido, las grandes farmacéuticas y la Comisión usaron las mismas palabras para expresar estos objetivos: “Se espera que, por medio del mecanismo COVAX, 92 países de ingresos medianos y bajos que no pueden costear totalmente las vacunas contra el covid-19, obtengan el mismo acceso a las vacunas que los países de ingresos más altos que se autofinancian, y que lo hagan al mismo tiempo”.

Sin embargo, ya en diciembre de 2020 era evidente que esa igualdad de acceso nunca se produciría a través del limitado mecanismo COVAX. Y hoy aquella afirmación suena totalmente vacía. El 8 de abril de 2021 se emitió un comunicado de prensa [21] para celebrar la primera fase del programa, “se ha beneficiado a más de 100 economías” y se han distribuido 38 millones de dosis a través del programa, incluyendo en 61 de los 92 países de ingresos medianos y bajos cubiertos por el brazo caritativo de COVAX, el programa de Compromiso de Compras Anticipadas.

Treinta y ocho millones de dosis, de las cuales un número no especificado ha llegado a los países más desfavorecidos, son para decirlo de alguna manera, poco impresionante. Sería más apropiado describirlo como un desastre en cámara lenta. Y no parece haber luz al final del túnel. De momento, la previsión es que para junio, COVAX alcanzará apenas el 20% de su objetivo para 2021 [22].

‘COVAX es la única opción viable’
No cabe duda de que hay una cuestión financiera en juego, pero COVAX ha hecho mucho con la financiación de los gobiernos y fondos filantrópicos con vínculos corporativos, entre ellos la Fundación Bill y Melinda Gates. Su verdadero problema es el suministro. Por el momento, COVAX tiene un convenio con Pfizer para suministrar apenas 1,2 millones de dosis a través del programa [22], mientras que AstraZeneca ha firmado un acuerdo por 340 millones de dosis. Así que, a corto plazo, el futuro de COVAX depende del suministro de AstraZeneca.

Se supone que el suministro de AstraZeneca para el programa COVAX procede de una sola fábrica, el Instituto Serum de India (SII por sus siglas en inglés). El SII dice que tiene capacidad para producir mil millones de dosis, pero hasta ahora el contrato con AstraZeneca ha desatado una pelea de perros y gatos para acceder a las vacunas: el Reino Unido reclama 10 millones de dosis [23], la UE pide otros 10 millones [24] y, para complicarlo más, el gobierno indio interviene y prohíbe todas las exportaciones hasta junio de 2021 para asegurar que el SII suministra primero a la India [25].

Aunque es difícil culpar al gobierno de India por imitar a los países de altos ingresos en el nacionalismo de las vacunas, pues la pandemia se está disparando [26], esto pone en serios aprietos al programa que va a beneficiar a la población mundial. Pero el núcleo del problema no es el nacionalismo de las vacunas sino el desinterés por establecer mayor capacidad de producción, debido a los privilegios que las normas de propiedad intelectual conceden a las empresas farmacéuticas. Teniendo en cuenta todo esto, que la misma industria afirme que se adhiere al esfuerzo por garantizar la igualdad de acceso a nivel global no podría ser más engañoso.

Por eso, la afirmación del lobby farmacéutico, como en el documento que nos ocupa, de que “COVAX es la única forma viable”, contrasta con el estado actual de las cosas, donde COVAX no parece viable, en absoluto. COVAX no garantizará el suministro temprano de vacunas, y eso costará muchas vidas.

‘La propiedad intelectual estimula a los inversionistas’
Los derechos de propiedad intelectual no han sido “una barrera para la colaboración” entre el sector público y las empresas privadas, afirma el documento de la EFPIA. Más bien, han sido un “estímulo” y garantizan que “la próxima generación de inventores e inversores sigan colaborando”. Es indudable que los beneficios inesperados atraen a los inversionistas. El que las instituciones públicas y los gobiernos concedan a unas pocas empresas los derechos exclusivos sobre las fórmulas de vacunas, que son vitales para todo el mundo, representa una bonanza para ellos. Pero, además de cuestionar si este es el camino correcto, dadas las circunstancias, también se debe aclarar cuándo una empresa puede reclamar legítimamente esa propiedad.

El apoyo financiero que las instituciones públicas han otorgado a la investigación de vacunas ha sido masivo, y la evidencia sugiere que estamos frente a una gran estafa. Una primera evaluación del financiamiento público para el desarrollo de vacunas muestra que las seis vacunas más destacadas han recibido en promedio alrededor de €1.500 millones de fondos público para su desarrollo [27].

¿Qué proporción de los costos de investigación representa esta cifra? Esta pregunta no se puede responder para todas las vacunas por la falta de transparencia tanto de las empresas como de las autoridades públicas. En el caso de AstraZeneca, la evaluación más reciente revela que la financiación pública constituyó el 97% [28] de los costos de investigación y desarrollo. Y el informe anual de uno de los actores, BioNTech en Alemania, también nos da una pista. Esta empresa, junto con su socio Pfizer, ha recibido alrededor de €2.000 millones en ayudas públicas, de los cuales 370 millones proceden del gobierno alemán [29] y unos 2.000 millones del gobierno estadounidense [30]. Parece que están bien cubiertos. Según su informe anual de 2020, lo invertido en investigación y desarrollo ascendió a €645 millones, lo que supone un aumento de unos €420 millones en comparación con el año anterior, debido principalmente a lo invertido en el desarrollo de la vacuna de Pfizer-BioNTech, algo más que la cantidad recibida de parte del gobierno alemán. Dado que los costos se repartieron en partes iguales entre las dos empresas, una estimación aproximada del valor del desarrollo de la vacuna lo sitúa ligeramente por debajo de los €1.000 millones, es decir, la mitad de la financiación pública que había estimado Médicos Sin Fronteras [31].

Pero la cosa no acaba ahí. Según las proyecciones, este año Pfizer-BioNTech tiene previsto recibir una avalancha de dinero. Según una estimación conservadora, los US$15.000 millones en ingresos por las ventas de este año convertirán a la vacuna en “el segundo medicamento que ha generado el mayor volumen de ingresos en la historia, en cualquier parte del mundo, según los informes del sector” [32], y los beneficios se estiman en €4.000 millones (sólo superados por un medicamento contra la artritis). Otros analistas [33] llegan a una cifra mucho mayor, teniendo en cuenta la reciente decisión de aumentar la producción a 2.500 millones de dosis y un beneficio de US$3 a US$5 por dosis, lo que equivale a entre US$7.500 y US$12.500 millones en beneficios (es decir, entre €6.300 y €10.500 millones). Este nivel de lucro no debería tener cabida en un contexto de pandemia mundial; y cuando la escasez es parte integral del modelo, resulta aún más atroz.

‘La clave del éxito con el VIH/SIDA no fue debilitar la PI’
No es la primera vez que los países en desarrollo y los de altos ingresos se enfrentan en la OMC por los derechos de propiedad intelectual, y no es la primera epidemia que causa estos conflictos. A finales de la década de 1990, el VIH/SIDA se extendía rápidamente en el mundo en desarrollo, sobre todo en África, y los precios de los medicamentos eran prohibitivos, debido a los derechos de propiedad intelectual. Las empresas farmacéuticas con patentes se mostraban ferozmente hostiles a la concesión de licencias, por lo que algunos países -Sudáfrica es el ejemplo más destacado- tomaron cartas en el asunto y permitieron las “licencias obligatorias”, facilitando que fabricantes de genéricos pudieran producir medicamentos más baratos. Lo que sucedió después fue un capítulo importante en la historia del comercio mundial: en 2001, durante una emergencia, la UE, EE UU y otros países se vieron obligados a permitir la importación de medicamentos genéricos, producidos bajo licencias obligatorias en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Aunque esta concesión fue menor, pues las licencias obligatorias siguen siendo muy difíciles y engorrosas, la medida surtió efecto: varios países africanos hicieron uso de su derecho a emitir una licencia obligatoria, y los precios de los medicamentos para el VIH-SIDA se desplomaron durante un tiempo. Como señaló un informe de la OMS [34]: “las flexibilidades de los ADPIC, en particular las licencias obligatorias, se convirtieron en la opción preferida por los países en desarrollo para conseguir medicamentos antirretrovirales asequibles”.

En su forma final, el acuerdo sobre los ADPIC no eliminó todos los problemas que causan los derechos de propiedad intelectual cuando hay que enfrentarse, por ejemplo, a la epidemia de VIH/SIDA; las concesiones realizadas fueron demasiado modestas. Por desgracia, sólo tuvieron un impacto temporal y limitado en el África subsahariana [35]. Pero el episodio demostró claramente cómo los derechos de propiedad intelectual pueden constituir una amenaza para la salud pública, y por qué es necesario modificarlos. Hasta aquí es muy obvio, pero aparentemente no lo ve así la industria farmacéutica. Desde el punto de vista de la EFPIA/IFPMA, la historia de éxito del VIH tiene que ver con el éxito de la protección de la PI: “La propiedad intelectual nunca ha sido tan importante como ahora”, afirman en su documento de diciembre de 2020. “Esto ha sido así en todas las anteriores respuestas a las crisis sanitarias mundiales, como lo fue en el caso del VIH. La clave del éxito en estas respuestas ha sido la cooperación, no el debilitamiento de la PI”.

Copiar y pegar
A pesar de todo lo anterior, es sorprendente ver como la Comisión Europea, que enfrenta la escasez de vacunas en su propio casa, durante la batalla política por la exención reproduce todos los argumentos de la industria farmacéutica sobre los derechos de propiedad intelectual. A principios de marzo de 2021, el mensaje de la UE ante la OMC era que se requiere una asociación más estratégica con la industria para resolver los problemas de acceso. “La propiedad intelectual es un factor clave para proporcionar un marco que permita esta cooperación”, dijo el representante de la UE.

La escasa información que se ha revelado sobre las discusiones entre los Estados miembros de la UE [36] es igualmente decepcionante: ningún Estado miembro ha puesto en tela de juicio la estrecha afinidad de la Comisión con la industria en lo que respecta a la exención, ni ha visto la necesidad de debatir nada más que, quizás, las apariencias: varios representantes de los Estados miembros han exhortado a la Comisión a explicar mejor sus argumentos y a mostrar su disposición al diálogo.

Renovar una estrategia
La actual estrategia de la UE para lograr la distribución mundial de las vacunas incluye demasiados indicios de fracaso absoluto. Tanto en Europa como en Estados Unidos, los Estados con mayor poder adquisitivo eligieron unas pocas grandes empresas farmacéuticas para establecer las condiciones del proyecto, otorgándoles el monopolio de los derechos de las vacunas. Este es el núcleo del problema al que nos enfrentamos hoy en día, con miles de millones de personas en medio mundo con pocas perspectivas de ver un despliegue completo de las vacunas. Este fracaso se debe abordar rápidamente, y el primer paso debe ser que los políticos y las instituciones públicas asuman el control y neutralicen la amenaza de los exorbitantes derechos de propiedad intelectual.

Esto deberá incluir dar marcha atrás a las desacertadas promesas hechas a Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson y similares, y revertir los derechos de propiedad intelectual. Por el momento, la exención propuesta por India y Sudáfrica en la OMC cuenta con el apoyo de más de 100 países. Recientemente, 175 antiguos líderes mundiales y ganadores del premio Nobel solicitaron al presidente Biden de EE UU que apoyara la exención propuesta por India y Suráfrica como “un paso vital y necesario para poner fin a esta pandemia”. La presión va en aumento.

Quienes lo impiden son las grandes farmacéuticas que establece acuerdos de compra excesivamente generosos para su propio beneficio, a través de su asociación EFPIA y respaldadas por los gobiernos de países ricos como los de la UE y EE UU. Podrán derrotar la exención, por ahora, pero no pueden hacer desaparecer el problema.