El gigante farmacéutico Johnson & Johnson y tres de las mayores distribuidoras de medicamentos de EE UU han llegado a un acuerdo de US$26.000 millones con varios estados para zanjar los miles de pleitos a los que se enfrentan por la crisis de opioides, que se ha declarado una emergencia de salud pública, ha matado a cientos de miles de estadounidenses en los últimos años y que ha generado una tonelada adictos por mala información y administración. Una vez ratificado el pacto en los gobiernos estatales y locales, los fondos se destinarán a financiar servicios de prevención y tratamiento de la adicción en las comunidades afectadas.

Además de J&J, forman parte del acuerdo las empresas Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson, que son pesos pesados de la distribución en Estados Unidos, pero el resto del sector farmacéutico sigue litigando con ciudadanos y autoridades locales de todo el país. En este caso —y en la mayoría— los denunciantes sostienen que las distribuidoras hicieron caso omiso a las enormes cantidades de envíos de opiáceos prescritos a las comunidades y que la farmacéutica Johnson & Johnson minimizó la capacidad adictiva de estos productos. Uno de los fármacos que hizo estragos fue el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína.

“Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no solo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas. Hoy hacemos rendir cuentas a estas empresas inyectando miles de millones de dólares”, señaló la la fiscal general del estado de Nueva York, Letitita James, en un comunicado. James anunció el acuerdo este miércoles por la tarde de forman conjunta con los fiscales generales de Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Delaware y Luisiana. Los Estados y el Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) tienen ahora un plazo de 30 días para revisar la letra pequeña y, muy especialmente, el reparto del dinero.

Las distribuidoras aportan 21.000 millones y J&J, 5.000 millones. Siguen pendientes otros litigios entre Estados y compañías como Teva o Allegran y cadenas de distribución como CVS o Walgreens, también demandadas, negocian también acuerdos para evitar los juicios. Purdue Pharma, una de las empresas más señaladas de esta crisis por fabricar el analgésico, el OxyContin (nombre comercial en Estados Unidos, Oxycodone en España) se declaró en octubre de 2020 culpable de engaño y llegó a un acuerdo civil para pagar US$8.300 millones, pero como se encuentra en bancarrota el pago de indemnizaciones resulta improbable.

En el año 2020, en plena pandemia, murieron en Estados Unidos más de 93.000 personas por sobredosis de medicamentos, lo que supuso un aumento del 29% respecto a la cifra 2019, que ya había batido un récord, según los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EE UU hechos públicos esta misma semana. De los 93.000 fallecidos, cerca de 70.000 fueron debido a sobredosis de opioides.

Nota de Salud y Fármacos. Ed Silverman [1] añadió que los pagos de las distribuidoras se harán durante los próximos 18 años, mientas que los de J & J se concretarán en 9 años. J & J tendrá que salirse del negocio de los opioides, pero la empresa insiste en que el acuerdo no es una admisión de responsabilidad o irregularidad, y que continuará defendiéndose contra cualquier litigio que el acuerdo final no resuelva. Se espera que más de 40 estados se sumen al acuerdo, según el fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein.

En las aproximadamente 3.000 demandas presentadas, los estados, condados, ciudades y tribus afirmaron que los mayoristas no monitorearon los envíos sospechosos (en 2012 se enviaron suficientes opioides de venta con receta para que cada residente en EE UU tuviera un suministro de 20 días). J & J fue acusado de minimizar el riesgo de adicción a los analgésicos opioides y al mismo tiempo alentar a los médicos a recetarlos en exceso.

“Esta epidemia fue creada por un ejército de ejecutivos farmacéuticos, que decidieron que querían poner sus ganancias por encima de la salud y el bienestar del público”, dijo el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, durante una conferencia de prensa en la que anunció el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo no menciona cargos criminales.

Los gobiernos estatales tienen 30 días para firmar el acuerdo y si un número suficiente de ellos deciden aceptarlo, si se alcanza lo que los abogados de los demandantes tildan de “masa crítica”, el siguiente paso requiere que suficientes gobiernos locales también lo acepten. Los gobiernos locales tendrán otros 120 días para hacerlo. Si el acuerdo propuesto supera esos obstáculos, puede continuar. Sin embargo, las tribus nativas americanas no forman parte del acuerdo.

En total, los estados estiman que alcanzarán aproximadamente US$32.700 millones en acuerdos con fabricantes de opioides, mayoristas y farmacias, según Stein. Los mayoristas llegaron previamente a un acuerdo de US$215 millones con dos condados de Ohio, por ejemplo. Y el litigio continúa en varios tribunales de todo el país, incluso en West Virginia, Nueva York y California, donde los gobiernos locales presentaron demandas.

El acuerdo también exige la creación de una cámara de compensación centralizada e independiente para proporcionar a los mayoristas y reguladores estatales datos agregados sobre dónde y con qué frecuencia se envían los medicamentos. El objetivo es eliminar los “puntos ciegos” en los sistemas de distribución. También se espera que las empresas tomen medidas enérgicas contra los pedidos de farmacia sospechosos y aumenten la supervisión de los programas contra el desvío.

Más tarde, el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, rechazó el acuerdo, calificándolo de “deficiente” e indicó que se procederá con el juicio programado para el 7 de septiembre. Al explicar su decisión, Ferguson sostuvo que “el valor real es sustancialmente menor” a los US$517,5 millones estimados que su estado, así como para los condados y las ciudades, porque se recibirían durante 18 años y se verán impactados por la inflación.

Según Associated Press [2], desde el 2007, se ha llegado o propuesto acuerdos por al menos US$40.000 millones, incluyendo las multas, pero sin incluir el acuerdo entre el gobierno federal y Purdue Pharma. Si bien el número de empresas de la industria que han llegado a acuerdos ha ido aumentando, algunos fabricantes no lo han hecho, y ninguna empresa farmacéutica ha llegado a acuerdos a nivel nacional. De todas formas, la cantidad total acordada está muy por debajo de las estimaciones de los costos financieros de la epidemia. La Society of Actuaries descubrió que el costo de la crisis en EE UU, entre 2015 y 2018, ha sido US$630.000 millones, y la mayoría de los costos corrieron a cargo del sector privado. Y el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, al considerar el impacto económico de las personas que sufrieron una sobredosis fatal, calculó el costo anual en alrededor de US$500.000 millones a nivel nacional.

Desde el 2020, los opioides, incluyendo los medicamentos de venta con receta y los ilegales como la heroína y el fentanilo producido ilícitamente, se han relacionado con más de 500.000 muertes. El número de casos alcanzó un récord en 2020.