Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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El costo exorbitante de medicamentos nuevos supone un peso enorme para los gastos en salud de todos los países, incluso de aquellos más ricos. Las compañías farmacéuticas suelen aludir a las considerables sumas que destinan a laI+D de medicamentos nuevos para justificar los desmesurados precios que cobran. No obstante, ¿se justifican estos precioscuando la investigación es parcialmente financiada por el erario y cuando las compañías farmacéuticas reciben ayuda estatal de distintas formas? Diversos estudios e informes proporcionan información acerca del respaldo económico directo e indirecto que reciben estas compañías del erario (a) [1-3].
Investigación y desarrollo de nuevos medicamentos financiada por el Estado
En 2016, las 20 compañías farmacéuticas más importantes generaron alrededor de US$500.000 millones por las ventas de sus medicamentos a nivel global. Sus gastos en I+D alcanzaron, según lo informado, US$100.000 millones, menos que sus ganancias de US$120.000 millones[4]. Sin embargo, estas compañías no son las únicas que financian dicha investigación.
El papel crucial de los fondos públicos en la investigación básica en EE UU. Numerosos estudios han cuantificado la contribución del sector público a la I+D de los medicamentos nuevos. Según un estudio de 2018, los 210 medicamentos aprobados por la FDA entre 2010 y 2016 recibieron financiamiento público, del cual un 90 % se proporcionó en la etapa de investigación básica [5, 6].
Otro estudió analizó las aprobaciones de medicamentos de la FDA entre 1998 y 2007 [2, 7]. Entre los 252 productos aprobados que contenían un principio activo nuevo, el 24% habían sido descubiertos porcientíficos de una universidad, o por un centro de investigación financiado por una organización sin fines de lucro [2, 7]. En dos tercios de los casos, la licencia se transfirió primero a una compañía de biotecnología y, el otro tercio a una empresa farmacéutica [2, 7]. La FDA otorgó el estatus de revisión prioritaria al 60% de los medicamentos que se originaron en un centro público de investigación. Según los autores, esto evidencia que era más probable que el sector público descubriera medicamentos que ofrecieran beneficios clínicos y terapéuticos sustanciales, en comparación con los productos existentes [2, 7]
Otro estudio siguió esta línea de trabajo y analizó los medicamentos aprobados por la FDA entre 2008 y 2017 que contenían uno o más principios activos nuevos [8]. Una cuarta parte de los 248 medicamentos aprobados habían recibido el respaldo económico del sector público; el 19% se originó en investigaciones del sector público y el 6 % en compañías creadas a partir deun programa de investigación financiado por el Estado. Entre estos medicamentos, el 68 % recibió una aprobación acelerada, comparado con 47 % de los que no habían recibido esta ayuda, y el 45 % de los que recibieron financiamiento público fueron los primeros de su clase farmacoterapéutica en contraste con el 26 % de los otros, ambos son indicadores de su mayor potencial terapéutico [8].
En Europa también. En un estudio de los 94 productos farmacéuticos que contenían un nuevo principio activo y que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó entre 2010 y 2012, el 17 % se había originado en investigaciones del sector público o una asociación público-privada [2].
Otro estudio demostró que, en el Reino Unido, entre 2000 y 2012, el gobierno y las organizaciones benéficas británicas financiaron alrededor del 40% de todos los gastos de I+D [3]. Además, en el campo de la investigación oncológica, su contribución excedió a la del sector privado en 22 de los 30 años transcurridos entre 1982 y 2012 [3].
Según este estudio, los centros públicos de investigación del Reino Unido cumplieron una función decisiva en el descubrimiento de medicamentos como abiraterona, alemtuzumab, adalimumab e infliximab [3].
Seis de los diez medicamentos de mayores ventas a nivel internacional son anticuerpos monoclonales. El método para generarlos se desarrolló en el Consejo de Investigación Médica del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge (Reino Unido), financiado por el Estado. Su inventor, quien recibió el premio Nobel de medicina en 1984, no patentó la técnica ya que no estaba de acuerdo con ese principio [3].
Financiamiento público también para el desarrollo de medicamentos nuevos. Un estudio estadounidense analizó los 1.541 medicamentos aprobados por la FDA entre 1990 y 2007 y concluyó que, en alrededor del 10% de los casos, el sector público también había contribuido en la fase de desarrollo (y, por lo tanto, no solo en la investigación básica). A pesar de ello, toda la propiedad intelectual generada durante esta fase se había transferido a compañías farmacéuticas [2]
La contribución del sector público al desarrollo de medicamentos también se evidencia en la creciente proporción de medicamentos “biológicos” que desarrollan las compañías de biotecnología que se asocian con las universidades. Las grandes compañías farmacéuticas compensan su escasa I+D intentando comprar pequeñas o medianas compañías biotecnológicas que están desarrollando medicamentos prometedores, o buscando una asociación más sólida con centros académicos de investigación. GSK, por ejemplo, invirtió la mitad de su presupuesto de I+D en un programa para establecer acuerdos con centros académicos y compañías de biotecnología. Otras compañías farmacéuticas se han establecido cerca de centros académicos para formar asociaciones y externalizar ciertas tareas, como la investigación de moléculas con potencial terapéutico [2].
Miles de millones en subvenciones, escasa transparencia
Es difícil determinar cuánto dinero invierten los gobiernos en la I+D farmacéutica, debido a que la información disponible no se ha recopilado de forma muy sistemática.
Miles de millones otorgados a la industria para I+D. En EE UU, se considera que cada año se invierten alrededor de US$37.000 millones (€32.000 millones) de fondos públicos en I+D biomédica. En 2015, el gobierno del Reino Unido gastó £2.300 millones (€2.600millones) en I+D para la salud [2, 3].
Un informe publicado en 2019 analizó el financiamiento del sector público a la investigación biomédica en los Países Bajos [2]. Según la información provista por las autoridades holandesas, en 2017, alrededor de €837 millones de fondos públicos se destinaron directamente a la I+D biomédica [2].
La revista belga independiente Test Santé estimó que, en 2015, Bélgica gastó €575 millones en investigación biomédica, a través de varios fondos provenientes de organizaciones públicas y de la Comisión Europea, y €59 millones adicionales en subvenciones que se otorgaron directamente a las compañías para la I+D [1]. Estas cifras corresponden solo a gastos y apoyos directos.
Miles de millones en ventajas fiscales. En los Países Bajos, la industria farmacéutica ha recibido una cantidad considerable en forma de créditos fiscales que permiten que las compañías reduzcan los costos salariales de los empleados que trabajan en el área de I+D, se les ha reducido la tasa impositiva sobre las ganancias generadas a través de actividades innovadoras, se les ha entregado capital para respaldar la creación de compañías de biotecnología, y se les ha dado apoyo para financiar los ensayos clínicos [2]. Por ejemplo, a las compañías farmacéuticas, en 2017, se les redujeron los impuestos sobre los ingresos originados por las patentes en €1.700millones [9].
Cuando se agrega este respaldo indirecto a los montos directos y a las sumas que se pagan para reembolsar los medicamentos, está claro que los contribuyentes holandeses pagan, en última instancia, dos o tres veces por sus medicamentos [2].
Cuando las compañías farmacéuticas de Bélgica invierten en investigación, también reciben apoyo indirecto en forma de distintas ventajas fiscales que, según Test Santé, sumaron €872 millones en 2016 [1].
Numerosas ventajas fiscales en Francia. En Francia, entre 2015 y 2018, el esquema de créditos fiscales para la investigación representó alrededor de €6.000 millones anuales en ventajas fiscales para las compañías de todos los sectores [10]. En 2015, entre las compañías manufactureras, el sector farmacéutico, de perfumería y de cuidado personal fue el segundo que más se benefició (11,2%), justo detrás del sector eléctrico y de electrónica (14,5%) [10]. Este crédito fiscal cubre el 30 % del gasto en investigación, hasta alcanzar los €100 millones, y un 5% por encima de esteumbral. También cubre el 60 % del costo que implica para las compañías externalizar su I+D a centros académicos de investigación [10].
Los ingresos por la venta o las licencias de derechos de patentes están sujetos a una menor tasa impositiva: era de un 15% hasta 2018, y se redujo incluso más en 2019, hasta el 10% [11,12]. Según el Comité de Finanzas del Senado de Francia, en 2012, la tasa reducida del 15% (traducción propia): “cuesta más de €800 millones por año, genera diversas prácticas de optimización fiscal y, esencialmente, beneficia a grandes grupos farmacéuticos” [11].
Precios exorbitantes de los medicamentos que se originan en investigaciones del sector público
¿Los medicamentos financiados por el Estado se ofrecen a precios razonables? Parecería que no, como ilustran los siguientes ejemplos.
Los Países Bajos y el pembrolizumab. En 2015, las autoridades holandesas se percataron de que el pembrolizumab (Keytruda°), un medicamento para tratar el cáncer pulmonar iba a costar €200 millones por año, y que el 11% del presupuesto de €1.850 millones destinado a los medicamentos administrados en hospitales se gastaría únicamente en este medicamento. Este hecho supuso una llamada de atención en los Países Bajos con respecto al exorbitante costo de nuevos medicamentos [2].
Keytruda° generó ventas internacionales de US$7.200 millones en 2018, un 88% más que en 2017 [2]. Tras analizar su valor terapéutico, el gobierno holandés lo añadió a la lista de medicamentos reembolsables en julio de 2017. El costo anual del tratamiento por paciente en los Países Bajos varía entre €40.000 y €60.000. Sin embargo, científicos investigadores de universidades e instituciones públicas de este país participaron activamente en todas las etapas de descubrimiento, desarrollo y ensayos clínicos [2].
Bélgica y el tenofivir. La encuesta de presupuestos familiares de Bélgica de 2018 reveló que cada persona gasta un promedio de €150 al año en medicamentos (después de recibir los reembolsos). Asimismo, en 2017, los sistemas nacionales de seguro médico gastaron €4.300 millones para pagar los reembolsos de medicamentos, un promedio de €400 por persona. El costo de los medicamentos oncológicos llamados innovadores, era de alrededor de €600 millones, cuatro veces más que en 2007 [1].
Científicos de la Universidad de Lovaina, junto con un centro de investigación checo, descubrieron tres productos distintos, incluyendo el tenofivir. A cambio de las regalíasy una licencia exclusiva, la compañía farmacéutica Gilead tomó las riendas del desarrollo y comercialización de estos medicamentos. Con el uso de información disponible al público, Test Santé estimó que Gilead generó €72.000 millones por las ventas internacionales de estos tres productos. Mientras tanto, la Universidad de Lovaina ganó €559 millones, menos de un 1 %, de los ingresos generados a través de esas ventas, y el sistema nacional belga de seguro médico gastó €486 millones en reembolsos por estos mismos medicamentos [1].
El Reino Unido y el adalimumab. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) aumentó su gasto en medicamentos en un 29 % en cinco años; de £13.000 millones en 2010-2011 hasta casi £17.000 millones en 2015-2016 [3,13]. En 2015-2016, el NHS pagó alrededor de £1.000 millones por los cinco medicamentos más costosos (entre los que hay cuatro anticuerpos monoclonales), incluyendo más de £416 millones solo para el adalimumab, pese a que se originó en el sector público británico [3]. En 2018, el adalimumab le costó al NHS casi £500 millones [13]. El gasto en medicamentos para uso en hospitales aumentó casi en un 11% entre 2017 y 2018, y alcanzó £9.200 millones, representando la mitad de los gastos del NHS [13].
Onasemnogene abeparvovec-xioi, en 2020 era el medicamento más costoso del mundo, y su descubrimiento se debió a la investigación y generosidad francesas. En mayo de 2019, la FDA aprobó el producto de terapia genética onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma) para el tratamiento de niños de menos de dos años con el tipo más grave de atrofia muscular espinal [14]. Este producto se benefició de las investigaciones realizadas por sector público en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), Généthon, un laboratorio de investigación financiado por el Téléthon francés (un evento filantrópico anual que recauda fondos para la investigación de trastornos genéticos, especialmente enfermedades neuromusculares) y subvenciones estatales. El producto fue posteriormente desarrollado por la compañía de biotecnología estadounidense AveXis [14]. En mayo de 2018, Novartis compró AveXis por US$8.700 millones (€7.400 millones) y fijó el precio de Zolgensma en alrededor de US$2,1 millones por niño (€1,9 millones), un arduo obstáculo para las familias estadounidenses [b] [14,15].
Las compañías farmacéuticas buscan el mayor precio posible: una estrategia que vale la pena analizar y controlar
En Francia, un informe del Tribunal de Cuentas (Cour des Comptes) advirtió un cambio en la estrategia de las compañías farmacéuticas en los años 2000, cuando habían caducado las patentes de muchos medicamentos de origen químico para el tratamiento de enfermedades corrientes, y se habían introducido controles más rigurosos en el gasto en salud en los países económicamente más desarrollados. Las compañías desplazaron su foco haciaproductos biológicos y enfermedades inusuales con “un mayor potencial económico”, en particular, comprando compañías de biotecnología en vez de invertir en sus propias actividades de I+D [15].
En general, el derecho a usar los descubrimientos originados gracias a las investigaciones financiadas por el Estado se transfiere a compañías privadas mediante una licencia exclusiva que otorga regalías modestasal centro público que hizo el descubrimiento y considerables ganancias a la compañía [3].
Como se manifestó en el informe del Tribunal de Cuentas francés, las compañías farmacéuticas también modificaron su estrategia de fijar los precios, basándose en la capacidad de pago de los compradores del sector público y de las aseguradoras, en lugar de en la suma invertida en I+D. El objetivo es obtener un retorno a su “inversión” tan rápidamente como sea posible [15]. El Tribunal de Cuentas hizo referencia al sofosbuvir como ejemplo, con un precio que, sin dudas, no guarda relación con su costo de I+D [15,16]. No obstante, la industria farmacéutica continúa haciendo énfasis en el excesivo costo de la I+D, como se puede observar, por ejemplo, en la página web de la Asociación de Compañías Farmacéuticas de Francia [17].
Asegurar que el público deje de pagar dos veces por los medicamentos
Sin tener en cuenta el país de origen, todos los informes y estudios mencionados anteriormente denuncian: la falta de transparencia y el carácter poco sistemático de la información sobre el financiamiento público de las actividades de I+D biomédicas; el hecho de que se otorgue financiamiento público sin exigir medicamentos asequibles a cambio; lo absurdo de proveer respaldo económico para desarrollar medicamentos útiles para las compañías farmacéuticas pero que no necesariamente satisfacen las necesidades más urgentes del público en materia de salud, entre otros. Los autores de estos informes y estudios han presentado numerosas propuestas para asegurar que el público deje de pagar dos veces por los medicamentos, una por su I+D, y, tras ello, otra al comprarlos ellos mismos o las aseguradoras [2,3,18].
En mayo de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó una resolución que exigía mayor transparencia en la fijación de los precios de los medicamentos [19,20]. A pesar de ello, los estados miembros de la OMS no votaron por la transparencia en el costo de la I+D farmacéutica, una resolución que apoyan varias organizaciones, incluyendo Prescrire [21].
En Francia, en noviembre de 2019, conforme a la recomendación de la OMS y bajo presión de las organizaciones sin fines de lucro, el gobierno propuso una nueva exigencia para las compañías farmacéuticas: informar al Comité Económico de Productos para la Salud (CEPS) el monto total de las inversiones públicas que recibieron para la I+D de los medicamentos que probablemente sean reembolsables o se aprobarán para su uso en hospitales [22]. Pero, desafortunadamente, el Consejo Constitucional rechazó esta medida por razones de procedimiento, sin considerar sus méritos [23,24]. Un año más tarde, en octubre de 2020, la misma medida estuvo a punto de añadirse a la ley, con detalles prácticos aún por resolver [26].
Notas
Referencias