Reuters ha informado que AbbVie ha llegado a un acuerdo por el que pagará hasta US$2.370 millones para resolver miles de demandas contra su unidad Allergan por la comercialización de analgésicos opiáceos en EE UU [1].

Si se cierra, el acuerdo podría poner fin a más de 3.000 demandas de gobiernos estatales y locales de todo el país. Incluye los acuerdos que el fabricante de medicamentos ya ha alcanzado con los estados, incluyendo los US$200 millones con el estado de Nueva York.

Este acuerdo despeja el camino para que Teva Pharmaceuticals finalice el acuerdo alcanzado de US$4.350 millones que anunció la última semana de julio para saldar las demandas por opioides. Teva compró la unidad de medicamentos genéricos de Allergan en 2016, y su acuerdo estaba supeditado a que Allergan alcanzara un acuerdo a nivel nacional.

Una nota publicada en Bloomberg [2] añade que, en 2016, Teva pagó unos US$40.000 millones por la unidad de genéricos de Allergan, que incluía sus opioides genéricos. Por ello, Allergan ha alegado que ese acuerdo trasladó la responsabilidad por los opioides a Teva. Este acuerdo es parte de un litigio consolidado ante un juez federal de Cleveland. El juez de Cleveland ha llegado a otros acuerdos sobre opioides, incluyendo un acuerdo de US$26.000 millones de dólares con Johnson & Johnson y los tres distribuidores de medicamentos más importantes del país.

Allergan, en diciembre 2021, se comprometió a pagar US$200 millones para resolver un caso en Nueva York, y el juez aún no ha decidido cuánto deberá pagar Teva. Y en mayo, Allergan y Teva, acordaron pagar US$161 millones para resolver un litigio sobre opioides en Virginia Occidental. Teva pagó 83 millones y donará en pastillas de Narcan lo equivalente US$27 millones (a precios de venta al por mayor), y Allergan se hizo cargo de los 51 millones restantes.

A principios de este mes, Allergan pagó 13 millones de dólares para resolver las demandas por opioides en San Francisco, mientras que Teva pagará US$24,8 millones y partillas de Narcan por un valor de US$20 millones (según su precio al por mayor). Las empresas intentaron retrasar esos procedimientos, pero un juez federal rechazó la oferta en febrero.