Los legisladores están presionando al máximo responsable jurídico de la nación para que nos actualice sobre la investigación de 2019 relacionada con las ventas de polvos de talco de Johnson & Johnson, según informa Fierce Pharma [1].

El miércoles, los congresistas Steve Cohen, del distrito 9 de Tennessee, y Rosa DeLauro, del distrito 3 de Connecticut, escribieron cartas separadas al fiscal general Merrick Garland exigiendo una actualización de la investigación. Cuando surgió la controversia, en 2019, se creía que los investigadores federales estaban investigando si J&J engañó al público con declaraciones de que su talco siempre había estado libre de amianto. Habían aparecido documentos de los años sesenta y setenta que demostraban que los empleados de J&J habían detectado el ahora conocido carcinógeno en el producto y debatían internamente sobre cómo responder.

J&J ha defendido durante años sus emblemáticos productos a base de talco, afirmando en repetidas ocasiones que su producto no contiene amianto y no provoca cáncer. Aun así, J&J dijo en julio que retiraría sus polvos de talco del mercado mundial en 2023, diciendo que se trataba de una “decisión comercial”. La medida se produce unos dos años después de que J&J tomara una medida similar en EE UU y Canadá.

Incluso tras la decisión de J&J de interrumpir las ventas del producto, la empresa sigue enfrentándose a decenas de miles de demandas por lesiones en EE.UU. En un intento por tratar de zanjar el asunto, J&J está empleando una maniobra legal denominada “Texas Two Step”, en virtud de la cual ha creado una filial para albergar las demandas legales. Esa filial se ha declarado en quiebra y J&J ha ofrecido un acuerdo por US$2.000 millones, que los demandantes consideran irrazonablemente bajo.

Un tribunal está revisando la estrategia.