Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Un artículo publicado en Intercept [1] llama la atención sobre las contradicciones en el comportamiento de la industria farmacéutica estadounidense y del propio gobierno cuando ejercen presión sobre la política farmacéutica en el ámbito internacional versus cuando toman decisiones para el mercado doméstico.
En el ámbito internacional, tanto el gobierno como las empresas farmacéuticas se manifestaron en contra la propuesta de India y Sudáfrica sobre la exención de patentes para los productos covid a nivel de la OMC (aunque al final la administración Biden apoyó su exención solo para las vacunas), mientras que a nivel doméstico el gobierno estadounidense permitió que las empresas interesadas en desarrollar productos covid expropiaran la propiedad intelectual de otras empresas y asumió las consecuencias legales que eso pudiera conllevar. La industria incluso dijo que había que sancionar a cualquier país que violara las patentes sobre estos productos, porque eso socavaría su capacidad de respuesta de esas empresas al covid y a futuras pandemias.
El análisis que ha hecho Knowledge Ecology International (KEI) de 62 contratos entre el gobierno federal y algunas empresas [2] revela que la administración Trump invocó una ley que data de la Primera Guerra Mundial (1910) y autorizó a las empresas que competían para producir insumos para prevenir o tratar la covid a expropiar las patentes que desearan. Estos contratos incluyen cláusulas que hacen referencia a las regulaciones asociadas a la Section 1498, un estatuto que concede licencias obligatorias para que las empresas puedan cumplir los compromisos adquiridos con el gobierno. Estas medidas se establecieron para resolver amenazas a la seguridad o emergencias nacionales.
Según dice Intercept [1], cuando se promulgó la Sección1498, los legisladores querían que el gobierno pudiera utilizar las patentes útiles para defender la seguridad nacional. Cuando se empezó a desarrollar la industria aeronáutica, las patentes impidieron la competencia. Justo antes de la guerra, Francia tenía 266 clases de aviones militares y el ejército estadounidense tenía únicamente seis. Para reducir esa brecha, algunos militares pidieron al Congreso que ampliase la ley de 1910 para que ejército pudiera expropiar patentes de aviones mediante la utilización del “domino eminente”.
Posteriormente, durante la segunda guerra mundial se volvió a ampliar la ley para: (1) cubrir a los subcontratistas del gobierno y evitar que tuvieran que pagar regalías excesivas, y (2) permitir que los dueños de las patentes solicitaran compensación en los tribunales federales [1]. Más recientemente, en 2002, la administración de George W Bush amenazó con invocar la Sección 1498 para producir ciprofloxacina genérica para responder a un posible ataque bioterrorista con ántrax, pero eso fue suficiente para que Bayer redujera el precio del antibiótico.
El contrato por US$2.480 millones que firmó el gobierno con Moderna para la producción de vacunas de ARNm el en 2020 incluye una cláusula de licencia obligatoria. Sin embargo, a principios de 2022, Arbutus Biopharma Corp. y Alnylam Pharmaceuticals Inc. llevaron a juicio Moderna por el uso no autorizado de la tecnología de nanopartículas lipídicas, que son esenciales para proteger la integridad de las vacunas de ARNm, que tienden a degradarse rápidamente una vez que entran en el cuerpo. Los abogados de Moderna dicen que la empresa está protegida por las cláusulas del contrato, y que los demandantes sólo pueden pedir indemnización al gobierno federal. Esto significa que los contribuyentes acabarían pagando la indemnización, mientras se protegerían los beneficios de Moderna [1].
Sin perjuicio de las decisiones judiciales, la hipocresía de las compañías farmacéuticas es clara e indiscutible.
BIO, un grupo de presión que representa a Moderna y a otras empresas farmacéuticas se opuso a que el gobierno estadounidense apoyara la emisión de licencias obligatorias en otros países o a nivel de la OMC para que otros pudieran abastecer a los países con los insumos necesarios para luchar contra la covid, incluyendo a los países de bajos ingresos; y a la vez parece desconocer como las licencias obligatorias han beneficiado a sus propios miembros, dice Intercept [1]. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), otro grupo comercial de la industria farmacéutica también movilizó a los grupos de presión e instó a la administración Biden a oponerse a la solicitud de exención de patentes [1].
La posición de Moderna ha sido ambigua. En 2020 se comprometió a no hacer valer las patentes de su vacuna durante la pandemia, sin embargo, la empresa no apoyó explícitamente la solicitud de exención de patentes para productos covid en la OMC que lideraron Sudáfrica e India, y los grupos de presión que la representan, incluyendo BIO se opusieron agresivamente a dicha campaña. Además, a pesar de sus enormes ganancias, se ha reservado el derecho a hacer valer las patentes cuando la pandemia sea endémica; y solicitó patentes amplias de ARNm en Sudáfrica, que según los críticos podrían socavar el desarrollo de futuras vacunas [1].
El gobierno de EE UU acabó apoyando la exención de patentes para las vacunas covid a nivel de la OMC, pero lo hizo demasiado tarde, cuando ya había muchas vacunas covid en el mercado. Lo que ahora se necesita es acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos covid [1].
Referencias