Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Expertos en derecho luchan por acceder al contenido del acuerdo establecido entre los gobiernos y los fabricantes de vacunas.
Los gobiernos internacionales más importantes han firmado [1] contratos legales multimillonarios con empresas farmacéuticas para asegurarse el acceso a las vacunas contra el covid-19. Pero las farmacéuticas y los gobiernos se han negado a divulgar los detalles, alegando que la información es “confidencial”.
En 2021, echamos un primer vistazo a los contratos entre Pfizer y varios países, después de que se filtraran a The Bureau of Investigative Journalism (Agencia de Periodismo de Investigación) y al grupo de defensa de los consumidores estadounidense Public Citizen.
“Los contratos ofrecen una visión inusual del poder que ha adquirido una empresa farmacéutica para silenciar a los gobiernos, limitar el suministro, desviar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública del siglo”, afirmó Zain Rizvi, autor del informe [2] de Public Citizen.
Se acusó a Pfizer [3] de “intimidar” a los gobiernos durante las negociaciones de los contratos, pidiendo a algunos países latinoamericanos que contribuyeran con bienes soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra el coste de cualquier caso legal en el futuro.
Nikolic ha pasado los dos últimos años intentando acceder a los contratos de compra que firmó el gobierno australiano.
“Los australianos siguen sin saber qué contienen estos contratos. Sabemos que, como en otros países, ofrecían protección frente a la responsabilidad por daños a los fabricantes de las vacunas, pero eso es todo”, afirma Nikolic.
“Necesitamos saber qué sabían nuestros políticos al momento de firmar el acuerdo. Y necesitamos saber cuánto dinero gastamos nosotros, como contribuyentes, en una vacuna que resultó ser mucho menos segura o eficaz que lo prometido”, añade.
En una reciente audiencia del Comité del Senado australiano, el senador de Queensland, Malcolm Roberts, interrogó bajo juramento [4] a los ejecutivos de Pfizer sobre las cláusulas de indemnización de su contrato con el gobierno de Australia, pero Pfizer se negó a dar detalles.
“El contenido del contrato de Pfizer con el gobierno de Australia sigue siendo confidencial”, dijo el director médico de Pfizer Australia, Krishan Thiru.
En 2021, Nikolic presentó ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur un recurso judicial contra los mandatos relacionados con la vacuna contra el covid-19, en el que intentó citar el contrato de Pfizer, pero su petición fue rechazada.
Sin dejarse intimidar, Nikolic presentó una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Salud de Australia.
Sin embargo, la solicitud de acceso a la información fue denegada porque los contratos “contenían información de carácter confidencial”, como “secretos comerciales e información de valor comercial”. El Ministerio declaró:
“Los documentos contienen información comercial relativa a la adquisición de vacunas para Australia. Los documentos contienen información específicamente relevante para los acuerdos comerciales únicos entre el departamento y terceros, incluyendo precios indicativos, condiciones de pago, indemnización laboral, medidas de financiación en curso, detalles de fabricación y medidas de producción”.
Nikolic afirma: “Es poco ético, potencialmente ilegal e inmoral que argumenten que el derecho a preservar la confidencialidad comercial está por encima del derecho a la seguridad pública: simplemente no tiene sentido”.
Y añade: “Es desconcertante ver cómo los gobiernos simplemente cedieron y firmaron acuerdos con empresas como Pfizer, que tienen un largo historial de incumplimiento de la Ley de Reclamaciones Falsas que ha dado lugar a responsabilidades penales y civiles de miles de millones de dólares”.
Referencias