Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Tom Buis, experto en política de medicamentos de la ONG Wemos, y Wilbert Bannenberg, presidente de la Pharmaceutical Accountability Foundation, ambas ubicadas en los Países Bajos, publicaron un artículo en Político [1] animando a los gobiernos a evitar los precios exorbitantes de los medicamentos.
A principios de 2023, la Pharmaceutical Accountability Foundation interpuso un juicio contra AbbVie por haber obtenido beneficios excesivos con las ventas de Humira, poniendo a prueba el sistema de salud holandés. Entre 2004 y 2018, el sistema público de los Países Bajos gastó €2.300 millones en este medicamento. Según el artículo, Abbie recaudó €1.200 millones por encima de lo que invirtió en I+D más un beneficio razonable de 25%. A nivel global, AbbVie ha facturado US$208.000 millones, lo que se traduce en un exceso de beneficios de US$110.000 millones.
No hay nada malo en obtener beneficios, pero no se puede hacer a expensas de los derechos humanos. Las empresas farmacéuticas deben respetar los derechos humanos, y los gobiernos deben vigilarlas y tomar medidas para evitar que los violen. Sin embargo, el equilibrio de poder entre los gobiernos y las empresas farmacéuticas ha sido desigual durante mucho tiempo.
Los autores del articulo afirman que las empresas farmacéuticas no explican como establecen los precios de los medicamentos, y los gobiernos se sienten presionados para ponerlos a disposición de los ciudadanos, a menudo aceptando pagar precios exageradamente altos.
En 2019, los 194 miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron, por unanimidad, una resolución, comprometiéndose a mejorar la transparencia en los precios de los medicamentos y en el proceso para determinar estos precios. Sin embargo, los gobiernos han adoptado una actitud pasiva y no han hecho mucho por contrarrestar el poder de la industria farmacéutica. No se han hecho avances sustanciales para mejorar la transparencia en los precios de los medicamentos. Las discusiones sobre el Acuerdo para responder a pandemias ofrecen una oportunidad [1].
Los gobiernos podrían incluir en este acuerdo un texto que obligue a las empresas farmacéuticas a ser transparentes en cuanto a los costes y precios netos de los medicamentos. Además, podrían acordar imponer condiciones a la financiación pública de la I+D de productos farmacéuticos, lo que podría servir de trampolín para la aplicación de políticas similares fuera de las pandemias [1].
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