El artículo empieza con tres afirmaciones altamente cuestionables promocionadas por la propia directora de la OMS: que cada vez más se considera necesario que se organicen consorcios entre el sector público y privado para el desarrollo y funcionamiento de los servicios de salud de los países en vías de desarrollo; que el desarrollo de medicinas huérfanas se haga a través de estos consorcios; y que a través de ellos se garantice el acceso a los medicamentos esenciales y se disminuya la inequidad que producen los fracasos del mercado. Aceptar estos postulados es admitir el fracaso del principio de solidaridad y substituirlo por el de caridad.

Las donaciones que la industria farmacéutica ha hecho en los años pasados se presentan como ejemplo de los principios anteriores. Los ejemplos incluyen la donación de Mectizan de Merck para el control de la oncocercosis, la reducción del precio de Coartem de Norvatis para países africanos, la donación de albendazole de SmithKlineBeecham para la eliminación de la filariasis, y Zithromax de Pfizer para la erradicación del tracoma. En el intento de examinar como estos consorcios entre el sector público y privado funcionan, el autor principal llevó a cabo un estudio cualitativo y minucioso para sus tesis de maestría sobre la génesis, desarrollo y implementación del programa antimalárico en África de la Glaxo-Wellcome.

El programa empezó en noviembre de 1966 con el anuncio de Glaxo-Wellcome de donar un millón de dosis al año de Malarone una combinación fija de 250 mg de atovaquone y 100 de proguanil para el tratamiento del parásito plasmorium falciparum responsable de un millón de muertes al año en África. Malarone se considera como una adición al armamentario contra la malaria resistente a otros medicamentos como la cloroquina, y la combinación de sulfadoxine y pirimetamina. El régimen de tratamiento con Malarone es complicado y se recomienda solo como de segunda y tercera linea en áreas endémicas y cuando se puede asegurar el cumplimiento completo del tratamiento para evitar el desarrollo prematuro de resistencias.

Glaxo-Wellcome sugirió Kenia como el lugar para llevar a cabo varios estudios pilotos pequeños cuya experiencia ayudaría a extender el programa a otros países. Para la implementación del programa se subscribió un convenio con la Task Force for Child Survival and Development (TF) del Centro Carter (expresidente de EE.UU.) de Atlanta. Los autores describen todos los errores del TF, por ejemplo la organización de reuniones, de comités de expertos, sin ninguna representación de África, del gobierno de Kenia, del ministerio de salud de ese país y de responsables de la futura implementación del programa, o grupos de expertos ubicados en ese continente. Para empezar los mariólogos que reunió la TF aconsejaron que los estudios pilotos no se llevaran a cabo en Kenia sino en Tailandia, pero cuando la TF se acercó al gobierno de Tailandia, este rechazó la oferta y se siguió con el plan inicial.

Se tardó un año en establecer las oficinas del programa en Kenia. Se escogieron cinco áreas para empezar el trabajo en enero de 1998 pero al final se quedaron en dos cuando se empezaron a percibir las dificultades en la implementación. En esta fecha el gobierno de Kenia no había todavía aprobado Malarone, y por tanto su uso era ilegal y contravenía las normas de la OMS sobre donación de medicamentos. Malarone quedó registrada en julio.

Un artículo publicado en 1997 había ya advertido sobre los problemas que podrían surgir en la implemantación y sugería la investigación operativa para saber el role de Malarone tenía en la lucha contra la malaria y que se establecieran normas antes de empezar a ejecutar el programa. Fue en 1998 cuando empezaron a enfrentarse algunos grupos tales como la Oficina Regional de África de la OMS que pensaba que los expertos nativos tenían más experiencia que los extranjeros reunidos por la TF. Hasta junio no se consiguió una reunión entre grupos con representación africana y la TF. El Programa Nacional de Control de Malaria de Kenia exigió que el programa no se implementara hasta que él lo revisara y lo aprobara. La TF también accedió a que la Oficina Regional de la OMS revisara y aprobara el programa. Estos trámites retrasaron su inicio hasta abril de 1999, es decir, casi dos años y medio después de su anuncio.

Entre abril de 1999 y julio de 2000 solamente se administraron 189 tratamientos. Los autores no saben exactamente las causas que explica el pequeño número de tratamientos, pero señalan que para octubre de 1999, Glaxo-Wellcome había indicado que tenía muchas presiones de los médicos privados para que vendiera Malarone a través del sector privado y el comité de expertos de la TF aprobó su venta con la condición que Glaxo-Wellcome no la promoviera. No queda claro en el texto, auque parece que los autores lo sugieren, que muchas de las dosis del programa acabaron en el sector privado, es decir, que la corrupción fue una de las causas de los pocos tratamientos, ya que Malarone al ser registrada en el país y venderse adquirió un valor comercial alto.

En las conclusiones los autores sugieren que todavía no se han establecido normas claras de cómo deben funcionar los programas conjuntos del sector privado y público. Afirman que los programas de donación de medicamentos pueden interferir con los programas nacionales de medicamentos y que las normas publicadas por la OMS sobre donación de medicamentos son insuficientes. En definitiva, se recomienda que antes de iniciar un programa de donación de medicamentos se aseguren los donantes de la existencia de una infraestructura capaz de implementarlo y de que controlar la corrupción, de que no tiene un impacto negativo en el programa nacional de medicamentos, y que sea sustentable en el futuro.