Recientemente leíamos en el diario El Tiempo de Bogotá, en su edición del 7 de julio una mala noticia para ese país. El titular es del todo expresivo: “Así se proyecta dividir el Invima”.

En Colombia, desde 1995 funciona el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). A partir de la Ley 100 de 1993, se integró en esta institución toda la actividad de registro y control de los medicamentos y alimentos en Colombia.

Hasta entonces el Ministerio de Salud soportaba esta actividad. Fue un gran paso unificar en el Invima esa actividad reguladora, básica para mantener un mercado coherente de medicamentos. Con el paso de los años, cuando este organismo tenía sentadas las bases de actuación en sus distintos frentes, el gobierno colombiano proyecta ahora su desmantelamiento y distribución de sus actividades en diferentes unidades administrativas. Como la prevista Superintendencia de Protección Social (resultante de la fusión de las Superintendencias de Salud y Subsidio Familiar). Los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad serían responsabilidad de una dependencia del Ministerio de Protección Social.  La Superintendencia de Industria y Comercio sería la que recepcione, y proteja la documentación de las solicitudes de nuevos registros de medicamentos, o incluso de un ente más grande que se llamaría de Protección al Consumidor.

Incluso en la noticia se cita la posibilidad de traspasar a manos de particulares las actividades como la acreditación y la farmacovigilancia. Así, la inspección del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, transporte y dispensación, tanto de las industrias farmacéuticas como de las droguerías y supermercados, pasarán a manos privadas. Incluso la farmacovigilancia, aunque sea solo en el aspecto de control de calidad, es una actividad complementaria de la autorización de la comercialización. Una actividad y ‘responsabilidad’ estatal debe estar bajo la cobertura de una entidad estatal, fuerte y transparente.

Tal como el diario explica, sería volver a la situación de 10 años antes: la expedición de registros sanitarios, es decir, las autorizaciones para fabricar, comercializar, importar y exportar medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros, volvería al Ministerio de Protección Social (resultado de la fusión de las carteras de Salud y de Trabajo). Retroceder en la administración pública no solo es ineficiente, sino que es un derroche de recursos humanos y materiales. Esto debe considerarse como un doble gasto en contextos en los que no abundan los recursos: derrochar lo poco que se dispone es doble pérdida. Los esfuerzos que requiere dar un paso adelante, se desperdician cuando se desanda lo conseguido.

Cuando la tendencia mundial es la de unificar en un único organismo las actividades reguladoras de medicamentos, incluidas el control de calidad y la farmacovigilancia, como sucedió en Brasil desde 2001 con la puesta en marcha de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), el dar estos pasos desestructurales pueden suponer un gran descalabro. Si se piensa en la ‘globalización’ cuando se dan estos pasos solo queda recordar las palabras del maestro Carlos Fuentes de su obra “En esto creo” (2002) cuando define la ‘globalización’:

La globalización en sí no es panacea para la América Latina…. No hay globalidad que valga sin localidad que sirva. En otras palabras: No hay participación global sana que no parta de gobernanza local sana… Estado no grande sino fuerte y regulador”

En el diario se recogen las opiniones de sectores relacionados y, si los comentarios son sinceros, no hay nadie a favor de estas medidas. Ni la patronal de los laboratorios nacionales (Asinfar), ni de las multinacionales (Afidro), ni de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), incluso el Presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, todos coinciden en que lo necesario es ‘fortalecer’ el INVIMA y no desmantelarlo. Siempre son necesarios refuerzos en esta actividad reguladora y de control, en cualquier país, como en Colombia. Solo añadir que en Colombia existen 12.000 medicamentos y otros 50.000 productos fabricados o importados por miles de empresas a las que también vigila el INVIMA en la actualidad. En definitiva, un cambio estructural al que casi todos se oponen.

Personalmente siento pena al identificar una ‘baja’ más entre los colegas que, con su esfuerzo personal, se han ido preparado para estas actividades de farmacovigilancia. Particularmente, después de haber colaborado en el entrenamiento de técnicos de farmacovigilancia, como los del INVIMA, así como de otras instituciones iberoamericanas. Durante los 3 últimos años hemos impartido cursos desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, a través de sus centros de formación en Bolivia, Guatemala y Colombia. Esta última edición de 2002, en Cartagena de Indias, no se nos borrará de la memoria con motivo de esta reciente noticia que nos llega de Colombia.

Valgan estas líneas de lamento para llevar nuestro reconocimiento a los colegas farmacovigilantes de ese lindo país, cuna de nuestro Gabo universal.

(Véase también la noticia “INVIMA sería descuartizado …” en la sección Colombia de Noticia de América Latina en este número de Boletín Fármacos, nota de los editores)