Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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CAFTA Y EL ACCESO A MEDICINAS: ¿PUEDEN LAS NUEVAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DAÑAR EL ACCESO A MEDICINAS A PRECIOS ASEQUIBLES EN AMÉRICA CENTRAL?
María Fabiana Jorge, MFJ International
2.8 millones de personas viven con HIV y 1.4 millones con HIV-AIDS en las Américas. El Caribe es la segunda región del mundo, después de África, más afectada por esta enfermedad. Sólo en Guatemala viven 67.000 personas con VIH-SIDA – de las cuales 4.800 son niños. En Honduras hay al menos 60.000 casos de VIH.
Parecería que los acuerdos comerciales están muy alejados de los temas relacionados con la salud, pero la realidad es que existe una profunda interconexión entre dichos acuerdos y el acceso a medicinas. En 1994, la Ronda Uruguay del GATT incluyó por primera vez un acuerdo sobre propiedad intelectual en una negociación global: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). En el mismo se estableció el estándar internacional de propiedad intelectual que incluye, entro otros muchos elementos, la protección o el monopolio por un período de 20 años. Dado que este fue el primer acuerdo en materia de propiedad intelectual en una ronda de negociación de este tipo, es importante que nos preguntemos si el mismo ha dañado el acceso a medicinas. La respuesta es un sí inequívoco.
Miremos cuál ha sido su impacto en los Estados Unidos. Cuando el Acuerdo sobre los ADPIC fue aprobado, los Estados Unidos tenían una de las leyes de propiedad intelectual más comprehensivas, quizás la más comprehensiva del mundo. Hasta 1995, el período de protección conferido por una patente en los Estados Unidos era de 17 años a partir su otorgamiento. El Acuerdo sobre los ADPIC obligó a que dicho período cambiara a 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de una patente. Este cambio, que muchos podrían considerar como pequeño, tuvo consecuencias significativas para los consumidores reduciendo el acceso de éstos a medicinas a precios asequibles por un plazo más largo de tiempo.
Un estudio realizado en marzo de 1995 por el profesor de la Universidad de Minnesota, Stephen Schondelmeyer, quien es también un experto consultado frecuentemente por el Congreso norteamericano, concluyó que dicha extensión del período de la patente “resultará en un costo de más de $6.000 millones de dólares para los consumidores norteamericanos.” El informe también agrega que “el ahorro perdido por parte de los consumidores debido a la demora del ingreso al mercado de las medicinas genéricas, girará alrededor de los $200 millones en algunos años y $500 millones otros años”.
Con respecto al costo de dicha extensión para el gobierno federal y para los gobiernos estatales, el informe establece que “los consumidores norteamericanos serán afectados por este cambio, no sólo a través del costo de los medicamentos comprados directamente, sino también a través de los medicamentos cuyos costos son cubiertos por programas de salud gubernamentales. Basado en los gastos de Medicare y Medicaid y del Departamento de Defensa, esta extensión de las patentes representará un costo adicional para el gobierno federal y los gobiernos estatales de más de $1.250 millones de dólares en las décadas siguientes”.
Ahora bien, si este es el costo de extender la patente sólo por unos pocos años en los Estados Unidos, pensemos cuál será el efecto de 20 años de monopolio, más todos los otros elementos del acuerdo, para muchos de los países de las Américas donde este tipo de legislación no existía antes del Acuerdo sobre los ADPIC.
Existe una creciente preocupación mundial sobre el impacto de la implementación este acuerdo sobre el acceso a medicinas a precios asequibles. Tal es así, que durante el año 2001, el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC comenzó a organizar reuniones periódicas a fin de analizar las formas de mitigar los efectos del mismo sobre la salud de la población. Esta preocupación fue reflejada asimismo en noviembre de ese año cuando, en el marco de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Doha, los Estados Miembros aprobaron la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la cual se afirma que “el Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.
A pesar de las preocupaciones existentes acerca de cómo los acuerdos de propiedad intelectual están afectando negativamente el acceso a medicinas resultando en muertes prematuras, no sólo de SIDA sino también de cáncer y muchas otras enfermedades que amenazan la vida de la gente, algunos gobiernos reciben fuertes presiones de grupos de interés muy poderosos que buscan establecer mayores niveles de protección de propiedad intelectual en esos países a través de acuerdos comerciales. Los Estados Unidos están actualmente negociando con América Central, y es sabido que el USTR (Representante de Comercio de EE.UU.) quiere incluir disposiciones en el área de propiedad intelectual muy similares a las vigentes en las leyes del país del norte, es decir, disposiciones de tipo “TRIPs Plus”. El problema es que el sistema norteamericano en esta área tiene muchas deficiencias y, el tema de acceso a medicinas a precios asequibles es, de hecho, uno de los problemas más grandes que enfrentan los EE.UU. a tal punto que su reforma se ha convertido en una de las prioridades del congreso norteamericano. Si los EE.UU., el país más rico del mundo, no puede pagar por las medicinas de sus ciudadanos, ¿qué les espera a otras naciones menos desarrolladas económicamente si copian el sistema norteamericano?
Los gobiernos de América Central tienen un desafío muy grande en sus manos: negociar un acuerdo de propiedad intelectual con los Estados Unidos que no dañe el acceso a medicinas de sus ciudadanos. No es una tarea sencilla, particularmente cuando grupos poderosos presionarán a los funcionarios de los Estados Unidos y de América Central para que aprueben disposiciones que los favorezcan, es decir, para que incrementen el nivel de protección que asegure monopolios más prolongados permitiéndoles establecer precios más altos por las medicinas que venden. No seamos ingenuos, para ellos es simplemente una cuestión de dinero y de mayores ganancias.
Las negociaciones de propiedad intelectual son muy complejas. Las mismas incluyen entre muchos otros, temas muy técnicos como la protección de los datos, las extensiones de las patentes, las importaciones paralelas, las licencias obligatorias, etc. Los negociadores de América Central tendrán que asegurarse de contar con el apoyo de los expertos en estos temas para comprender las consecuencias que esta negociación tendrá para sus ciudadanos. Ya han tenido lugar dos rondas de negociaciones. Según los informes periodísticos, los Estados Unidos han presentado una propuesta de texto para el capítulo de propiedad intelectual. El USTR se preocupará de proteger los intereses de las empresas norteamericanas; los gobiernos de América Central necesitan cuidar los intereses de sus ciudadanos. El tiempo está pasando y los gobiernos necesitan actuar pronto, asegurándose de que este acuerdo no dañe el acceso a medicinas de su gente; de lo contrario, hipotecarán nada menos que las vidas de sus propios ciudadanos.
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