El Gobierno viene renovando desde diciembre de 2005 acuerdos con laboratorios y droguerías para mantener congelados los precios de los medicamentos. Sin embargo, un relevamiento realizado por la Asociación de Agentes de Propaganda Medica (AAPM), al que accedió Cash, muestra que la diferencia entre lo que pagan los laboratorios por las drogas en el mercado mayorista y el precio al que esa misma droga se vende en farmacias llega al 55.281%. Ese margen extraordinario, sobre el que el Estado no interviene, dificulta el acceso de la población a los medicamentos y le permite a la industria seguir ofreciendo promociones y descuentos, dejando en evidencia que los precios no solo pueden mantenerse estables sino que podrían bajar sin poner en riesgo la rentabilidad del negocio.

El análisis de los costos que realizó AAPM se basa en los precios de venta de droga [a] por kilo de una distribuidora que abastece a laboratorios pequeños y hospitales que tienen producción propia de medicamentos. En el caso de la droga antiulcerosa omeprazol, el kilo se comercializa a 402 pesos (0,0004 centavos el mg). El laboratorio sueco AstraZeneca ofrece una presentación con la marca Losec de 20 mg por 14 unidades, lo que supone un costo de 11 centavos por el total de la droga que incluye esa caja. Sin embargo, en las farmacias el producto se vende a 60,92 pesos. La diferencia entre el precio de la droga al por mayor y lo que paga el consumidor en la farmacia es de 55.281%.

En el caso del diazepan, que el laboratorio suizo Roche comercializa con la marca Valium, el precio por kilo es de 235 pesos (0,0002 pesos por mg) y la presentación que se ofrece es de 10 mg por 50 unidades, lo que supone 12 centavos por la droga que lleva esa presentación, pero en la farmacia la caja se vende a 40,48 pesos (33.633% de diferencia). Lo mismo sucede con el hipertensivo enalapril, que el laboratorio nacional Roemmers vende bajo la marca Lotrial. El costo por kilo al por mayor es de 1.296 pesos (0,001 pesos por mg). La presentación en farmacias es de 5 mg por 30 comprimidos. Eso significa que el total de droga que lleva esa caja costó 19 centavos, pero en la farmacia se vende a 13,80 pesos (7.163% de diferencia). Situaciones similares se repiten con las 100 drogas relevadas en el informe.

Los laboratorios líderes no compran la droga por kilo sino por tonelada. Por lo tanto, se supone que el precio que pagan es aun menor. Este cálculo no contempla los otros gastos que insume el proceso de industrialización, tales como la mano de obra calificada, el precio de los excipientes que les dan contextura y color a los comprimidos y garantizan su correcta absorción por parte del organismo. Tampoco se toman en cuenta los impuestos, los gastos de packaging y publicidad, ni los márgenes del resto de la cadena pero la brecha es tan abismal que es difícil suponer que esos otros gastos compensen el diferencial de precios.

Los laboratorios también suelen justificar esos márgenes extraordinarios haciendo mención al gasto que les insume el proceso de investigación y desarrollo que llevan adelante para la obtención de nuevas drogas. En el caso de los laboratorios nacionales ese argumento es difícil de sostener, pues la mayoría de las drogas que se comercializan fueron copiadas de multinacionales extranjeras antes de que se sancionara la ley de patentes en el país. Los laboratorios extranjeros podrían defender esa postura, pero la mayoría de los medicamentos mencionados como ejemplo tienen décadas de antigüedad, por lo que ya fueron largamente amortizados.

El mercado de medicamentos es competitivo en apariencia, pues en el país operan cerca de 280 laboratorios. No obstante, se registra un alto grado de concentración en las ventas. Apenas veinte empresas controlan cerca del 65% del mercado, según IMS, especializada en la actividad de la industria. La concentración aumenta mucho más si se analiza la participación de las empresas por área terapéutica porque no todos los medicamentos compiten entre si. Visto desde esta perspectiva, lo que en principio parecía un espacio competitivo se transforma en un esquema oligopólico donde pocas empresas controlan la producción de cada una de las drogas y defienden su liderazgo con agresivas campañas publicitarias que desalientan el ingreso de nuevos jugadores. Este es uno de los motivos que explica los altos márgenes detallados.

El Ministro de Salud, Gines González García, intentó romper ese esquema impulsando la sanción de ley de prescripción por nombre genérico del medicamento, destinada a que los laboratorios compitieran por precio y no por marca, pero el escenario no se modificó demasiado. Los laboratorios nacionales dominan el mercado porque poseen las principales marcas de medicamentos y la mayoría de la población sigue optando por la marca antes que por el mejor precio. Además, la industria local se fortaleció durante la década del ’90 al avanzar sobre el resto de la cadena dominando el proceso de comercialización y teniendo la “llave” para negociar el ingreso a los vademecum de las prepagas, las obras sociales y el PAMI [Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados]. Los laboratorios extranjeros que desembarcaron en el país luego de la sanción de la ley de patentes comprendieron esta situación luego de sufrir algunas derrotas parciales y, a partir de entonces, optaron por asociarse con sus pares nacionales para conseguir una porción del mercado que no está protegido por patentes. Al mismo tiempo se fueron concentrando en determinadas áreas terapéuticas de medicamentos de altos precios que si tienen protección.

Los investigadores Carlos Vasallo y Rodrigo Falbo destacan en un informe reciente elaborado para el Ministerio de Salud bajo el titulo “Dinámica del mercado de medicamentos. La determinación del precio” [b], que los tres laboratorios nacionales más importantes (Bagó, Roemmers y Gador), al que debe sumársele el ascendente grupo Sielecki (laboratorios Elea y Phoenix) son los que “tienen una influencia clave en la conducción de esta estrategia, sus alianzas y acuerdos con laboratorios multinacionales generan una articulación de la oferta más compleja que la observada años atrás”.

Los laboratorios líderes, comandados por los nacionales, organizaron un esquema donde los contratos con obras sociales, prepagas y PAMI los negocian dos gestoras que les responden, llamadas Farmalink y Preserfar, las cuales les otorgan a las prestadoras de servicios de salud descuentos por ingresar los medicamentos al Vademecum. Por ejemplo, los pacientes que están en prepagas y obras sociales tienen descuentos del 40% en los medicamentos que debe afrontar la prestadora. Sin embargo, de ese 40% el laboratorio le reintegra un 11% por haber incluido sus medicamentos en el vademecum. Eso sin contar que las farmacias hacen otro descuento por ser incluidas en la cartilla de farmacias. El resultado es que quien termina pagando casi la totalidad del precio real del medicamento es el paciente, de su bolsillo.

En lo que refiere a la estrategia de logística y comercialización, quienes la llevan adelante en representación de los laboratorios son cuatro distribuidoras llamadas Disprofarma, Rofina, Farmanet y Globalfarm, que tienen funciones de almacenamiento, transporte, distribución e incluso venta de medicamentos. Allí también se ponen en juego promociones y descuentos. Esos descuentos también se calculan sobre la base del precio que figura en el Manual Farmacéutico. Por este motivo, para los laboratorios es fundamental que el margen entre costos y precios sea tan amplio, de otra forma no podrían incentivar con descuentos al resto de los actores de la cadena para que vendan sus remedios y así poder seguir dominando el mercado.

Medicamentos de alto costo para enfermedades graves
El segmento del mercado donde los precios aumentaron pese a los acuerdos es el de los medicamentos de alto costo destinados a enfermedades graves como cáncer, sida, hemofilia, esclerosis múltiple, diabetes, soriasis y hepatitis. Entre enero y octubre [de 2006], el laboratorio suizo Roche, líder mundial en tratamientos oncológicos, aumentó el producto Herceptin [trastuzumab], para el cáncer de mama, de 7.014 a 8.459 pesos (19%) y la droga MabThera [rituximab] de 500 mg de 8.217 a 9.059 pesos (10,3%). En el mismo periodo, el medicamento Beriate P [factor VIII] de 1000 unidades para hemofílicos, del laboratorio Aventis Behring, propiedad del grupo australiano CSL, subió de 3.250 a 4.541 pesos (39,7%). El producto Igantibe [inmunoglobulina antihepatitis B] para la hepatitis B, de 1000 unidades por 5 ml, comercializado por el holding español Grifols, aumentó de 2.226 a 2.627 (18%). Mientras que el laboratorio estadounidense Bristol incrementó el precio del Baraclude [entecavir] de 30 comprimidos de 1 mg, para pacientes con HIV, de 1.275 a 1.466 pesos (15%).

Los laboratorios multinacionales que operan en el país se están concentrando en esas áreas terapéuticas porque desde el 2000 las innovaciones que se lanzan en el mercado local están protegidas por la ley de patentes, lo que le otorga a su propietario el derecho exclusivo de explotación con el fin de recuperar la inversión realizada para su desarrollo. La vigencia de la patente, en el caso argentino por un plazo de 20 años [c], deja sin efecto la posibilidad de recetar ese medicamento por nombre genérico y, por lo tanto, de sustituirlo por otro similar. Por lo general, cada laboratorio tiene un nicho de mercado donde se destaca. Roche y Novartis se especializan en ontología; Abbott, Glaxo y Bristol en HIV; Serono en esclerosis múltiple y soriasis y Novo-Nordisk en diabetes. La legislación establece que las obras sociales y prepagas deben cubrir el 100% del precio de los medicamentos destinados a paliar estas enfermedades. Sin embargo, la cobertura de los nuevos productos que no están incorporados en el Programa Médico Obligatorio genera controversias. La Asociación de Agentes de Propaganda Medica denunció que los laboratorios, a través de múltiples intermediarios, buscan convencer a los pacientes de que sus últimas innovaciones constituyen el tratamiento más efectivo para enfrentar la enfermedad que padecen y los incentivan a presentar recursos de amparo en la Justicia para exigir el medicamento cuando las obras sociales y prepagas se niegan a financiarlo. Si el juez acepta el amparo, las aseguradoras se ven obligadas a garantizar tratamientos muy costosos. Por ejemplo, en el Congreso Argentino de Dermatología realizado en agosto de 2004 el laboratorio suizo Serono presentó el medicamento Raptiva [efalizumab] para la soriasis que, según afirma, actúa sin producir la toxicidad de otras terapias. El problema es que su presentación de cuatro dosis para apenas un mes cuesta 8.404 pesos. Esto significa que para garantizarle el tratamiento a solo diez personas una aseguradora debería desembolsar más de 1 millón de pesos por año. Como se afirma en la nota central, nadie paga el precio sugerido en el manual farmacéutico, pero incluso con los descuentos que se negocian este tipo de medicamentos están poniendo en riesgo el esquema de financiamiento existente en el sistema de salud [d].

Manejos discrecionales
La escasa relación entre el costo y el precio de los medicamentos quedó de manifiesto en los últimos días cuando el laboratorio estadounidense Merck presentó en el país una nueva vacuna llamada Gardasil, contra cuatro tipos de virus de Papiloma Humano, dos de los cuales causan cáncer de útero. La vacuna fue aprobada en junio en EE.UU. y el esquema de tres dosis cuesta allí entre US$300 y 500. Sin embargo, en Argentina la compañía estableció un precio sugerido de 2.880 pesos generando indignación en la Superintendencia de Servicios de Salud. La estrategia de descuentos que después implementan los laboratorios en el país puede ayudar a explicar esa diferencia.

La arbitrariedad con que se fijan los precios también se puede ver al comparar distintas presentaciones de un mismo producto elaborado por el laboratorio Roche. Por ejemplo, el Rivotril [clonazepam] de 2 mg por 50 comprimidos tiene un precio sugerido de 27,94 pesos y el Rivotril de 0,5 miligramos también de 50 comprimidos cuesta 34,15! Con el Trapax [lorazepam], de laboratorio Wyeth, sucede algo similar. La presentación de 1 mg por 20 comprimidos tiene un precio sugerido de 4 pesos y la caja con 60 comprimidos en lugar de salir 12 pesos o menos, cuesta 20,95 pesos.

El Trifamox [amoxilina + sulbactam] de Bagó es otro ejemplo donde el precio resulta difícil de explicar. La presentación de 16 comprimidos de 500 mg cuesta 15,72 pesos y la versión bronquial con brovanexina (mucolítico) sube a 36,37. Sin embargo, en el caso del jarabe de 250 mg por 120 ml la versión común sale 27,98 pesos y la bronquial cuesta 21,25 pesos, un 24% menos.

Finalmente ayer ingresaron a las bodegas del Ministerio de Salud 828.000 dosis de medicamentos genéricos antirretrovirales (ARVs), para las personas que viven con VIH/sida.

La adquisición, que es para un año, se concretó luego del acuerdo que el anterior Gobierno firmó con la OPS. Este nuevo mecanismo de adquisición hizo que el país ahorre un 50%, según la Ministra de Salud, Caroline Chang.

Por todo el “stock” de fármacos, Ecuador pagó US$1.800.000. Los recursos pertenecen a la primera etapa del Fondo Global, organismo internacional que financia la lucha contra el sida.

Los ARVs genéricos se destinarán a 2.000 pacientes adultos que tienen VIH/sida y a más de 300 menores de edad.

Según Chang, la distribución en las provincias empezará esta semana. “Queremos que en 15 días la bodega quede vacía”.

Fue hace 15 días cuando se anunció la importación de las medicinas genéricas. En ese entonces, la presidenta del Mecanismo de Coordinación País del Fondo Global, Lili Márquez, aseguró que el convenio es un buen signo para avanzar en la segunda etapa del Fondo Global.

En esta fase, a Ecuador le corresponden por lo menos cinco millones de dólares, que se entregarán de acuerdo con el cumplimiento de las metas, como la capacitación en centros escolares. Con esto la entrega de los genéricos para el VIH, también llegaron fármacos para la tuberculosis, infecciones respiratorias, jeringuillas, insumos médicos y 489 refrigeradoras para mantener los medicamentos.

Este cargamento se entregará a los centros y subcentros de salud a escala nacional, según los requerimientos y necesidades que tengan los profesionales médicos, señala la Ministra de Salud.

El Presidente de la Cámara de la Industria Químico Farmacéutica (Cifarma), Óscar Vicente Scavone, precisó que los envíos de medicamentos y productos de cuidado personal aumentaron de US$7,1 millones en el 2005 a US$8,9 millones. Los destinos principales son los países sudamericanos de la costa del Pacífico y Centroamérica.

En cuanto a las ventas totales de la industria, aún no existen datos finales del presente ejercicio y solo se tiene el número del año pasado: US$100,5 millones. No obstante, en forma preliminar, los empresarios del sector manejan la impresión de que el crecimiento del negocio también se ubicó en torno al 20%, al igual que las exportaciones. Esta estimación se basa en los datos manejados sobre ventas al mercado privado y al Estado.

“La gran participación de los medicamentos nacionales en el mercado (56% del total en valor y 70% en unidades) demuestra la confianza del médico y la población hacia los mismos, y la consecuencia de las enormes mejoras introducidas en la calidad a través de la inversión y calificación de técnicos y profesionales”, aseguró.

Scavone dijo que los precios de los remedios en el Paraguay son sustancialmente más bajos entre todos los países del Cono Sur.

Cifarma es un gremio que nuclea a 57 laboratorios nacionales, cuya participación en el mercado nacional es del 70%, en valores, y del 80% en unidades. En ese sentido, Scavone indicó que cuentan con 8.000 medicamentos registrados en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las cuales constituyen el 90% del Vademécum terapéutico vigente.

En cuanto a la cantidad de empleos que generan estas industrias, el empresario señaló que en forma directa llegan a 6.000 personas, mientras que en forma indirecta a 20.000.

Según Scavone, los laboratorios miembros de la Cámara han venido realizando inversiones en forma continua, de manera a ajustar sus instalaciones y operación a las buenas normas de fabricación de la OMS y del Mercosur. La inversión del sector asciende a US$150 millones, que representa el 2% de la producción industrial del país. Por otra parte, instó a las autoridades de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública que continúen exigiendo a los importadores de medicamentos el cumplimiento de las normas de almacenamiento y que cuenten con un laboratorio de control de calidad, de tal forma a desalentar a las empresas de portafolio que compiten deslealmente con la industria.

En el ámbito fiscal la coyuntura no ha sido favorable, debido al gravamen del IVA sobre muestras médicas que los laboratorios distribuyen al cuerpo médico y que termina beneficiando a los sectores más necesitados de la población, reclamó Scavone.

Añadió que “tampoco es racional el gravamen del 5% de IVA sobre los medicamentos, pues al adquirir la industria sus insumos con 10% de IVA acumulan crédito fiscal irrecuperable, que al fin de cada ejercicio pasa a gravar los costos, desvirtuándose la naturaleza del IVA, que no debe afectar los costos de cala cadena productora”.

En lo referente a patentes farmacéuticas, refirió que la situación es favorable al sector, al haberse confirmado la nulidad de las patentes otorgadas en el período de transición (1995-2005) y con sentencias favorables a la postura de Cifarma en varias instancias del Poder Judicial [a].

“Cifarma reafirma su posición de aceptación del patentamiento farmacéutico, acatando las leyes vigentes sobre la materia, y su más enérgico rechazo a los abusos que se pretenden cometer en este campo y que buscan entorpecer el ingreso de medicamentos genéricos al mercado, afectando de esa forma el acceso de la población a los medicamentos”, dijo.

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa), la Seguridad Social (EsSalud) y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, anunciaron a principios de este año la adquisición de un total de 166 medicamentos por un monto de casi 150 millones de soles, mediante la modalidad de “subasta inversa”. El Minsa califica la compra como histórica e inédita y subraya que se realizó con toda transparencia.

De reciente incorporación por Decreto Supremo (Nº 016-2007-EF) a la reglamentación vigente para las compras por parte de entidades del estado, la subasta inversa “es la modalidad de selección por la cual una Entidad realiza la adquisición de bienes comunes y la contratación de servicios comunes a través de una oferta pública y en la cual, el postor ganador será aquel que ofrezca el menor precio o costo en igualdad de circunstancias comerciales y de servicio. Esta modalidad de selección puede realizarse de manera presencial o electrónica”. La presencial se realiza en acto público por medio de propuestas de precios o de costos escritos y pujas verbales; y la electrónica o virtual a través de la utilización de recursos de tecnología de la información. Los bienes comunes son aquellos cuyas características son definidas por medio de especificaciones usuales en el mercado y donde solo cabe discutir el precio. Además debe existir más de un proveedor.

En la nota de prensa del Minsa [1] que anuncia la compra corporativa de medicamentos, se afirma que esta adquisición está dentro de los convenios marcos firmados con EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, que pretenden aunar “esfuerzos institucionales para establecer los lineamientos que permitan cumplir objetivos, como son: la ejecución de compras corporativas, intercambio de prestaciones de salud preventivas y recuperativas, realización de campañas de salud conjuntas, ejecución de planes de inversión en infraestructura y equipamiento, diseño de planes de desarrollo y la capacitación de los recursos humanos”. Estos acuerdos, continúa el comunicado, “convergen en la necesaria normalización de recursos, racionalización de gastos y optimización de la inversión en salud en todo el territorio nacional”.

El Dr. Alan García Pérez al asumir la presidencia de la República el pasado 28 de julio -continúa el comunicado- anunció que en los primeros seis meses de su gobierno se prepararía el “proyecto de compra estatal conjunta”, mediante el procedimiento de subasta pública y subasta inversa. Según el mandatario estas modalidades le permitirían en año y medio de gobierno “comprar en conjunto el 30% de todas las adquisiciones y ahorrar en ese primer tramo 250 millones anuales que irán también al fondo por la igualdad para luchar contra la pobreza”.