Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), explica los fundamentos de la campaña lanzada contra los laboratorios multinacionales que llevan al país a juicio por la patente de medicamentos, y reclama un acceso universal garantizado.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), junto a 26 compañías farmacéuticas multinacionales, persiguen judicialmente la nulidad de las nuevas guías para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas que resguardan la adecuada administración del sistema de patentes; aseguran el acceso a los medicamentos y la sustentabilidad económica de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos de salud, tanto públicos como de seguridad social y de medicina pre-paga.

Las guías son instrumentos fundamentales para proteger la Salud Pública: sus criterios estrictos para el examen de patentes en el sector farmacéutico han impedido el otorgamiento de un gran número de patentes que no cumplen con los requisitos legales. Así se evita la creación de monopolios sobre medicamentos esenciales, posibilitando la producción local y promoviendo la competencia y la reducción de precios de los medicamentos.

Es escandaloso cómo las corporaciones farmacéuticas multinacionales demandan al Estado argentino por ejercitar un derecho que surge de los tratados internacionales firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (art 1 del ADPIC).

No es la primera vez que estas empresas desafían las facultades de gobiernos constitucionales para intentar frenar el uso de las que llamamos Salvaguardas de Salud. Ya en Sudáfrica a finales de los años ´90 un caso similar iniciado por las mismas compañías puso en alerta a la comunidad internacional, produciéndose una de las más grandes movilizaciones en la historia mundial del acceso a medicamentos. Ese fue el antecedente de la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública, en la cual los miembros de la OMC debieron aclarar cuáles son los derechos de los países en materia de protección de la salud en casos de propiedad intelectual sobre productos y procedimientos médicos.

El caso que CAEMe inició contra Argentina da cuenta de que a pesar de los esfuerzos que se han hecho estamos expuestos al mismo tipo de embate. En Brasil las mismas compañías asociadas en INTERFARMA también intentan poner en jaque medidas similares adoptadas por el Ministerio de Salud de ese país.

Nuestra campaña lanzada ayer tiene por objetivo informar y movilizar a la sociedad para que las compañías desistan de la acción judicial contra las guías. Queremos concientizar sobre cómo los dramáticos incrementos en el precio de nuevas medicinas están vinculados con la manera en la que las patentes farmacéuticas son examinadas y otorgadas. La situación es alarmante porque el abuso al sistema de patentes se ha convertido en práctica usual en la industria farmacéutica, perjudicando a competidores y usuarios y desfavoreciendo la innovación.

Las guías deben ser mantenidas en vigencia no sólo porque ello beneficia la salud de los argentinos, sino porque permiten que nuestra industria local se desarrolle, que las empresas locales produzcan, y que el país se beneficie desde un aspecto social y económico.

Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) hemos tomado la firme decisión de defender las guías y nos hemos presentado en el expediente judicial “CAEMe y otros c/ Estado Nacional S/ Nulidad del Acto Administrativo” como terceros interesados.

Nuestra organización representa los intereses de las personas que necesitamos usar medicamentos y en tal carácter hemos adherido a la postura y argumentos que el Estado Nacional ha presentado en su defensa en el juicio, tendientes al mantenimiento de esta política fundamental para nuestro sector de la comunidad.