Brian Sandoval, gobernador de Nevada, firmó este jueves una ley que incluye los requisitos más estrictos del país, y exige a las empresas farmacéuticas que den a conocer como han determinado el precio de los medicamentos de venta con prescripción.

La legislación aprobada por los dos partidos se centra en la insulina, uno de los muchos medicamentos prescritos que es necesario y cuyos precios en EE UU han subido exponencialmente.

La ley requiere a los productores de medicamentos den anualmente a conocer los precios sugeridos de venta al público, las ganancias que tienen y los descuentos que otorgan a los intermediarios por la dispensación de la insulina.

También tienen que explicar por escrito a los funcionarios del estado todos los incrementos de precio de la insulina que estén por encima de la tasa de inflación del año anterior, o por encima del doble de la tasa de inflación de los dos años anteriores.

“Esta ley ha seguido un proceso interesante, tuvimos que dejar todo en la mesa”, dijo Sandoval el jueves, ni siquiera dos semanas después de vetar una versión que también hubiera obligado a notificar al público antes de cambiar los precios de la insulina. El proyecto de ley atrajo horas de testimonios emotivos y técnicos, y trajo tanto a clientes muy ricos de la industria como a docenas de expertos de marketing que dijeron que solo con la transparencia no bajarían los precios a los pacientes.

Pero la patrocinadora principal del proyecto de ley, la senadora demócrata Yvanna Cancela, de Las Vegas, argumentó que la información detallada de los precios puede lograr que la regulación sea incluso más estricta y al menos otorgará información que los pacientes podrían usar para llevar a juicio a los productores por especulen con los precios.

El interés de Nevada en la insulina resonó en todo el país. Al gobernador le llegaron miles de cartas y mensajes electrónicos de todo el país pidiéndole que firmara el proyecto de ley, y grupos de pacientes se solarizaron con los que había preparado el proyecto de ley.

En Las Vegas, el Sindicato Culinary 226, cuyos líderes presionaron para que se aprobara la ley, organizaron a algunos de sus 57.000 miembros para poner pancartas y visitar las casas para promover la aprobación de la ley.

Rita Neanover, una residente de las Vegas dijo en una carta al sindicato: “He estado varias veces muy cerca de morir porque no tenía dinero para comprar insulina”.

Los tres productores de insulina se enfrentarán con multas de US$5.000 por día si no entregan los datos y no dan explicaciones. No se sabe si cumplirán la ley o si la retaran a través de las cortes. Los administradores de las empresas que administran los beneficios de farmacia (pharmacy benefit managers) han dicho que la ley se asemeja a otras que han sido rechazadas en las cortes federales y creen que pueden subir sus costos.

Recientemente algunas empresas farmacéuticas han entregado algunos datos sobre la subida de los precios, pero la mayoría considera que los datos son confidenciales.

El estado de Vermont ha aprobado una ley que pide a los productores de medicamentos que justifiquen los incrementos de precios por encima de un 15%.