Novartis ha amenazado a Colombia con arbitraje internacional de inversiones para evitar la emisión de una licencia obligatoria [1]. El gigante farmacéutico suizo también está recurriendo a los tribunales colombianos para invalidar la reducción de precios impuesta por las autoridades sobre su medicamento oncológico de grandes ventas Glivec. Documentos confidenciales obtenidos por Public Eye confirman el uso de estas estrategias.(Https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/images/
Gesundheit/Zwangslizenzen/ISDS_Threat_Novartis_against_Colombia.pdf)

Las cartas filtradas que están dirigidas al Ministerio de Comercio e Industria muestran cómo Novartis amenazó con recurrir al arbitraje internacional de inversión por una presunta violación del Tratado de Inversión Bilateral (TBI) suizo-colombiano, firmado por ambos países en 2006.

Este procedimiento antidemocrático, conocido como sistema para solucionar controversias entre un inversionista y un gobierno (ISDS), está incluido en muchos acuerdos comerciales y permite al que invierte en un país presentar un caso directamente contra el país en el que ha invertido ante un tribunal de arbitraje internacional privado, sin pasar primero por tribunales locales. Esta amenaza indudablemente ha influido en la decisión de las autoridades de salud colombianas de no emitir una licencia obligatoria, centrándose únicamente en una reducción de precios.

Otras pruebas demuestran que Novartis también apeló la emisión de la Declaración de Interés Público (DPI). Sin embargo, el Ministerio de Salud confirmó nuevamente la DPI en septiembre de 2016. Novartis presentó posteriormente dos demandas legales ante la Corte Suprema de Colombia, cuyas copias fueron obtenidas por Public Eye.

Una es en contra del propio DPI (diciembre de 2016), y la otra (https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/images/
Gesundheit/Zwangslizenzen/Legal_challenge_Novartis_against_Price_reduction_decision.pdf) de febrero de 2017 pretende anular la metodología de control de precios establecida a raíz del DPI. Esto último llevó a la decisión, en diciembre de 2016, de imponer una reducción del 44% al precio de Glivec.

Por último, a través del grupo comercial local de la industria farmacéutica innovdora, AFIDRO, del cual Novartis es miembro, el gigante suizo incluso ha atacado a la Presidencia de Colombia, involucrando al representante especial para la adhesión de Colombia a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), y poniendo presión adicional, inaceptable. La AFIDRO también ha trabajado a puertas cerradas con el Ministerio de Comercio e Industria entorno a una propuesta de normativa alternativa al DPI que debería “regular mejor el procedimiento y las condiciones para la emisión de un DPI”, asegurando que dicho Ministerio tenga un papel más central cuando se tomen futuras decisiones sobre DPI.

La documentación confidencial que Public Eye ha divulgado revela el uso de presión indebida y describe muchos hechos engañosos sobre la emisión de una licencia obligatoria, muy parecido a lo que los gobiernos suizo y estadounidense habían dicho con anterioridad. La industria farmacéutica y los países que las protegen están luchando injustamente contra cualquier país soberano que recurra a instrumentos jurídicos legítimos, como las licencias obligatorias, por temor a que se establezca un precedente. Colombia no es una excepción, y las demandas presentadas por Novartis son otra señal de que están decididos a colocar los intereses corporativos y los beneficios por encima de la salud pública y los derechos humanos.

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