Se odia a las compañías farmacéuticas por una razón: existen para maximizar sus ganancias, no para mejorar nuestra salud. Es hora de ponerlas bajo el control público.

Las compañías farmacéuticas están entre los negocios más despreciados de América. Son famosas por generar ganancias increíbles a expensas de enfermos y moribundos mientras aprovechan su enorme poder económico para evadir las regulaciones (sin mencionar su papel en la epidemia de opiáceos), a veces se perciben como ejemplos de libro de texto de especuladores. Muchos estadounidenses informan que no surten sus recetas [1], cortan las pastillas por la mitad o se saltan las dosis debido a su costo. En el sistema de atención médica más caro del mundo, más del 10% de los costos totales de atención médica [2] y el 21% de los beneficios de atención médica que aporta el que emplea [3] se atribuyen a productos farmacéuticos. La investigación muestra [4] que “el gasto en medicamentos está creciendo más rápidamente que cualquier otro componente de la atención médica”.

Durante el esperado discurso del viernes sobre los precios de los medicamentos, el presidente Trump culpó a los “extranjeros que se aprovechan”, al lobby de los medicamentos y a los “intermediarios” por el aumento de los precios, prometiendo una vez más dar prioridad a los pacientes estadounidenses. Sin embargo, los expertos predicen que el plan, que se centra en la competencia y la negociación del sector privado, tendrá poco efecto en la industria o en sus prácticas.

En muchos casos, los beneficios que extraen las compañías farmacéuticas son una forma de doble imposición, ya que el financiamiento público respalda la investigación y el desarrollo farmacéutico (I + D). Por ejemplo, la investigación financiada con fondos públicos contribuyó al desarrollo de Crestor, el medicamento para reducir el colesterol [5]. Sin embargo, los contribuyentes estadounidenses gastaron miles de millones más (ya sea de su bolsillo, a través de primas de seguro cada vez más caras o a través de Medicare o Medicaid) para consumir el medicamento al precio establecido, mientras que el gigante farmacéutico AstraZeneca obtuvo más de US$16.000 millones en ganancias [6], solo por la venta de Crestor durante tres años.

Y eso no es todo. Pagamos por tercera vez cuando los ciudadanos pagamos las desgravaciones fiscales y otras manipulaciones fiscales que permiten a las compañías farmacéuticas deducir de sus impuestos por ejemplo los gastos en marketing [7] y tener amplias redes de empresas subsidiarias en el extranjero para evitar el pago de impuestos en EE UU [8].

En este contexto, y con la creciente presión para mantener bajos los costos de la atención médica a medida que envejece la población, ¿no es hora de considerar una opción pública en el sector farmacéutico?

Por qué necesitamos una opción pública
La industria farmacéutica a menudo justifica los exorbitantes y crecientes precios de los medicamentos por el costo de la I + D. Sin embargo, un estudio de 2017 [9] del Institute for New Economic Thinking reveló que, durante los diez años analizados, las 18 principales compañías farmacéuticas de EE UU gastaron más en la recompra de acciones y el pago de dividendos que en la I + D. Los anuncios de medicamentos de prescripción -que están prohibidos en todos los países, excepto en otro [10]- también es mayor que el gasto de las compañías farmacéuticas [11] en investigación y desarrollo de medicamentos. Y las compañías farmacéuticas gastan mucho en cabildear en Washington, en 2017, más que cualquier otra industria [12] -lo que ayuda a asegurar victorias como la legislación de la Parte D de Medicare de 2003 que prohibió al gobierno negociar los precios de los medicamentos que cubre el programa, lo que resulta en miles de millones de dólares en ganancias extra [13] para la industria.

La investigación ha demostrado que aproximadamente el 75% de los nuevos medicamentos [14] (los que no son solo variaciones de medicamentos existentes) se desarrollan con fondos de los Institutos Nacionales de Salud. Otras agencias federales y estatales también apoyan investigaciones críticas que resultan en avances revolucionarios en materia de medicamentos. Entre los ejemplos se incluye, la contribución del Departamento de Defensa [15] al desarrollo del medicamento contra el cáncer de próstata Xtandi, la inversión del Instituto de California para la Medicina Regenerativa en la investigación con células madre, y el Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer de Texas.

El gobierno tiende a financiar las etapas más tempranas de la investigación, que son las más riesgosas. Un estudio de 2011 [16], por ejemplo, mostró que casi dos tercios de los “medicamentos de revisión prioritaria” de la FDA (nuevos medicamentos que se espera que tengan un gran impacto en el tratamiento de la enfermedad) que fueron aprobados entre 1988 y 2005 se beneficiaron de la investigación básica financiada por el gobierno. Más recientemente, un estudio de la Academia Nacional de Ciencias [17] mostró que todos y cada uno de los 210 medicamentos aprobados por la FDA entre 2010 y 2016 se han beneficiado de la investigación básica financiada por NIH.

La industria farmacéutica de EE UU también depende en gran medida del gobierno para otras cosas, como la protección de patentes, las restricciones a la importación de medicamentos de menor precio y los límites a las reventas de medicamentos. Sin este grado de apoyo, es difícil imaginar cómo las compañías farmacéuticas podrían obtener constantemente sus ganancias récord [18].

Los expertos en el mercado libre a menudo argumentan que, si el gobierno simplemente dejara de partcipar por completo, surgiría un mercado competitivo que funcionaría perfectamente y las compañías con fines de lucro suministrarían los medicamentos a un costo que los consumidores estarían dispuestos a pagar. Pero en la vida real, el funcionamiento del mercado no es tan simple y sencillo como en la mentalidad de los economistas del mercado libre. Es desordenado y ávaro, y en un sector tan crítico para la existencia humana como la salud, tiene implicaciones de vida o muerte. Además, hay mucha evidencia de fraude, manipulación del mercado, fijación de precios, carteles, consolidación y comportamiento anticompetitivo, por lo que la industria farmacéutica proporciona un excelente ejemplo de fracaso del mercado.

Si la industria lograra una asignación eficiente de bienes, uno no esperaría ver tantos medicamentos en la lista de escasez de medicamentos de la FDA [19] que, en el momento de escribir esta página, incluye 96 productos farmacéuticos, desde analgésicos hasta antibióticos, anestésicos y medicamentos para quimioterapia.

Hay más de 180 medicamentos sin patente que no tienen equivalente genérico en el mercado (en marzo de 2017) [20]. Esto ocurre a menudo solo porque ninguna compañía solicita los derechos para producir uno, considerando que los márgenes de ganancia son demasiado bajos. Como escribió el Premio Nobel Joseph Stiglitz en 2007 [21]: “Es una cuestión de economía simple: las empresas dirigen su investigación hacía donde está el dinero, independientemente de su valor relativo para la sociedad. Los pobres no pueden pagar los medicamentos, por lo que hay poca investigación sobre sus enfermedades”.

Un mercado de Potemkin
Como una industria de capital intensivo y de importancia estratégica que no ha sido capaz de asignar eficientemente los bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad, la industria farmacéutica es un candidato excelente para una opción pública. En pocas palabras, existe un argumento para afirmar que los productos farmacéuticos son un mercado de Potemkin (falso) que solo existe (o es rentable) con el apoyo público masivo; y por una variedad de razones morales y económicas, el desarrollo de medicamentos esenciales o críticos (como mínimo) debe sacarse por completo del “mercado”.

Las compañías farmacéuticas de propiedad pública existen en varios países de alrededor del mundo, incluyendo Suecia, Cuba, Sudáfrica y Brasil. La empresa sueca Apoteket AB (una cadena de farmacias y productora de medicamentos), por ejemplo, es una empresa altamente exitosa que en 2015 arrojó un dividendo de aproximadamente US$133,5 millones [22] a su único propietario: el estado sueco. La industria farmacéutica totalmente pública de Cuba es conocida por sus innovaciones, incluyendo la primera vacuna contra el cáncer del mundo [23], actualmente se está usando en ensayos clínicos [24] en EE UU. Tiene más de 1.200 patentes internacionales, suministra la mayoría de los medicamentos necesarios para el consumo interno y comercializa en más de 50 países, generando hasta US$700 millones [25] en ingresos anuales.

La propiedad pública es mucho más frecuente y está mucho más aceptada en EE UU de lo que la mayoría cree. Los servicios públicos de agua y electricidad, puertos y aeropuertos, sistemas de tránsito, tierra, redes de Internet de banda ancha y acciones de miles de compañías a través de pensiones públicas y fondos soberanos están todos bajo el control público.

Los productos farmacéuticos son una industria rentable, pero una medida más completa del éxito financiero debería ir más allá de la hoja de balance y tomaría en cuenta los beneficios económicos y sociales directos e indirectos de proporcionar beneficios más baratos, más accesibles, que salvan vidas o mejoran la vida, o que extienden la vida con menos hospitalizaciones a largo plazo, resultan en una fuerza de trabajo más saludable y productiva, y en una esperanza de vida más larga. Dados estos beneficios indirectos, las compañías farmacéuticas de propiedad pública podrían incluso operar con el mismo costo o inferior.

Medicamentos para el bien público
Como entidades públicas, estas compañías farmacéuticas serían las encargadas de actuar a favor del bien público y podrían tener la tarea de desarrollar medicamentos según las necesidades, en lugar de las proyecciones de ganancias. Podrían estar intencionalmente vinculadas a la red existente de instalaciones de investigación financiadas con fondos públicos, y cualquier ganancia que obtuvieran podría canalizarse nuevamente hacia I + D, utilizarse para compensar el costo de los medicamentos que son más costosos de producir o invertirse en intervenciones de salud pública “que solucionaran los problemas en su origen” y en los servicios sociales que se ha demostrado que mejoran los resultados de salud.

Podrían centrarse en las prioridades relacionadas con la salud pública, como las vacunas, los medicamentos que aparecen en la lista de la FDA de medicamentos en escasez y en los tratamientos para las enfermedades olvidadas. También podrían garantizar la disponibilidad de equivalentes genéricos cuando los medicamentos que son críticos para la salud pública están fuera de patente. Las empresas públicas estatales o regionales incluso podrían tener la tarea de producir medicamentos de bajo costo que coincidan con las necesidades de salud únicas de los residentes del área. Por ejemplo, las áreas donde aumenta la población envejecida podrían centrarse en la producción de medicamentos que regularmente usan personas mayores.

Una opción pública en la industria farmacéutica sería sin duda atacada por los partidarios del mercado libre, pero en realidad representa un acercamiento indirecto entre la no-injerencia del gobierno en la industria, por un lado, y el capitalismo amiguista de la doble imposición y el subsidio a las ganancias corporativas por el otro. Una opción pública probablemente sea popular, dado que para muchos estadounidenses la perspectiva de menores costos y mayor acceso es probablemente más importante que la estructura de propiedad de las compañías que suministran los medicamentos.

Es bien sabido que EE UU tiene, con mucho, uno de los sistemas de salud más costosos en el mundo desarrollado, pero ofrece resultados relativamente malos en una gran cantidad de indicadores. Si bien en los últimos años, a todos los niveles, los encargados de formular políticas han comenzado a centrarse en nuestro método único (y algunos dirían irracional) de proporcionar y pagar la atención médica, el papel de la industria farmacéutica no es menos importante.

Dada la dependencia de la industria del apoyo público en una gran variedad de formas, es posible comenzar a pensar cómo se puede dirigir ese apoyo de forma que pueda ofrecer mejores resultados a largo plazo, tanto para los consumidores como para la sociedad en general. Ha llegado el momento de tener una opción pública para productos farmacéuticos.