El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca anunció recientemente una estrategia para frenar los altos precios de los medicamentos: obligar a los países que “se aprovechan de nuestra investigación farmacéutica” a pagar más, y veremos cómo bajan los precios en EE UU.

Así no es cómo se soluciona el problema; los medicamentos no son más caros aquí porque cuestan menos en otros lugares. Su precio está fuera del alcance de los gobiernos y de los bolsillos de la gente en todas partes, porque las empresas farmacéuticas están cobrando precios exorbitantes, simplemente porque pueden y el gobierno de EE UU se lo permite.

Las compañías farmacéuticas han perpetuado el mito de que los altos precios son necesarios para compensar los riesgos y las inversiones que realizan al desarrollar medicamentos. Y gobiernos como el de EE UU, el principal financiador de la investigación y el desarrollo (I + D) en salud a nivel global, se lo permiten.

El informe de la Casa Blanca sugiere que desarrollar un medicamento nuevo cuesta un estimado de US$2.600 millones, aunque la cifra está basada en un solo estudio pagado por la industria, su autor no comparte los datos, y su metodología es cuestionable.

En realidad, las empresas reciben del gobierno una cantidad considerable de fondos públicos [Nota de los editores de Salud y Fármacos: no solo del gobierno de EE UU]. Un estudio reciente (http://www.pnas.org/content/early/2018/02/06/1715368115 ) encontró que los 210 medicamentos aprobados en EE UU entre 2010 y 2016 se beneficiaron de investigaciones financiadas, directa o indirectamente, con fondos públicos.

Los contribuyentes aportan a través de la investigación universitaria pública, las subvenciones, los subsidios y otros incentivos públicos. Esto significa que las personas a menudo pagan dos veces por sus medicamentos: a través de sus impuestos y en la farmacia.

En Médicos Sin Fronteras (MSF) vemos todos los días, en los lugares donde trabajamos y en muchos países de fuera de EE UU, el sufrimiento humano que resulta de tener que racionar tratamientos o de negar asistencia médica esencial por los altos precios de los medicamentos y las vacunas.

Vemos bebés en Jordania e India que se han tenido que salir de los centros de atención médica sin vacunarse contra la neumonía, una enfermedad que mata aproximadamente a un millón de niños cada año, porque los gobiernos no pueden pagar los precios que las compañías exigen.

Oímos a médicos de países como EE UU e Italia que tienen que racionar los medicamentos contra la hepatitis C y solo prescriben a los más enfermos, no pueden darse el lujo de prescribir a todos.

Hacer que nuestros pacientes [de Médicos sin Fronteras] paguen más por sus medicinas, o imponer restricciones que impongan años de espera por medicamentos e innovaciones disponibles en el resto del mundo, no reducirá los precios de los medicamentos para los residentes en EE UU. Hacer la vida más difícil a algunas de las personas más vulnerables del mundo no reducirá los precios de los medicamentos en EE. UU.

Esta administración tiene el poder para hacer reformas significativas que ayuden a las personas en EE UU que luchan por pagar sus facturas médicas. Un sistema de I + D que nos beneficie a todos. Si [el gobierno] se toma en serio la tarea de reducir los precios de los medicamentos, lo primero que se debe hacer es poner condiciones de acceso y asequibilidad a los fondos públicos que se destinan al desarrollo de productos médicos.

Si el público financia la investigación que conduce al desarrollo de un determinado medicamento, el gobierno debe poner límites a lo que las compañías pueden cobrar a los consumidores. Que los contribuyentes financien un medicamento nuevo que, en caso de que se comercialice, el público no podrá pagar debería ser inaceptable.

La investigación inicial sobre uno de los medicamentos más vendidos de la compañía farmacéutica suiza Novartis, un medicamento contra el cáncer llamado Gleevec (imatinib), un medicamento que verdaderamente cambia la vida de las personas con leucemia, recibió una cantidad considerable de financiamiento de los contribuyentes de EE UU (https://www.keionline.org/22170 ) a través de los National Institutes of Health (NIH) y el apoyo de la Sociedad de Leucemia.

Este medicamento, que se debe usar todos los días, marca la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas, pero en EE UU solo si pueden pagar US$97 por píldora para la versión de marca o por lo menos US$49

(https://www.drugs.com/price-guide/imatinib#oral-tablet-100-mg) por la opción genérica. Además, la industria farmacéutica se atribuye todo el mérito del desarrollo de la innovadora terapia de células T del receptor del antígeno quimérico (CAR T) que altera genes, una terapia que puede costar a los pacientes US$475.000 (https://www.keionline.org/wp-content/uploads/2018/02/Celgene-Juno-KEI-FTC16Feb2018.pdf), a pesar de que los dos primeros tratamientos de CAR T para el mieloma múltiple fueron financiados por los fondos de investigación de los NIH.

El gobierno de EE UU también debería establecer mejores incentivos para garantizar el desarrollo de productos críticos para la salud pública. Por ejemplo, las infecciones resistentes a los medicamentos matan a 23.000 (https://www.cdc.gov/drugresistance/index.html) personas cada año en EE UU y 700.000 personas en el mundo (https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf ), pero la última nueva clase de antibióticos se introdujo hace 30 años.

Dado que los antibióticos se administran con moderación y por períodos cortos de tiempo, son de poco interés para las compañías, a pesar de que existe una gran necesidad.

Es hora de que EE UU impida que los pacientes compitan entre sí, y se comprometa seriamente a promover la innovación real y reduzca los precios para todos. Este gobierno de EE UU debería evitar que las corporaciones farmacéuticas sigan aprovechándose de los fondos que el gobierno invierte en investigación.

Jason Cone es el director ejecutivo de Médicos sin Fronteras en EE UU.