El Comité de Finanzas del Senado de EE UU pide a las asociaciones y organizaciones que trabajan con pacientes con dolor que den a conocer todos los pagos que han recibido de las empresas que fabrican opioides

El Senador republicano de Iowa Chuck Grassley, que preside el comité y el Senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, líder de la minoría han enviado cartas a 10 organizaciones preguntando sobre sus relaciones financieras con los productores de opioides y con otras organizaciones médicas que fabrican medicamentos para tratar el dolor.

Los senadores escribieron: “Como presidente y como miembro de alto ranking del Comité de Finanzas del Senado, tenemos la responsabilidad de asegurar que los asuntos que directamente afectan los programas de salud y las organizaciones que están exentas de impuestos se manejan adecuadamente y con transparencia. Esta responsabilidad incluye examinar hasta qué punto las empresas farmacéuticas financian organizaciones libres de impuestos, y cómo estos pagos pueden influir las prácticas y políticas de tratamiento del dolor”.

Las cartas iban dirigidas a la American Chronic Pain Association, la American Pain Society, la American Society for Pain Management Nursing, la American Society of Pain Educators, el Center for Practical Bioethics, la Federation of State Medical Boards, la Joint Commission, the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, the Alliance for Patient Access, y la International Association for the Study of Pain.

En su carta, los senadores indicaron que el Comité de Finanzas del Senado ha investigado durante mucho tiempo las relaciones de las empresas farmacéuticas con las organizaciones que están libres de impuestos que influyen en el tratamiento del dolor y sus políticas.

La carta explica que recientemente el Senador Wyden identificó a varias personas y organizaciones libres de impuestos que tenían relaciones financieras ‘significativas’ con los fabricantes de opioides y que han recibido nombramientos en comités federales que toman decisiones y hacen recomendaciones sobre las prácticas de prescripción de opioides.

Hace falta transparencia y asegurar que las cosas se hacen bien
En diciembre de 2018, Wyden empezó una investigación para examinar los conflictos de los miembros de las juntas médicas asesoras y pidió al Departamento de Salud y Servicios Humanos información relativa a los “aparentes conflictos” en su Grupo Especial Interagencial de Mejores Prácticas para el Manejo del Dolor (Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force), así como sobre los miembros del Grupo Especial que están afiliados a la US Pain Foundation y a la American Academy of Pain Medicine.

Los senadores escriben: “De acuerdo con la información de la base de datos Open Payments de los Centros de Medicare (para jubilados) y Medicaid (para los pobres), algunos miembros del Grupo Especial han recibido decenas de miles de dólares de los productores de opioides. Es imperativo que el Congreso asegure que estas organizaciones y sus miembros revelan adecuadamente estos conflictos al Gobierno Federal, de forma que la comunidad médica y los pacientes pueden estar seguros de que sus consejos siguen siendo objetivos y transparentes”.

Según los datos federales, cada día en EE UU mueren cerca de 130 personas por sobredosis de opioides, en estas muertes se incluyen las producidas por los analgésicos de venta con receta, la heroína, y los opioides sintéticos como el fentanilo.

La carga económica del uso inapropiado de las prescripciones de opioides sobrepasa los US$78.000 millones anuales. Esta cantidad incluye los gastos en la atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción, y los gastos del sistema de justicia criminal.

Grassley y Widen escriben: “Esta cantidad demuestra que EE UU continúa sufriendo una epidemia de opioides, y que consumir opioides de venta con receta durante mucho tiempo o en dosis más altas incrementa el riesgo de la adicción, sobredosis o muerte”.

Y añadieron: “Al mismo tiempo, las relaciones entre los fabricantes de opioides y las organizaciones médicas son fuertes, lo que lleva a cuestionar su capacidad para hacer recomendaciones imparciales a la comunidad médica y a los pacientes sobre prácticas prescriptivas de opioides”.

Los senadores reconocieron en su carta que la respuesta a la epidemia de opioides “es todo menos fácil. Sin embargo, creemos que es importante aclarar estas relaciones financieras para asegurar la transparencia y la responsabilidad en asuntos que afectan a los programas de salud federales y a los pacientes que participan en ellos”.

El comité ha pedido que la información solicitada se envíe antes del 29 de julio de 2019.