Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Ética
Todos los hombres del presidente, la película de 1976 sobre el escándalo de Watergate popularizó la frase “seguir el dinero” como una forma de conectar los gastos con sus resultados en política y en el gobierno. Si bien rastrear el dinero es a menudo informativo, podría no proporcionar evidencia convincente sobre la influencia del efectivo en los resultados específicos de las elecciones, la legislación y las políticas. Sin embargo, es imposible entender la influencia de la industria y los grupos de interés en la política de salud de EE UU sin considerar las impresionantes sumas que estas organizaciones gastan para cabildear y contribuir a campañas políticas. El objetivo es influir tanto en quién es elegido como en lo que hacen cuando están en el cargo. Las sumas no solo son grandes, sino que también eclipsan el gasto de los grupos que representan los intereses de pacientes y consumidores. Además, en EE UU y en otros países de altos ingresos es frecuente que la industria financie a los grupos de pacientes, aunque su apoyo corporativo puede no ser transparente [1].
En este número de JAMA Internal Medicine, Wouters [2] informa sobre los gastos en cabildeo y las contribuciones de la industria farmacéutica y de la industria de productos para la salud a las campañas electorales en EE UU entre 1999 y 2018. Las industrias farmacéuticas y de productos de salud forman parte de la economía del sector de la salud, que también incluye a los profesionales de la salud, hospitales, hogares de ancianos y otras organizaciones de atención al paciente. Las compañías de seguros de salud están clasificadas en la industria de seguros.
El estudio de Wouters [2] encontró que, entre todas las industrias, las industrias farmacéuticas y de productos para la salud ocuparon el primer lugar en gastos de cabildeo a nivel federal, lo que representa US$4.700 millones de los US$64.300 millones (7,3%) del gasto total acumulado durante los 20 años (1999-2018), sin que ninguna otra industria contabilizara más del 5% [2]. Otros hallazgos importantes fueron el promedio anual de US$233 millones en gastos de cabildeo, los US$414 millones acumulados durante 20 años en contribuciones a candidatos y otros grupos para las elecciones presidenciales y del Congreso, y un promedio anual de US$44 millones en contribuciones a candidatos y comités estatales, a menudo relacionados con las políticas electorales sobre los costos de los medicamentos de venta con receta [2].
Dentro de la industria, el grupo comercial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) y las grandes compañías farmacéuticas fueron las organizaciones que más gastaron, constituyendo 17 de las 20 principales organizaciones en gastos de cabildeo, y 16 de las 20 principales en contribuciones a la campaña federal. PhRMA ocupó el primer lugar en gastos de cabildeo, con un gasto anual promedio de US$21,1 millones, y el 14 en contribuciones a las campañas. Entre los 10 máximos contribuyentes en ambas categorías había 5 compañías farmacéuticas. El grupo de comercio de dispositivos médicos Advanced Medical Technology Association ocupó el puesto 15 en gastos de cabildeo, y la compañía de dispositivos médicos Medtronic ocupó el puesto 17. Entre todas las industrias, durante más de 20 años, los gastos de cabildeo de PhRMA ocuparon el sexto lugar, y la Asociación Médica Estadounidense (AMA) y la Asociación Hospitalaria Estadounidense (AHA) ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente [2].
El estudio de Wouters [2] sigue los artículos que escribí en la década del 2000 sobre contribuciones de campaña, cabildeo y el sector de la salud de EE UU [3-5]. Poco ha cambiado, las industrias y organizaciones en el sector de la salud continúan gastando sumas sustanciales para influir en los resultados de las elecciones, la legislación y las regulaciones.
Una razón por la cual PhRMA y las grandes compañías farmacéuticas tienen el dinero y la motivación para gastar en cabildeo y contribuciones de campaña es la extraordinaria rentabilidad de la industria farmacéutica en EE UU. En JAMA, Ledley y colegas [6] informan que entre 2000 y 2018, la rentabilidad de las grandes compañías farmacéuticas fue significativamente mayor que la rentabilidad de otras grandes compañías públicas, aunque las diferencias fueron menos pronunciadas cuando se tuvieron en cuenta factores como el tamaño de la compañía, año, y los gastos de investigación y desarrollo. Desde una perspectiva comercial, los gastos en cabildeo de la industria farmacéutica y de productos de salud parecen ser dinero bien gastado.
Hace una década, el cabildeo federal y las contribuciones de campaña para el sector de la salud de EE UU tenían como objetivo la reforma de la atención médica. En 2010, el presidente Obama firmó la Ley de Protección del Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Aunque Wouters [2] descubrió que la industria farmacéutica y de productos de salud donó, en general, más dinero a candidatos y comités del partido republicano que a los candidatos y comités demócratas (US$216 millones frente a US$151 millones; 58,9% frente a 41,1%), los demócratas recibieron más dinero en el ciclo electoral de 2008 (2007-2008), cuando se eligió al presidente Obama, y el ciclo electoral de 2010 (2009-2010), durante el cual los demócratas tuvieron mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado [2]. Ambos partidos se han beneficiado enormemente de la generosidad de esta industria.
También en 2010, el fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United v Federal Election Commission [7] legalizó las contribuciones a las campañas a través de grupos de gasto externos, incluyendo las de corporaciones y organizaciones sin fines de lucro. Desde entonces, ha habido poco interés en reformar el financiamiento sustantivo de las campañas federales o el cabildeo. Por ejemplo, Wouters [2] descubrió que durante el ciclo electoral de 2016 (2015-2016), que incluyó la contienda presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, la industria farmacéutica y de productos de salud hizo las contribuciones de campaña más elevadas. Y en 2019, el monto total en cabildeo federal, US$3.400 millones, fue el más alto desde 2010 [8].
En 2019 y nuevamente en 2020, la asequibilidad de la insulina y otros medicamentos de venta bajo prescripción médica, y las facturas médicas sorpresivas han sido dos de las políticas de salud más polémicas en EE UU [9,10]. Sacar un medicamento nuevo al mercado es costoso, aunque es difícil evaluar los costos de investigación y desarrollo porque los datos de dominio público son limitados. Un estudio realizado por Wouters y colegas [11] publicado en JAMA, estimó que entre 2009 y 2018 la mediana y la media de inversión capitalizada en investigación y desarrollo de los nuevos agentes terapéuticos eran US$985 millones y US$1.336 millones, respectivamente. En otro estudio publicado en JAMA, Hernández y sus colegas [12] informan que en EE UU, entre 2007 y 2018, la media de los precios y los precios netos de la lista de los medicamentos de marca aumentaron sustancialmente, aunque los descuentos compensaron parcialmente los aumentos en los precios de lista. Diversos estudios han demostrado repetidamente cómo el gobierno federal podría disminuir el gasto de Medicare en medicamentos de venta con receta a través de estrategias tales como usar los precios de los medicamentos del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE UU [13], la sustitución genérica y el intercambio terapéutico [14], o la negociación de precios y un formulario definido [ 9,15]. Tales reformas, que deberían disminuir los costos tanto para el gobierno federal como para los pacientes, no se han producido.
En 2019, en respuesta a las peticiones de reforma de los precios de los medicamentos, PhRMA gastó un récord de US$28,9 millones en cabildeo al Congreso y a las agencias federales, superando su récord de US$27,5 millones establecido en 2018, y considerablemente más alto que lo que AHA (US$22,2 millones) o AMA (US$20,0 millones) gastaron en cabildeo federal, aunque la AHA y la AMA también aumentaron sus gastos [8]. Juntas, PhRMA y las principales compañías farmacéuticas que pertenecen al grupo comercial gastaron más de US$120 millones en cabildear al Congreso en 2019 [16]. Sobre el tema de las facturas médicas sorpresivas, los hospitales y los médicos han presionado al Congreso para proteger sus reembolsos. En particular, 4 organizaciones de médicos que han tomado la delantera en cabildear al Congreso sobre proyectos de facturas médicas sorpresivas tienen vínculos con empresas respaldadas por capital privado [17]. En febrero de 2020, ninguno de los principales proyectos de ley para reducir los precios de los medicamentos o sobre las facturas médicas sorpresivas se había convertido en ley, a pesar del apoyo bipartidista para ambas reformas. En contraste, en 2019, el Congreso derogó los impuestos que eran fundamentales para implementar la Ley de Protección del Paciente y Cuidado de Salud Asequible, incluyendo los impuestos sobre los costosos planes de atención médica, los de las compañías de seguros de salud y de los fabricantes de dispositivos médicos [18].
Los gastos de cabildeo y las contribuciones de campaña son solo dos de los vínculos entre el gobierno y las industrias farmacéuticas y de productos de salud. Un tercer ejemplo son las tarifas que paga la industria. En el año fiscal 2019, el presupuesto de la FDA era de US$5.700 millones; de estos, alrededor de US$3.100 millones (55%) provenían del presupuesto federal, y las tarifas que la industria paga por los servicios de la FDA constituyeron los US$2.600 millones restantes (45%) [19]. Las tarifas de usuario que paga la industria representan el 65% del presupuesto para las actividades reguladoras de los medicamentos para humanos y cubren totalmente el Programa de la Ley de Control del Tabaco [19]. La rentabilidad de la industria farmacéutica facilita el pago de estas tarifas de usuarios, así como los grandes acuerdos entre el Departamento de Justicia de los EE UU y ciertas compañías farmacéuticas para resolver los casos civiles y penales [20]. El quid pro quo de estas tarifas es que la industria exige que la aprobación de los nuevos medicamentos sea cada vez más rápida, incluso antes de que se demuestre que son completamente seguros y efectivos. Cuando las tarifas de usuario proporcionan casi la mitad del presupuesto de la FDA, se puede pensar que la agencia sirve a los intereses de la industria que regula, y no a los intereses generales del público.
Un cuarto ejemplo es la “puerta giratoria” del personal, frecuente tanto entre los demócratas como entre los republicanos, que pasan de ocupar puestos como legisladores y reguladores a trabajar en las industrias afectadas por la legislación y la regulación. En la actualidad, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos es un ex cabildero farmacéutico y ejecutivo de una compañía farmacéutica, y el director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca es un ex cabildero farmacéutico. El primer comisionado de la FDA en la administración Trump trabajó con muchas compañías farmacéuticas, incluso como capitalista de riesgo y miembro de la junta directiva de compañías, antes y después de su mandato en el gobierno.
El 3 de noviembre de 2020, EE UU elegirá un presidente, los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 miembros del Senado. Los votantes considerarán muchos temas además de la atención médica y la asequibilidad de los medicamentos de venta con prescripción. El estudio de Wouters [2] informa a votantes y candidatos sobre los gastos de cabildeo y las contribuciones de campaña que han hecho las industrias farmacéuticas y de productos para la salud, y se suma a las discusiones objetivas sobre si el nivel actual de influencia de la industria en la política de salud de EE UU es deseable o si ha llegado el momento de cambiar.
Divulgación de Conflicto de Intereses: Ninguno reportado.
Referencias
