Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Según informa Statnews [1], después de años de controversia, Teva Pharmaceuticals acordó pagar US$925.000 al estado de Mississippi para resolver las acusaciones de conspiración para fijar los precios de los medicamentos genéricos. Varios ejecutivos y exejecutivos también llegaron a un acuerdo.
En 2019, Mississippi fue uno de los 43 estados que acusó a más de una docena de fabricantes de medicamentos genéricos y a algunos de sus ejecutivos de participar en una conspiración de larga data que elevó los precios para una cantidad incalculable de estadounidenses.
Según el litigio, los fabricantes de medicamentos genéricos tenían un acuerdo para no competir entre sí. Se repartieron el mercado para que cada empresa tuviera una “participación justa” y evitar bajar los precios a través de la competencia. En algunos casos coordinaron aumentos de precios superiores al 1000%.
El litigio tiene sus raíces en una investigación del Congreso iniciada en 2014 por el senador Bernie Sanders (I-Vt.) y el exrepresentante Elijah Cummings (D-Md.) a raíz del aumento de precio de algunos productos genéricos de uso frecuente. Esta investigación no logró avanzar porque las empresas la bloquearon.
El gobierno federal inició el año pasado un proceso penal contra Teva por haber participado en tres conspiraciones entre 2013 y 2015. El fabricante de medicamentos presuntamente coordinó con varias otras empresas para fijar los precios de los medicamentos para tratar el colesterol alto, la artritis, las convulsiones, el dolor, las afecciones de la piel y los coágulos de sangre, el cáncer cerebral, la fibrosis quística, y la hipertensión.
Otras empresas han admitido cargos penales antimonopolio, incluyendo Apotex, la unidad Sandoz de Novartis, Heritage Pharmaceuticals, Taro Pharmaceuticals y Glenmark Pharmaceuticals. La mayoría acordó resolver los cargos pagando sanciones penales, admitiendo irregularidades y aceptando cooperar a cambio de acuerdos de enjuiciamiento diferido (en estos casos se otorga una amnistía cuando la empresa cumple ciertos compromisos).
Varias personas también han sido acusadas como parte de la investigación y al menos tres ejecutivos se han declarado culpables.
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