Els Torreele ha publicado en un artículo en Statnews [1] sobre los problemas que se generan cuando la respuesta a la pandemia se deja en manos de accionistas e inversores de las empresas farmacéuticas. A continuación, los puntos más relevantes.

A finales de abril hubo una reunión de accionistas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había apoyado la resolución de accionistas presentada por Oxfam para obligar a las empresas a compartir los conocimientos y la tecnología sobre las vacunas covid-19, para que las empresas de países de bajos y medios ingresos pudieran producirlas, y expresó esa idea en un mensaje pregrabado dirigido a los accionistas de Moderna.

Los inversores respondieron que sus empresas estaban produciendo suficientes dosis para vacunar al mundo, y que la desigualdad en la cobertura se debía más bien a problemas de logística. Para Els Torreele, esto equivale a decir que la solución a las hambrunas es que las empresas mundiales aumenten la producción de alimentos. Las hambrunas, al igual que la inequidad en el acceso a las vacunas, se deben a la distribución desigual, que se relaciona con las dinámicas de poder y el control monopólico sobre su producción y distribución.

El articulo deja claro que se debe impedir que las empresas farmacéuticas y sus inversores decidan sobre cuestiones de salud pública, incluso en el caso de que tomaran las decisiones correctas. Los gestores de fondos, los inversores institucionales, los banqueros y la mayoría de los accionistas individuales saben poco de salud pública y sobre cómo se controlan los brotes epidémicos.

En este caso, la mayoría de los accionistas votaron en contra de la resolución, impasibles ante Tedros y los numerosos defensores de la salud que se plantaron ante las oficinas de las empresas para exigir que se antepusiera la vida de las personas a los beneficios económicos. Esto deja claro que, incluso durante la mayor crisis sanitaria mundial, los intereses financieros de las empresas privadas, los inversores, los gestores de activos y los especuladores eclipsan la toma de decisiones informadas por los expertos en salud pública.

La financiarización, que se refiere a la creación de valor a partir de transacciones puramente financieras independientes de la producción de bienes y servicios en la llamada economía real, ha penetrado y se ha apoderado de las áreas de la salud. El sector biotecnológico y farmacéutico, en el que confiamos para el desarrollo de medicamentos y vacunas que salvan vidas, está dirigido cada vez más por banqueros, gestores de planes de inversión y especuladores, en lugar de por médicos o científicos. Buscan oportunidades de rendimiento económico que generen valor para los accionistas, sin tener en cuenta sus efectos sobre la salud.

La evaluación de los directores ejecutivos de la industria farmacéutica no incluye indicadores para medir cómo contribuyen a mejorar la salud o la salud pública. En algunos casos los indicadores que se utilizan para medir su desempeño son contrarios a los avances en salud pública, como ocurre cuando cobran precios exorbitantes por medicamentos que son clave para la vida (la insulina, los tratamientos para el VIH, la hepatitis C, el cáncer, las enfermedades raras) o promueven medicamentos que pueden poner en peligro la vida (los opioides y los psicofármacos).

Las empresas farmacéuticas utilizan sus beneficios, superiores a la media del mercado, para pagar generosos dividendos y recomprar sus propias acciones para enriquecer aún más a los accionistas, en lugar de invertir en I+D que aborde las necesidades de salud no cubiertas. En el centro de este ecosistema se encuentra la posibilidad de obtener patentes sobre conocimientos biomédicos nuevos y existentes, capturándolos del dominio público y transformándolos en activos privados, negociables y monetizables.

Las patentes farmacéuticas han dejado de ser un incentivo para la innovación médica útil, y se han convertido en una herramienta para controlar el mercado, utilizando su poder de monopolio para cobrar precios altos y generar una escasez artificial. Además, los derechos de propiedad intelectual funcionan cada vez más como activos intangibles cuya función principal es atraer inversiones de capital especulativo en un creciente mercado de activos y futuros biomédicos. Esto genera valor para los inversores mucho antes de que cualquier producto llegue al mercado o de que se demuestre que aporta un beneficio para la salud, y es independiente de que lo haga. Al igual que en otros sectores de la economía financiarizada, la producción y disponibilidad real de medicamentos o vacunas -la economía real- se ha alejado de las transacciones financieras que se supone que sustentan su desarrollo, dando lugar a una creciente desconexión en los objetivos.

Para que la salud pública mundial se beneficie de los avances científicos, la toma de decisiones sobre la disponibilidad de tecnologías críticas para la salud no se puede dejar al albur de los especuladores. La evolución de la pandemia no debería depender de los accionistas de las farmacéuticas. La resolución de Oxfam es un paso importante para desafiar esa hegemonía, pero insuficiente para transformar la actual dinámica de poder.

Es hora de exigir que el objetivo de las empresas farmacéuticas se centre en mejorar la salud de las personas a nivel mundial. Para ello será necesario replantearse radicalmente la forma en que se financia y gobierna la innovación médica y recuperar la responsabilidad pública de garantizar que los medicamentos y las vacunas desarrollados para atender las necesidades de salud de la población estén disponibles como bienes comunes.

Documento Fuente
Torreele E. Global health should not be determined by pharma investors and shareholders. Statnews, 3 de mayo de 2022. https://www.statnews.com/2022/05/03/pharma-investors-shareholders-should-not-determine-global-health/