El 29 de junio, el gobierno federal y los gobiernos provinciales de Canadá llegaron a un acuerdo de 150 millones de dólares canadienses (US$116,5) con Purdue Pharma Canada, fabricante de OxyContin, un analgésico a base de opiáceos. El acuerdo pretende recuperar los costes de los servicios de salud relacionados con los efectos perjudiciales de la venta y comercialización de OxyContin.

Aunque es el mayor acuerdo que se ha alcanzado en la historia de Canadá, como resultado de una demanda del gobierno por gastos en servicios de salud, también es una cantidad insignificante comparada con los aproximadamente US$6.000 millones que Purdue pagará en EE UU. Un acuerdo equivalente para la población canadiense habría estado más cerca de los 900 millones de dólares canadienses (Nota de Salud y Fármacos: los autores no explican cómo han llegado a esa cifra).

Antes de esta multa de 150 millones de dólares, no había constancia de que se hubiera multado a alguna empresa farmacéutica por la promoción de medicamentos de venta con receta en Canadá. A pesar de que se había documentado la presencia de promoción ilegal de medicamentos en EE UU, el Ministerio de Salud canadiense no investigó si lo mismo estaba ocurriendo en Canadá. Un ejemplo fue la distribución de 15.000 copias de un vídeo en EEUU [1] en el que se afirmaba, sin ninguna base, que los opioides causaban adicción en menos de uno de cada 100 pacientes.

Cuando se preguntó a los funcionarios de la agencia por qué no lo hicieron, respondieron que el Ministerio de Salud de Canadá “no se ha enterado de que haya habido algún caso específico similar en Canadá y no ha recibido quejas”.

Por otra parte, resulta igualmente preocupante que se haya prestado una atención muy intensa a los acuerdos financieros en detrimento de los cambios normativos.

Lagunas normativas
Desde que surgió la crisis de los opioides, investigadores y periodistas han identificado una serie de estrategias y lagunas normativas que las empresas aprovecharon para impulsar sus productos. Entre ellas se encuentran:

• influencia de la industria en las guías de práctica clínica [1], que son recomendaciones para la atención de los pacientes [2],
• financiación que puede sesgar la educación médica [3],
• regalos a los profesionales de la salud que pueden incluir viajes gratuitos a lugares exóticos para escuchar las “opiniones de los expertos”[4]
• falta de transparencia en la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro [5] y
• una cultura de autorregulación sancionada por el gobierno, que permite a la industria farmacéutica regular sus propias prácticas de promoción [6].

A pesar de este conocimiento, prácticamente todas estas estrategias siguen siendo totalmente legales.

Transparencia en la financiación
La transparencia en torno a la financiación de los profesionales de la salud y las organizaciones sin ánimo de lucro por parte de la industria farmacéutica sigue siendo prácticamente inexistente en Canadá. En EE UU se aprobó en 2010 el Physician Payments Sunshine Act, que exige transparencia en las relaciones financieras entre los médicos y la industria para la salud. Sin embargo, en Canadá no existe este sistema de transparencia.

De hecho, el gobierno federal ha rechazado explícitamente la creación de un mecanismo similar. El único intento de hacerlo en Ontario se terminó en 2018 cuando los Conservadores Progresistas de Doug Ford asumieron el poder. Dicho sistema habría aumentado significativamente la transparencia en torno a los tipos de pagos a los médicos, que influyen directamente en los patrones de prescripción de opioides.

Financiación de la formación médica
Las empresas farmacéuticas siguen pudiendo financiar a los grupos que organizan eventos acreditados de formación para los médicos canadienses. Esto es así a pesar de que hay mucha evidencia de que la financiación de la industria introduce un sesgo en las prescripciones y pocas mejoras en la prescripción.

Una de las principales vías que utilizó Purdue Pharma y otras empresas para convencer a los profesionales de la salud de los beneficios de sus productos, mientras minimizaban el riesgo general de adicción de los mismos fue la financiación de la “educación médica”.

Hay poca evidencia de que eliminar la financiación de la industria pueda crear un vacío de información, y es probable que reduzca drásticamente la influencia general de la industria sobre la profesión [7]. Sin embargo, el gobierno federal ha hecho poco por utilizar este tipo de prácticas para garantizar la prescripción y el uso adecuado de los medicamentos, lo que lo distingue de los gobiernos de muchos otros países industrializados ricos.

Monografías de productos
Los reguladores canadienses han hablado poco sobre cómo planean reducir la influencia de la industria en la redacción de las monografías de los productos, que aportan información detallada a los médicos sobre medicamentos específicos.

Health Canada afirma que una monografía de producto debe ser un “documento científico, basado en datos verídicos sobre un medicamento… desprovisto de material promocional”.

A pesar de esto, la monografía original del producto canadiense de Oxycontin de 1996 recomendaba un mayor uso del producto en casos de “dolor irruptivo”, un término que había aparecido previamente en los anuncios de Oxycontin. Además, la monografía del producto no ofrecía una dosis máxima recomendada, lo que significa que cuando se comercializó no había un tope máximo para las dosis de OxyContin.

A pesar de ello, no se ha investigado formalmente cómo este documento científico pudo verse afectado de forma tan significativa por los intereses de la industria, ni cómo evitar que se ejerza una influencia similar en otros casos.

Regalos a los profesionales de la salud
La industria farmacéutica sigue haciendo donaciones no relacionadas con la investigación a los profesionales de la salud. Estas donaciones incluyen comidas y bebidas, viajes con todos los gastos pagados a conferencias y consultorías relacionadas con la promoción de medicamentos. Una vez más, los fabricantes de opiáceos utilizaron repetidamente esta forma de financiación para influir en los profesionales de la salud; las empresas incluso ofrecieron viajes en avión a lugares exóticos para escuchar a “líderes clave de opinión” hablar sobre los beneficios del Oxycontin y otros opiáceos.

A pesar de que prácticamente no se justifica el valor “educativo” de estos eventos, estas transferencias financieras continúan en la actualidad. En 2020, 10 de las 47 empresas farmacéuticas que pertenecen a Innovative Medicines Canada, la organización que representa a la industria farmacéutica, gastaron más de 28 millones de dólares en honorarios y viajes para los proveedores de servicios de salud.

El acuerdo con Purdue Pharma Canada es frustrantemente pequeño en comparación con los miles de millones de costes que ha generado la crisis de los opioides. Pero tampoco debería distraer la atención de la cuestión más importante: a pesar de las muchas lecciones aprendidas de la crisis, desde entonces ha habido muy pocos cambios regulatorios en Canadá.

A menos que se produzca un cambio radical en la regulación de la industria farmacéutica, hay pocas razones para suponer que no se volverá a producir una crisis similar.

Nota de Salud y Fármacos: Una noticia publicada en Reuters [1] añade que, como parte del acuerdo, Purdue también permitirá el acceso a la información y a los documentos relacionados con la demanda. Purdue Pharma Canada dijo a Reuters que acordó pagar la suma y proporcionar acceso a la información solicitada por los fiscales por que con eso la compañía “se verá liberada de todas las reclamaciones y responsabilidades pasadas y presentes que pudiera hacer el gobierno relacionadas con los opioides”.

En Canadá hubo un total de 29.052 muertes aparentemente relacionadas con los opioides entre enero de 2016 y diciembre de 2021, y 7.560 de ellas ocurrieron en 2021, según datos del gobierno.