Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Los documentos que detallan las negociaciones entre los fabricantes de vacunas contra el coronavirus y el gobierno sudafricano muestran cómo las empresas farmacéuticas presionaron a los países de bajos y medianos ingresos para que aceptaran precios elevados y condiciones inusualmente duras, afirman activistas de la salud pública que consiguieron que el Tribunal Supremo de Sudáfrica hiciera públicos los documentos.
Fatima Hassan, directora de Health Justice Initiative, que revisó los documentos con ayuda del grupo de apoyo estadounidense Public Citizen y otros analistas, afirmó que los documentos revelaban “intentos de obtener condiciones unilaterales, sobre todo por parte de los gigantes farmacéuticos Moderna y Pfizer, mientras se lucraban a expensas de una emergencia sanitaria mundial”.
Los contratos que firmó Sudáfrica, con Pfizer, con Janssen, filial de Johnson and Johnson, con la alianza internacional de vacunas Gavi y con el Instituto Serum de India, fabricante de la vacuna de AstraZeneca, siguen siendo los únicos contratos de vacunas firmados por un gobierno nacional durante la pandemia que han visto la luz. Los gobiernos de todo el mundo estaban sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad que obligaban a mantener en secreto las condiciones, los precios y los detalles de las negociaciones, durante al menos una década.
Sudáfrica estaba legalmente obligada por los términos de los contratos a resistirse a las peticiones de que se hicieran públicos, pero los abogados del gobierno perdieron su intento de mantenerlos confidenciales ante el tribunal supremo del país el pasado agosto. Los cuatro contratos se entregaron entonces a la Health Justice Initiative, que publicó un informe condenatorio el pasado mes de septiembre [1].
La corte concedió al gobierno un periodo de gracia antes de entregar otros documentos, consistentes en borradores de acuerdos y notas de funcionarios sobre las negociaciones de Pfizer y otras con Moderna en relación a un contrato que finalmente no se firmó. Estos documentos ya se han analizado y se ha elaborado un segundo informe [2].
Moderna estableció condiciones más duras que los otros proveedores de vacunas con los que se firmaron contratos, según el nuevo informe. El precio por dosis debía ser de US$42 (£32,90; €38,60) para las vacunas suministradas en el segundo trimestre de 2021, y se reducirían a US$28,50 por dosis en el cuarto trimestre. Este precio inicial cuadruplicaba el precio exigido por Pfizer. Insólitamente, Moderna se negó a enviar el producto, prometiendo únicamente que estaría disponible en los almacenes de Europa y dejando los arreglos de envío para Sudáfrica.
Cláusulas de confidencialidad
Todos los contratos que firmó Sudáfrica eran unilaterales, afirma Health Justice Initiative. El gobierno no podía revelar los términos del contrato, en algunos casos incluso en procedimientos judiciales por presunto incumplimiento. La mayoría de los contratos sólo permitían recurrir a los tribunales tras largos arbitrajes en lugares elegidos por las empresas. Los fabricantes no garantizaban la entrega de las vacunas y, en caso de incumplimiento, sólo ofrecían reembolsos parciales. El gobierno comprador asumió muchas de las responsabilidades que normalmente incurre el vendedor, incluida la de indemnizar por los daños causados por las vacunas.
Jishian Ravinthiran, investigador de Public Citizen, afirmó: “Lo que estos documentos dejan claro es que las empresas pueden explotar y explotarán las emergencias de salud pública para coaccionar a los gobiernos, en particular a los de los países de bajos y medianos ingresos para que acepten acuerdos poco razonables sobre el suministro de medicamentos que salvan vidas.”
Lo poco que se sabe de los contratos de pandemia en los países ricos se basa sobre todo en los comentarios de los ministros que los firmaron y en un contrato publicado entre la UE y CureVac, un fabricante cuya vacuna nunca fue aprobada. Esta limitada evidencia sugiere que los gobiernos ricos también aceptaron términos de indemnización inusualmente duros, con garantías de entrega débiles y estrictas cláusulas de confidencialidad.
Los fabricantes trataban, sobre todo, de impedir que los gobiernos se enteraran de los precios que habían pagado otros países. A finales de 2020 estalló una tormenta mediática cuando el secretario belga de presupuestos tuiteó sin querer una lista de precios acordados por la UE con varios fabricantes, violando varias cláusulas de confidencialidad. El gobierno de Sudáfrica se enteró de que estaba pagando más del doble del precio que pagaba la UE por la vacuna de AstraZeneca. Pero cuando planteó la cuestión al fabricante, el Serum Institute of India, no le ofreció ninguna rebaja.
Según el nuevo informe, los funcionarios sudafricanos intentaron negociar mejores condiciones con Pfizer, su principal proveedor. Querían tener el derecho a cancelar los pedidos en caso de incumplimiento de las entregas, el derecho a ceder a terceros las vacunas no utilizadas y la flexibilidad para hacer públicas algunas informaciones confidenciales en caso de emergencia. “Necesitamos poder revelar información y rendir cuentas”, escribió un funcionario en una nota. Pero la empresa farmacéutica tenía todas las de ganar, y casi ninguna de las propuestas de Sudáfrica se incluyó en el acuerdo final.
El informe concluye: “El rechazo casi universal de Pfizer a las enmiendas propuestas por el gobierno sudafricano es el ejemplo más claro y una denuncia de la concentración de poder privado, especialmente en emergencias de salud pública.”
Ni Pfizer ni Moderna respondieron a una solicitud de comentarios sobre el informe.
Referencias