En diciembre de 2005 el gobierno nacional firmó el primer acuerdo de precios con los laboratorios farmacéuticos, por el cual éstos se comprometían a disminuir en un 10% el precio final de 237 productos y garantizar la estabilidad de precios durante 60 días del resto de las especialidades medicinales que se comercializan en todo el país. Desde entonces, en sucesivas ocasiones, se fueron anunciando nuevos acuerdos, que modificaban el tamaño y la composición de esa canasta y/o autorizaban el aumento de precios de ciertos productos.

Diversos sectores han indicado que estos acuerdos no han funcionado y que los precios de los medicamentos han aumentado más allá de lo previsto [a]. En 2007, la situación no ha variado demasiado: se anunciaron nuevos acuerdos de precios y se denunció una vez más que no se cumplieron porque las subas han sido mayores y se han sumado a la escalada que comenzó en el 2006.

A fines de 2006 se informó sobre un acuerdo que regiría en el 2007 y que incluía la aplicación de descuentos a una canasta de 216 productos y el incremento de un 3% al resto de los medicamentos; sin embargo el gobierno lo suspendió [1]. En un principio se habló de fines de abril – principios de mayo como nueva fecha para comenzar a aplicar las subas, y que volverían a reunirse para estudiar un reajuste para fines de año [1]; sin embargo, luego, se autorizaron dos aumentos del 3%, uno en marzo y otro en julio.,Estas cifras coinciden bastante con lo que dice el Informe de precios de los medicamentos de octubre de la Unidad de Investigación Estratégica en Salud (UIES) del Ministerio Nacional de Salud, en el cual se afirma que “los precios de los medicamentos, medidos por el Índice de Precios Promedio de Medicamentos presentaron un aumento acumulado de 5,7% en los primeros diez meses de 2007, cifra que se ubica por debajo del incremento acumulado del nivel general de precios (IPC) que fue de 6,6%” [b]. Se supone que no habrá más retoques por acuerdos de precios en el año, pese a que los laboratorios insisten en que es necesario reacomodar aún más los precios [2].

Antes de las fechas previstas para los aumentos, ya había denuncias de las farmacias en casi todo el país de que los responsables de la distribución estaban subiendo los precios de los medicamentos casi diariamente, de a centavos. Cuando llegó el frío, a fines de mayo, las quejas por los aumentos de precios fueron mayores y se vio afectado el abastecimiento de ciertos medicamentos estacionales, que luego se extendió a las listas generales. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, los farmacéuticos admitían subas de precios de casi 30% en antibióticos, jarabes e ibuprofeno [3]. En noviembre seguían notificándose aumentos de precios [4].

En agosto la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) denunció que el acuerdo de precios que el Gobierno selló con la industria farmacéutica en marzo de 2007 “no se está cumpliendo”. Los precios de los medicamentos de mayor consumo habrían aumentado hasta un 20% durante la primera semana de julio pasado, de acuerdo con un relevamiento efectuado por la Asociación. Pedro Busetti, titular de esta entidad, precisó que casi el 70% de los productos que se venden en las farmacias (que son alrededor de 17.000), han aumentado sus precios entre enero y julio últimos. Y aseguró que durante los primeros días de agosto “también hemos detectado aumentos de precios” en las farmacias [5].

La industria insiste en que no logran equilibrar la balanza, que los costos y salarios aumentan cada vez más. Los laboratorios acusan una rentabilidad anual promedio del 10%, cifra que, dicen, viene en baja desde el 15%-20% de un par de años atrás [1].

Los laboratorios les venden sus productos a los distribuidores (droguerías y distribuidoras) con subas de precios y, según afirman las droguerías, son ellas las que suelen absorber estos mayores costos. Las droguerías –que dicen tener una rentabilidad que no supera el 1%- sostienen que son las más perjudicadas por estas subas y buscan formas de amortiguar el impacto. Una forma de hacerlo a corto plazo, y que se anunció en la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), fue la de recortar su red de distribución durante los fines de semana, de modo de achicar su esquema de costos [2,6]. Otra es que han comenzado a exigir a las farmacias un tiempo menor de pago, lo que –según denuncian las farmacias- desajusta la cadena de pagos y les obliga a prescindir de algunos pedidos y disminuir el stock [7].

Las farmacias, por su parte, no tienen demasiada libertad para incrementar los precios, ya que cerca del 70% de su negocio se sostiene sobre la seguridad social, como obras sociales y empresas de medicina prepaga, con quienes tiene acordados determinados descuentos para sus afiliados [2].

Un farmacéutico de la provincia de Catamarca daba algunos detalles sobre la situación: “Todos los meses hay como mínimo tres aumentos importantes y de forma escalonada. La situación del stock de antigripales es complicada, porque las droguerías lo dan a pagar en un plazo de siete o diez días, y si al medicamento lo vendiste a través de una obra social lo estás cobrando recién a los 70 ó 90 días. Lo que significa que hay que tener un colchón financiero muy grande para sostener las constantes subas de precio y las farmacias más chicas son las que más sufren estas variaciones. Porque no cuentan con la plata en el acto para pagarle a las droguerías y comprar la cantidad necesaria” [8].

Otra preocupación de los farmacéuticos es que varios laboratorios están extendiendo la práctica de ofrecer al público en forma directa los productos que fabrican, mediante sistemas de entrega que evitan la intermediación de las farmacias. Según ha expresado la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, este procedimiento es una forma de enmascarar el no cumplimiento del compromiso asumido por los laboratorios de mantener los precios, a través de una reducción de los márgenes de ganancias de las farmacias. Los trabajadores no profesionales, además de contemplar los riesgos que para la salud podría implicar quitar a las farmacias de la dispensación, sienten que peligran sus fuentes de trabajo por posibles cierres de locales [9]. Su temor es aún mayor cuando ven que está prevista la regularización de esta estrategia en un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que, según afirman, se resume en que los medicamentos serían encargados en las droguerías y éstas los enviarían por correo [10].

Los laboratorios a su vez han decidido que desde el 1º de julio de 2007 los descuentos del Recetario Solidario [c] pasen del 25% al 20%. A fines del 2004, y en el marco de la aprobación de la Ley de prescripción por denominación común internacional, los laboratorios establecieron este Recetario con descuentos para disminuir la venta de genéricos y promover las ventas de productos de marca Las rebajas las asumen a partes iguales los laboratorios y las farmacias. Lo cierto es que la reducción de los descuentos también constituye una suba de precios [11].

Según las farmacias, el desabastecimiento de ciertos medicamentos se debió a los efectos estacionales que afectaron principalmente a los medicamentos para enfermedades respiratorias. Otra causa es el aumento de las exportaciones que disminuye la disponibilidad de medicamentos para el país [7]. Las empresas productoras de medicamentos intentaron explicar la falta de medicamentos en la crisis energética que sufre el país; y las droguerías en sus comunicados enumeran causas como “mayores demandas del mercado local y del exterior, falta de mano de obra especializada en la industria y demoras en las entregas por cambios logísticos y frecuentes robos” [12].

Medicamentos de alto costo y el Observatorio. También una Comisión de Uso Racional de los Medicamentos…
José Charreau, dirigente de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM-CTA), explicó que los precios actualizados de los productos de venta bajo receta deberían ser informados en el Manual Farmacéutico, Kairos, IMS, etc., sin embargo, en los últimos años, la industria farmacéutica no incluye las drogas de mayor costo para el tratamiento de patologías graves (como ser Glivec [imatinib, oncológico-Novartis], Fortovase [saqueinavir, VIH-Roche], Avastin [bevacizumab, oncológico-Roche], Nexavar [soranefib, oncológico-Schering], entre otros). Estos medicamentos representan un 20% de los medicamentos comercializados, no existe control de precios sobre ellos, tiene valores de 3.000, 5.000 o 15.000 pesos mensuales, y se manejan por ventas directas sin ningún tipo de registro estadístico. Charreau clamó por “una acción férrea sobre la fiscalización del mercado de los medicamentos y la industria farmacéutica” [13].

“Los medicamentos de alto costo tienen cada vez más incidencia en los gastos de las obras sociales”, afirmó el Dr. Juan Carlos Biani, gerente de control de prestaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) [14]. La subvención que hace la seguridad social de estos medicamentos la financian todos los trabajadores a través de las cuotas que pagan a los seguros médicos. Los seguros tienen un sistema solidario por el que el 10% de la recaudación de cada obra social va a la Administración de Programas Especiales (APE), que se hace cargo de los tratamientos de alta complejidad y alto costo como trasplantes, discapacidad, drogadependencia, prótesis y otros. “En ese rubro hace dos años gastábamos unos 50 millones de pesos en medicamentos de alto costo y baja incidencia, y ahora ese gasto se disparó a casi 200 millones de pesos”, afirmó Biani [14].

Ante esta situación, la SSS anunció a principios de mayo de 2007 la conformación del “Observatorio de Medicamentos del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. En la primera reunión convocada por el SSS participaron representantes de Universidades Nacionales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas y más de un centenar de Obras Sociales. Según se expresó en ese momento, el Observatorio funcionaría en el ámbito de la SSS y desarrollarían tareas de consulta, asesoramiento e información permanente para las Obras Sociales [15]. Entre sus objetivos se destacaban:

o Análisis y evolución del gasto en medicamentos oncológicos, los de uso en tratamientos especiales y aquellos de alto costo utilizados en patologías de baja incidencia.
o Elaboración de protocolos terapéuticos para oncología y patologías de baja incidencia y alto costo.
o Revisión y actualización de un Formulario Terapéutico Social de medicamentos de alto costo y de 100% de cobertura.
o Mejorar la racionalidad de la prescripción.
o Análisis estadístico-epidemiológico de la información generada por el sistema y su devolución a las Obras Sociales.
o Elaboración de un recetario unido para oncología y tratamientos especiales en el ámbito del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Desde ese anuncio hasta octubre, semanalmente se reunieron en la SSS representantes de distintas entidades: la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), los laboratorios públicos de producción de medicamentos, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, la Federación Farmacéutica (FEFARA), la Confederación Médica Argentina (COMRA), la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), y otros actores relevantes. Para poder avanzar en las tareas previstas se solicitó la creación formal del Observatorio la cual fue aprobada a fines de octubre por Resolución de la SSS [16].

El Observatorio de Medicamentos, según se determinó en la Resolución, estará integrado por representantes de la SSS; la APE; los Agentes del Seguro de Salud; los Institutos u Obras Sociales Provinciales; los Agentes del Seguro de Personal de Dirección; la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales; la Cámara Argentina de Farmacias; de Laboratorios estatales; la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe); las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica dependientes de Universidades nacionales.

En esta lista de integrantes llamó la atención el ingreso de las Cámaras Farmacéuticas y la ausencia de varios de los participantes de las reuniones preparatorias, entre ellos AAPM, FEFARA (entidad gremial de más reciente conformación que reúne a farmacéuticos) y, salvo por la participación de los representantes de las Universidades Nacionales, la ausencia total de la profesión médica que tiene un papel importante en el uso de los medicamentos. Tanto la Federación Médica de Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) como la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), instituciones gremiales que habían participado activamente en las reuniones preparatorias, así como las entidades colegiadas que representan a la profesión, han quedado fuera. Tampoco se ha contemplado la incorporación de los odontólogos, que junto a los médicos, son los únicos profesionales autorizados para prescribir medicamentos que requieren receta.

Los objetivos del nuevo Observatorio son muy diferentes a los que se enunciaron durante las reuniones preparatorias. La finalidad ya no son los medicamentos de alto costo sino los medicamentos en general. En su Art. 2º lo expresa de la siguiente manera: “El Observatorio de Medicamentos tendrá por finalidad analizar la composición, el comportamiento y el consumo de medicamentos así como su correcta prescripción y dispensación” [16]. Con este objetivo es aún más extraño que no esté contemplada la representación de los profesionales médicos. No ha habido explicación alguna sobre las razones del cambio de objetivos.

El dictado de la Resolución 649/07 motivó la reacción de varios de los participantes que, por considerase miembros fundadores del Observatorio, decidieron hacer llegar sus reparos ante la nueva composición del Observatorio a la SSS a través de una carta. Entre sus puntos principales el texto señala:

“… La deliberada inclusión de CAEMe, CILFA Y COOPERALA, y la exclusión de otras entidades y personas representativas participantes desde su inicio en el Observatorio de Medicamentos, obedece a una decisión de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, totalmente divorciada de los compromisos adquiridos y plasmados en el proyecto resolutivo inicial del Observatorio y en las reuniones mantenidas al efecto.”

“…La inclusión de las Cámaras de la Industria Farmacoquímica en este ámbito, no hace más que confirmar las políticas y acciones desarrolladas en los últimos años, en obras sociales como PAMI y IOMA (COSSPRA), ocupando de este modo el rol de socios interesados del Estado Nacional y la Seguridad Social como actores centrales de «otro observatorio»….”

“…No será precisamente la política de cobertura sanitaria, la transparencia y regulación del precio de los medicamentos, ni la conformación de un modelo de gestión con equidad, accesibilidad y eficiencia, el que se vaya a discutir, teniendo en cuenta el conflicto de intereses creados, por la composición oficial de la comisión.”

“…Lamentamos, que una entidad de contralor y regulación de las prestaciones sanitarias en las obras sociales nacionales de Argentina, de la envergadura de la Superintendencia de Servicios de Salud, postergue una vez más las posibilidades de llevar a cabo un PROGRAMA de MEDICAMENTOS orientado a cubrir las necesidades sanitarias prioritarias de la población, que nunca serán resueltas desde los intereses comerciales de los mercados”

“…Sentarse en la mesa equivocada puede llevar a convalidar prácticas y acciones con las que no podemos acordar y por lo tanto nunca serán para nosotros, parte de la solución del problema.”

También llamó la atención que casi una semana antes de la firma de la Resolución del SSS, y en un contexto de elecciones presidenciales con cambios ya anticipados de las autoridades de salud a nivel nacional, desde el mismo Ministerio de Salud de la Nación fuese creada la Comisión Nacional Asesora para el Uso Racional de Medicamentos dentro de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud [d]. Su creación se fundamenta en la política de medicamentos seguida por el Poder Ejecutivo en los últimos años y en las múltiples resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS a través de las cuales se insta a los Estados Miembros a adoptar medidas concretas sobre el uso racional de los medicamentos. Tiene por objetivos la generación de pautas, estrategias de intervención y herramientas de información que promuevan el uso adecuado de los medicamentos; la identificación de problemas relacionados con la prescripción y resistencia a los fármacos; y el desarrollo de guías de práctica clínica [17].

La Comisión, estará conformada por representantes de las unidades del Ministerio que tienen a su cargo programas relacionados al uso de medicamentos y por otras representaciones del Poder Ejecutivo nacional; como así también por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (dependiente del Ministerio de Economía y Producción) y por las Facultades, Colegios Profesionales, Sociedades y Asociaciones Científicas, Académicas y de Profesionales vinculadas a la prescripción y dispensa de medicamentos. A diferencia del Observatorio de la SSS, esta Comisión previó la participación de médicos y odontólogos; y si bien no incluyó en su composición a las Cámaras empresarias dejó abierta la posibilidad de invitarlas a participar (Art. 5) [e] [17].

La idea de crear una Comisión está dentro de un camino deseable si lo que se pretende es implementar una política nacional que busque mejorar el uso de lo medicamentos, sin embargo era de esperar que una decisión de este tipo fuese tomada por las nuevas autoridades. Además, como se ha mostrado en reiteradas oportunidades y con diversas temáticas, el problema no es siempre la falta de instituciones sino la incapacidad de los gobiernos para implementar las leyes ya existentes o las de reciente creación, y las presiones y prácticas corruptas que se generan en torno a ciertas actividades que se intentan regular y controlar.

Mientras que una red de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se dedican al estudio del sistema público de El Salvador denunciaron aumentos de precios y le solicitaron a la Defensoría del Consumidor y a las autoridades sanitarias que los vigilen y que de una vez por todas se discuta el anteproyecto de ley de medicamentos presentado en el año 2002; la Red Centroamericana de Organizaciones del Consumidor y la Universidad de El Salvador (UES) se han pronunciado sobre la problemática del precio de los medicamentos pero ubicándola a nivel regional. A su vez, la Superintendencia de Competencia inició un estudio sobre el sector farmacéutico que terminó con laboratorios sancionados porque no brindaban la información solicitada. Por último, y como ya ha sucedido en otras oportunidades, las denuncias de desabastecimiento en el sistema público de salud salvadoreño y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) llevaron a que las autoridades de salud tomaran medidas y tuvieran que dar reiteradas explicaciones por dificultades en el proceso de licitación. Algunos sectores atribuyen el permanente desabastecimiento a una coartada gubernamental para la privatización de la salud pública en el país.

ONGs y la Universidad denuncian precios elevados
La red de ONGs Acción para la Salud en El Salvador (APSAL) solicitó a principios de 2007 a la Defensoría del Consumidor (DC) que vigile el precio de los medicamentos, tal como lo hace con otros productos. El pedido se fundamenta en un estudio de monitoreo que realizó la red, entre noviembre y diciembre de 2006, de los precios de 12 medicinas de uso común en farmacias de seis municipios de diversas partes del país. Los datos fueron comparados con iniciativas similares realizadas en 1996, 1999 y 2003 [1].

Según el estudio, el costo se había incrementado como mínimo un 16%, y variaba en función de la zona del país, aun cuando se tratase del mismo medicamento. La investigación detalla que los medicamentos que más aumentaron de precio en el plazo fijado por el estudio son los antihistamínicos y antianémicos, que subieron más de 5 colones [un dólar equivale a 8,9 colones]. También los tratamientos para infecciones respiratorias subieron al menos 2 colones ($). De los 12 medicamentos comunes tomados para el estudio, el único que bajó de forma considerable (un 26%) fue el acetaminofén [1].

El sulfato ferroso costaba a los salvadoreños el doble que hace 10 años. Los antiparasitarios basados en mebendazol también aumentaron en un 84% su costo y el ibuprofeno aumentó su precio un 48%. Desde 1996 hasta el 2006 el precio del medicamento más barato aumentó en un 17% y el más caro aumentó en un 143%, afirman desde la organización de la salud [1,2].

Margarita Posada, coordinadora de APSAL, reiteró el llamado a las autoridades de Salud: “El incremento puede sonar no tan alarmante, pero si se trata de un tratamiento, el impacto económico es grande, en especial con las carencias que presenta el sistema de salud pública, que muchas veces obliga al usuario a comprar fuera la medicación” [1].

Las ONGs proponen, además de monitoreos de la DC, la creación de una ley que reduzca la variación de los precios de fármacos. La ONG propuso en 2002 un anteproyecto de ley de medicamentos que pide la regulación de los precios, pero que aún no ha sido discutido. Los representantes piden que se revise la propuesta [1].

El anteproyecto de ley busca también el uso de genéricos, medida que fue avalada por el Colegio de Médicos, por el Colegio de Químicos y Farmacéuticos, también contaron con el apoyo del Consejo de Superior de Salud Pública (CSSP) y diferentes organizaciones sociales. Asimismo, contempla controlar la automedicación, regular el uso excesivo de fármacos, y vigilar que todos los medicamentos sean prescritos con receta médica [2].

El alto precio de los medicamentos parece ser algo generalizado en Centroamérica según lo muestran dos recientes estudios. Uno es el de la Red Centroamericana de Organizaciones de Consumidores, y en él se afirma que el precio de los fármacos esenciales en la región varía hasta en 1.300% de un país a otro. Uno de los ejemplos es la hidroclorotiazida (para la hipertensión) que en Guatemala se vende a $0,42 la tableta, mientras que en El Salvador a $0,32, y en Nicaragua se encuentra a $0,03, lo que significa que este medicamento tiene un precio superior al 1.300% y 966% en los primeros dos países antes referidos, respectivamente [3].

Según este estudio, El Salvador tiene los precios más altos en medicamentos genéricos. Los resultados indican que el país tiene 7 de las 20 medicinas más caras de la región; entre las que se destacan: aciclovir, amitriptilina, carbamazepina, captropril, hidroclorotiazida y nifedipina, ranitidina y omeprazol y salbutamol, fluconazol y lovastatina [3].

Nicaragua, en cambio, es el país de la región que tiene los medicamentos con los precios más bajos: 16 de los 20. La muestra de medicamentos esenciales investigada incluyó 20 fármacos listados por la OMS y en su análisis se utilizó la mediana como medida estadística que recomienda la OMS [3].

También ha estudiado la problemática el Observatorio de Políticas Públicas en Salud, del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD) de la Universidad de El Salvador (UES). En el informe final – titulado “Disponibilidad y Precio de Medicamentos Esenciales en El Salvador durante el Segundo Trimestre de 2006”- se detallan las grandes dificultades que tiene El Salvador para comprar y vender medicamentos [3]. El estudio de campo se realizó entre octubre y diciembre de 2006 y se basó en la metodología estandarizada desarrollada por la OMS y HAI, que permitió hacer comparaciones con otros 30 estudios equivalentes [4].

Algunos de los ejemplos que muestra el estudio sobre los altos precios que se pagan en El Salvador son: hidroclorotiacida se compra 480 veces más caro de lo que estipula el Precio Internacional de Referencia (PIR) de la OMS; glibenclamina se compra a un precio 50 veces más alto de lo que estipula la OMS (le sigue el país africano Mali, quien lo adquiere a un precio 20 veces más alto). La OMS estipula que los precios finales no deberían exceder 5 veces el PIR en los de marca innovadora y 2,5 veces para los genéricos [4,5].

Otro hallazgo del estudio son los amplios márgenes de ganancia de las farmacias. Por ejemplo, un frasco de 60 tabletas de ranitidina de 150 mg cuesta un promedio de $29, mientras que el fabricante lo vende a $1, aproximadamente [4].

Mientras que la OMS ha establecido como límite máximo el equivalente a un día de trabajo para adquirir los medicamentos necesarios para tratar una enfermedad, en El Salvador se necesita un promedio de 2,4 días de trabajo para que un trabajador urbano con salario mínimo adquiera un medicamento genérico (y si el medicamento requerido es de marca innovadora se requiere en promedio 4,2 días de trabajo) [5].

El estudio de la UES también pone de manifiesto que el Ministerio de Salud tiene una compra eficiente del 62% de los medicamentos y la del ISSS es del 50% [5]; y que el abastecimiento en los centros de atención del Ministerio de Salud, fue de un 44%, mientras que en los del ISSS se alcanzó el 58%. La población salvadoreña estaría destinando un 50% de sus ingresos a la compra de medicamentos [4].

El investigador principal del estudio, Dr. Eduardo Espinoza, sostiene que es necesario que tanto el Ministerio de Salud como el ISSS realicen licitaciones conjuntas para tener una compra eficiente. Además, dijo que Centroamérica tiene que tener licitaciones como región para hacerlos más competitivos en el mundo. “Se necesita crear un política nacional de medicamentos parea evitar esto. El estudio lo presentaremos a la Comisión de Salud de la Asamblea para que sepan de esto”, agregó Espinoza [5]. Entre las recomendaciones también figura la regulación de los márgenes de ganancias de los intermediarios locales, incremento del presupuesto para compras en el sector público y mayor transparencia en los procesos de compra, estímulo al uso de medicamentos genéricos, eliminación del IVA y programas que garanticen la calidad de los medicamentos tanto en su la producción/importación como en su distribución y dispensación [4].

El ISSS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoyan una solución similar a la que plantea el estudio: la negociación y compra conjunta con las demás instituciones de salud de la región con la industria farmacéutica. “Lo que se debe de hacer en realidad es crear una política que regule el precio de los medicamentos en la región”, sostuvo Josefina de Trabanino, representante de la Liga del Consumidor de Guatemala [3]. Unificar el mercado y convertirlo de local a regional fue una de las propuestas que se discutió en la XXIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) realizada en El Salvador a fines de octubre [3,6].

Sin embargo, el Ministerio de Salud y la Industria Química Farmacéutica (INQUIFAR) desestimaron el estudio de la UES. El presidente de INQUIFAR, Mario Ancalmo, dijo que el estudio es como “comparar manzanas con naranjas” y que “es mentira lo reflejado en ese informe” [7].

Desde el Observatorio de Políticas Públicas y Salud (OPPS), de la UES, respondieron a estos señalamientos diciendo que el estudio está hecho con “estricto rigor científico”. El Dr. Espinoza explicó que la base de datos para consignar los PIR de los medicamentos, que sirvió de base en el estudio, es actualizada todos los años por la Management Science for Health, ligada a la Universidad de Harvard y otras instituciones académicas y agencias de cooperación técnica y financiera de “larga trayectoria y respeto” [8].

Desde INQUIFAR sostiene que los medicamentos importados son los que realmente son los más caros. “Las medicinas nacionales son mucho más baratas. Las importadas cuestan en promedio entre el 30% y el 50% más”, aseguró Ancalmo [7].

Con respecto a la propuesta del ISSS y de la OPS, de negociar y comprar conjuntamente con los países centroamericanos los medicamentos, el presidente de INQUIFAR afirmó que esto obedece a que este organismo internacional obtiene una comisión por dicha transacción [7].

“En una sola compra, el Seguro Social gasta hasta US$700.000 de más, cuando adquieren productos importados, pudiendo priorizar los nacionales”, dijo el presidente de INQUIFAR. La solución entonces para esta organización es crear una política de Estado, en la cual se priorice la compra de medicamentos nacionales sobre los importados, como primera opción [7]. INQUIFAR en un comunicado también se mostró de acuerdo con eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), siempre y cuando esto sea tanto para los medicamentos nacionales como para los importados [8].

La Defensoría del Consumidor (DC) retomó las inquietudes del estudio de la UES. La presidenta de dicha entidad, Evelyn Jacir de Lovo, reconoció los altos costos en el mercado de los medicamentos, aunque no en los porcentajes de 300% expuestos en el informe de la UES, pero sí en un 50%, en especial en el caso de los medicamentos genéricos [9].

Antes de comprometerse a una intervención reguladora en este mercado, De Lovo destacó que primero se debe profundizar en el estudio de la UES. Para ello, la entidad prepara un informe regional que prevé tener listo en febrero de 2008 y que busca investigar por qué se dan estos altos precios, para después determinar el tipo de acciones a tomar [9].

Los productores de medicamentos no dieron la información y la SC, por primera vez desde su creación, les impuso en marzo de 2007 una sanción. La SC multó por $52,463.27 a cinco laboratorios: López, Billca (de Billy Cañas, S. A. de C. V.), Pharmasil, Ferson y Meditech (de Quimex, S.A. de C.V.). Se les impuso una multa diaria de $1,202.80 por falta al artículo 38 de la Ley de Competencia. Este enmarca las sanciones para agentes que no suministren información en los tiempos requeridos o que lo hagan de forma incompleta [11].

Desde los Laboratorios Ferson argumentaron que hizo falta tiempo para entregar lo solicitado. Este laboratorio dice manejar 282 ítems y que en 10 días –plazo que supuestamente les fijó la SC- no podían organizar la información requerida. Por su parte, responsables de Laboratorios Billca, aseguraron haber recibido el pedido de información pocos días antes de anunciada la sanción y que estaban recopilando los datos. Laboratorios Pharmasil, según indicaba el periódico Prensa Libre, desaparecieron del mercado en marzo de 2006 [10].

Desabastecimiento y dificultades en el proceso de licitación del Ministerio de Salud
Como dijimos, nuevamente las denuncias de desabastecimiento en el sistema de salud salvadoreño obligaron a que las autoridades de salud tomaran algunas medidas y dieran reiteradas explicaciones.

Las denuncias comenzaron en abril, pero recién a mediados de mayo el Ministro de Salud, Guillermo Maza, admitió sin matices el desabastecimiento de medicamentos: “En todos los hospitales hay problemas, y en todos estamos teniendo las mismas medidas”. Se buscaron los faltantes en la reserva central o la cobertura mediante los adelantos de los proveedores [12].

La compra anual de medicamentos realizada por el Ministerio de Salud, principal fuente de abastecimiento de los centros públicos de atención, se inició en marzo y la mayoría de medicinas —según Maza— ya habían sido adjudicadas, por lo que se pudo solicitar a los proveedores que adelantaran la entrega de los medicamentos. En ese momento, según informaba el Ministro, se habían anticipado 206 renglones, que representaban el 56% del total de medicamentos [12], y a fines de mayo, aseguró que solo faltaba la adjudicación de 14 de los 421 fármacos en proceso de licitación [13].

Desde los hospitales se consideraba que el comentario del Ministerio minimizaba los problemas, puesto que, por ejemplo, el Hospital Rosales, centro de mayor referencia en el país, decía registrar a finales de abril escasez de 170 medicamentos, mientras que el Ministerio reducía la cifra a 40, de los cuales a mediados de mayo solo había suministrado 25 [12]. El Hospital tuvo que hacer una compra de urgencia de varios medicamentos de especialidades a finales de abril [14].

La escasez, según explicó el Ministro, podía estar provocada por la presentación de recursos de los proveedores de algunos de los medicamentos al proceso de licitación [4]. Asimismo justificó las faltas por la demora en el inicio de la licitación de algunos medicamentos (sobre todo de tercer nivel) que generó el proceso de precalificación, aún cuando había asegurado que agilizaría la licitación. El desabastecimiento llegó a los principales centros de especialidades a principios de abril, cuando aún no había concluido ni la presentación de ofertas [13,14].

El funcionario también atribuyó el retraso a los problemas con el presupuesto y a la espera de un aporte extra. Maza aseguraba que para agilizar la aprobación del presupuesto anual, se presentó una propuesta “balanceada” con la promesa de un refuerzo a tiempo. El aporte extra de $15 millones llegó en febrero [13].

El Ministerio esperaba que la entrega completa de medicamentos pudiese terminar en agosto [13], sin embargo, en julio debió admitir que la compra de 40 medicamentos tuvo que declararse desierta. Así estos fármacos fueron incluidos en una nueva licitación que se inició a fines de junio. Entre los medicamentos se encontraban ATB, cardiovasculares, hematólicos y otros para el sistema nervioso central. Según explicó el Ministerio esto les sucede todos los años: no tienen oferentes para aquellos medicamentos que se compran en pequeñas cantidades por ser especializados. No fue sólo falta de oferentes, sino que también hubo incumplimiento por parte de una empresa, que a última hora cambió los precios. La empresa quedó descalificada del proceso y fue sancionada, según afirman desde la cartera de salud [14].

El diario Prensa Gráfica sostiene que esta afirmación no concuerda con lo ocurrido en 2006, cuando Salud marcó récord y para el 1º de junio ya todo el cuadro básico estaba adquirido [14].

En medio de la crisis generalizada en los hospitales nacionales por la falta de insumos y medicamentos, el Ministerio de Salud recibió en octubre de 2007 la noticia de que el proyecto Oportunidades de Salud para las Personas en Todas Partes (Hop, por sus siglas en inglés) les entregará una donación de hasta $12 millones en medicinas, insumos y suministros médicos, provenientes de donaciones de farmacéuticas [15].

“Esos $12 millones, son casi el 40% de los medicamentos que compramos para un año, (esto) vendría a resolver una gran cantidad de necesidades que tenemos en este momento de desabastecimiento y que siempre experimentamos a final de año”, expresó Maza [15].

Salud Pública invirtió en el 2007 $35 millones en compra de medicinas y $14 millones en insumos quirúrgicos; y tuvo que solicitar a Hacienda $30 millones de refuerzo presupuestario para abastecer a los hospitales. Sin embargo, sólo habrían recibido $10 millones [15].

En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Desde hace algunos años, el sindicato de trabajadores y médicos del Seguro Social y de los hospitales públicos, vienen denunciado que el gobierno de Antonio Saca está privatizando los servicios médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) mediante la concesión de los servicios a la empresa privada. En el último tiempo, según ellos afirman, el gobierno está realizando medidas que tienen como objetivo hacer creer que el seguro social no tiene dinero para la compra de medicamentos y para la contratación de médicos generales y especialistas; es decir, se trata de justificar la ineficacia del sector para favorecer a las empresas privadas [16].

En el último tiempo el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS) denunció una vez más que la institución enfrentaba desabastecimiento. Ya en noviembre de 2006 advirtió que la institución enfrentaba desabastecimiento de unos 59 medicamentos en las unidades médicas de todo el país. El sindicato responsabilizó por el desabastecimiento a la jefa de la unidad de adquisiciones y contrataciones (UACI) del Seguro, pues consideró que había incurrido en faltas administrativas y retrasó la compra de las medicinas. También señaló como responsables de la escasez a funcionaros de auditoría interna del ISSS [17].

Ante la delicada situación, el director del ISSS, Nelson Nolasco, anunció a fines de abril un plan de contingencia, que debía ser aprobado por el consejo directivo. Este plan de emergencia consistía en la creación de un fondo especial por el cual, y ante la no existencia de algunos medicamentos en las farmacias del instituto, los pacientes podían adquirirlos en las farmacias privadas y luego se les reintegrarían los fondos [18].

Al mismo tiempo que se denunciaba la falta de medicamentos en el ISSS, se dio a conocer que se incineraron 145 toneladas de medicamentos vencidos. Ante estos hechos, el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) solicitó que se investigue al ISSS y que el director se presente a brindar un informe ante la comisión correspondiente [19] [a].

Los representantes del FMLN aseguraron que desde abril existe una petición formal en la comisión política para crear un equipo especial que investigue la situación general del Seguro Social en un plazo “no mayor” de tres meses. El comité deberá incluir a miembros de todos los partidos. Pero a juicio de Zoila Quijada, diputada del Frente, los avances han sido nulos [19].

Anuncios de ley de genéricos, cambios en el sistema de compra de medicamentos y de eliminación del IVA
En junio de 2006 el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar el sistema de salud, que según diversas opiniones deja abierta la puerta a la empresa privada, aunque desde el poder ejecutivo se asegure que no se privatizará el sistema. La Mesa Permanente sobre el Derecho Humano a la Salud en El Salvador destaca que la propuesta gubernamental no establece el carácter público del sistema ni que el garante principal en el aseguramiento y garantía de la salud, como derecho humano, es el Estado. En tal sentido el Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) propusieron un anteproyecto de ley que exige prohibir privatizaciones y concesiones de servicios en ese sector [16].

Mientras la Asamblea Legislativa estudia el proyecto de ley de reforma del sistema de salud, el Presidente Saca ha hecho anuncios de una serie de medidas de corte social, bajo la denominación Alianza por la Familia, entre las cuales incluyó una ley de genéricos y la reforma al sistema público de compras de medicamentos. Estas dos medidas además de aliviar el bolsillo de los salvadoreños buscarían abaratar los costos de las instituciones públicas [6].

“Hay una serie de ideas en lo que ha mencionado, pero lo más importante es que la gente pueda recibir información de que existen varias opciones de compra de medicamentos, dar libertad para comprar el más adecuado, y eso incluye el genérico”, explicó Saca, que dejó abierta la posibilidad de revisar la actual tarifa arancelaria del 5% para la importación de medicamentos. “Es un arancel superbajo”, detalló la Ministra de Economía, Yolanda de Gaviria. Saca prefiere sin embargo centrarse en medidas que permitan abaratar los precios, antes de tocar la protección que se mantiene a la industria farmacéutica nacional [20].

Esta protección se podría ver afectada por la propuesta del PDC (Partido Demócrata Cristiano), con el apoyo del FMLN, para eliminar el IVA a los medicamentos importados y beneficiar al consumidor final. El Presidente Saca se opone a este proyecto [21].

Como se ha indicado anteriormente INQUIFAR también se opone a la eliminación del IVA a los importadores si no se elimina el impuesto a los medicamentos nacionales ya que los dejaría en clara desventaja frente a los extranjeros. Ante el panorama planteado, la organización sugiere que se utilice la modalidad de “tasa cero”, que significa que las industrias no paguen el IVA por los insumos que utilizan para fabricar los medicamentos, y así poder venderlas baratas [21].

La postura del Presidente Saca es que este tipo de medidas -exonerar del IVA a los importadores de medicinas- necesitan ser estudiadas en profundidad, porque en lugar de favorecer a los consumidores pueden más bien favorecer a los comerciantes. “Tenemos que analizar fiscalmente los impactos, tenemos que analizar si va a favorecer a la gente”, insistió. El gobernante criticó que apenas se anuncia que le van a bajar el IVA, los comerciantes suben el precio a los productos [21].

Pero en el Gobierno no todos opinan igual. El Ministro de Salud, Guillermo Maza, opinó –aclarando que era a título personal- que “en numerosos países del mundo los medicamentos no tienen IVA. Creo que nadie podría dar una opinión desfavorable a una iniciativa (como la del PDC)” [21].

Mientras la propuesta del PDC generó debate en varios sectores, para algunas empresas importadoras de fármacos no es un asunto que les genere preocupación. Roche, por ejemplo, factura sus productos en Costa Rica y en El Salvador y sólo da “seguimiento” a los pedidos, es decir que se reciban los medicamentos y se despachen a las droguerías o distribuidores. “A ellos les cae el pago del IVA”, comentó una fuente de la empresa [21].

Nota de los editores:
a. Se pueden ver antecedentes en “El Salvador: Pérdida de ISSS en medicina vencida es de $9,3 millones”, en la Sección Economía del Boletín Fármacos 2006; 9(4).