Salud, pobreza y patentes (*)
Pasqual Maragall¹ y Toni Comín²

¹ Expresidente de la Generalitat de Catalunya
² Diputado del Grupo Socialistas-Ciudadanos a favor del cambio y profesor de ciencias sociales de ESADE (Barcelona)

¿Quién financia la investigación farmacéutica y sus elevados costes? Las multinacionales sólo investigan si pueden recuperar su inversión por medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta mínimamente rentable. Lo cual conduce a una dramática paradoja. Con patentes, los países pobres no tienen acceso a determinados medicamentos muy necesarios, porque los precios de patente son demasiado caros para ellos (es lacerante que la vida de miles de personas dependa de medicinas que existen, pero que los sistemas de salud del Sur no pueden pagar). Sin patentes, los países pobres tampoco dispondrían de los medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría nuevos descubrimientos farmacéuticos.

El fallo del Tribunal Superior de Chennai, en la India, sobre el caso Novartis, el pasado agosto, puso sobre la mesa un tema interesante y complejo. Como se recordará, Novartis interpuso una demanda contra la Ley de Patentes india, por considerar que se extralimitaba a la hora de aplicar las excepciones al régimen de patentes que prevé el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este Acuerdo internacional, del año 1994, regula el derecho de las multinacionales farmacéuticas a cobrar los medicamentos a precio de patente, así como el derecho de los países pobres a ser eximidos de su pago en determinadas circunstancias. Prevé que los Gobiernos en situación de emergencia sanitaria puedan conceder las llamadas “exenciones”, es decir, fabricar medicamentos genéricos o importarlos de otros países.

Como es sabido, el precio de los genéricos es sensiblemente inferior al de un medicamento patentado, lo cual permite a los sistemas sanitarios de los países del Sur disponer de medicamentos que de otro modo difícilmente estarían a su alcance. Dicho en plata, los genéricos salvan vidas y lo hacen, precisamente, permitiendo que actúe la lógica de la competencia. Las patentes no son más que un monopolio temporal, sin el cual no se podría financiar el alto coste de la investigación. Cuando se fabrican genéricos cesa el monopolio y, en virtud de las leyes del mercado, los precios se desploman.

En 2001, los países de la OMC, España incluida, firmaron la Declaración de Doha, según la cual la normativa internacional sobre propiedad intelectual “puede y tendrá que ser interpretada y aplicada de tal modo que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos”. Pero la interpretación de los países en desarrollo y de las multinacionales farmacéuticas difiere irreconciliablemente, hasta el punto de librar costosas batallas judiciales.

La salud es un derecho. Las multinacionales actúan según la lógica del beneficio. ¿Cómo equilibrar este conflicto de intereses, del que depende la vida de millones de enfermos del Sur? La investigación, ciertamente, es cara. Pero según la OMS, las multinacionales farmacéuticas son un negocio muy rentable. Según el Informe 2006 de la Comisión sobre Salud Pública, Innovación y Derechos de Propiedad Intelectual de la OMS, “entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de EE.UU., en términos de beneficio neto medio después de impuestos como porcentaje de los ingresos. El 2003 decayó un poco (…) pero mantuvo un margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas las empresas incluidas aquel año en la lista Fortune 500”.

El Parlament de Catalunya, a raíz del caso Novartis, puso sobre la mesa una propuesta que intenta superar aquella paradoja. Se trata de una idea relativamente sencilla: un Fondo Mundial de Rescate de Patentes, que permita, en primer lugar, liberar la patente de aquellos medicamentos ya desarrollados, pero cuyo precio los hace inaccesibles a las poblaciones del Sur; y, en segundo lugar, orientar la investigación hacia aquellas enfermedades que afectan a centenares de miles de personas pobres del Sur, pero que no son rentables comercialmente. Algo parecido al sistema de “premios” que promueven el profesor James Love o el propio Joseph Stiglitz.

Una propuesta así es inocua para las empresas farmacéuticas. No perjudica la investigación, sino que la favorece. Gracias al Fondo, las multinacionales cobrarían de golpe aquello que, en virtud de la patente, van cobrando poco a poco a través del mercado. Una vez pagado el “rescate”, habría plena libertad para fabricar los genéricos de medicamento “rescatado” y, por tanto, para que se activaran los eficientes mecanismos de la competencia. Obviamente, el verdadero problema de esta propuesta es cómo financiarla. Sin embargo, con voluntad política se pueden imaginar soluciones. Probablemente, 10.000 millones de dólares anuales servirían para comenzar. Una cifra importante, pero que equivale sólo al 0,02% del PIB mundial.

Se podría establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar este Fondo. ¿No sería esta propuesta un buen motivo para empezar a caminar por la senda de un sistema fiscal global? Si se ha globalizado casi todo, desde los mercados financieros hasta el comercio, pasando por las empresas, ¿por qué no pensar en globalizar también la financiación de los derechos sociales? La disminución de las tensiones entre el Norte y el Sur -por no hablar de la disminución de los resentimientos que causan luego tantas tragedias- sería sin duda significativa.

De hecho, la Iniciativa Mundial contra el Hambre y la Pobreza -lanzada en 2004 por Lula, Chirac, Lagos y Kofi Annan, y a la que se sumaron luego Zapatero y Schröder- acabó proponiendo un mecanismo de financiación que tiene ya cierto aspecto de impuesto global: una tasa sobre los billetes de avión. En el marco de esta misma Iniciativa, el Informe Landau sobre las nuevas contribuciones financieras internacionales proponía -ya en 2003- hasta una decena de posibles impuestos globales, en base a los cuales organizar un embrionario régimen tributario internacional.

Un Fondo Mundial de Rescate de Patentes o algo similar, más allá de cual sea su mecanismo de financiación, merece ser considerado seriamente. Se ajusta plenamente a los Objetivos del Milenio. ¿Qué debería impedir un consenso global entorno a una idea de este tipo? Las fuerzas y movimientos progresistas de todo el mundo harían bien en liderarla. Los neoliberales no tienen nada que oponer a ella. Probablemente, habría que empezar por conocer la opinión de las propias multinacionales farmacéuticas.

Se dice que a las fuerzas progresistas del mundo -de izquierda y centro-izquierda- la globalización las ha pillado de traspié, sin ideas que las distingan verdaderamente de las fuerzas conservadoras. Para desmentirlo, nada mejor que hacer propuestas audaces y ofrecerlas a propios y a extraños. Audaces no porque sí, sino porque la globalización es, en sí misma, un proceso audaz, que plantea retos desafiantes. La propuesta de un Fondo Mundial financiado con un impuesto global -que garantice una financiación suficiente, previsible y estable del mismo- puede parecernos audaz. Pero lo que hoy nos parece audaz, a nuestros nietos, probablemente, les parecerá simplemente una obviedad.

Las empresas farmacéuticas tienen necesidad de financiar una investigación cara, muy cara. Pero no debemos cargar esos costes sobre una población para la cual la disminución de los precios de la salud es absolutamente vital. Permítasenos acabar con una reflexión que uno de nosotros escribió para otra ocasión: “Siempre he creído que el beneficio que las ideologías empresariales o sociales, de derechas o de izquierdas, confieren a sus adeptos consiste en el ahorro de combustible mental que suponen y en el paraguas moral que regalan. Y que los ciudadanos pagan los costes de esos dos beneficios”.

* Publicado el 3 de enero de 2008 en el diario El País (España), Crónica: La Cuarta Página.

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