Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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REGULACIÓN y POLÍTICAS
América Latina
Colombia. Emergencia social por alto costo de medicamentos. Se busca acortar cadena de intermediarios
Editado por Salud y Fármacos
Entre las principales razones que el Gobierno esgrimió para decretar la Emergencia Social estuvo el alto costo de los medicamentos, sobre todo de aquellos que, por estar fuera de los planes de salud (no POS), los pacientes obtienen por tutela o con autorización de los comités técnico-científicos de las EPS.
El valor de todo fármaco autorizado por estas vías es recobrado por las EPS al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que administra los recursos del sistema de salud. El problema es que decenas de estos medicamentos son recobrados a valores muy superiores a los precios promedio de venta de los laboratorios.
Esta situación se ha vuelto cada vez más evidente, dado el crecimiento exponencial del valor de los recobros que debe cubrir el sistema. Según el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana, esos recobros anuales pasaron de P$4.000 millones entre 1997 y el 2000 a más de un billón de pesos en el 2008 (1US$=P$2.000 pesos).
La situación, a los ojos del Gobierno, era tan crítica que comprometía el equilibrio financiero de todo el sistema. Un estudio hecho por el Ministerio de la Protección Social, que analizó el comportamiento de los recobros entre el 2002 y el 2005, concluyó que su incremento significativo no podía explicarse ni con el aumento de afiliados al sistema ni con el ajuste de precios de los medicamentos.
Para el Ministerio, el crecimiento exponencial de estos costos, y la incongruencia en los valores unitarios, “significa que se están recobrando a cualquier precio y hacen suponer prácticas perversas en la definición de sus valores”.
Pensando en ponerles límites a esas prácticas, el Ministerio propuso entregarle a Caprecom la coordinación de una red que se encargara directamente de administrar todos los servicios no POS (incluida la entrega de medicamentos), en lugar de las EPS.
La medida buscaba acortar la cadena de intermediarios que hay entre los fabricantes de medicamentos y los pacientes, y así ahorrarle recursos al sistema.
El ministro de la Protección, Diego Palacio, ha dicho en varios escenarios que si se controla la sobreintermediación y los sobrecostos de los medicamentos, el sistema se ahorraría alrededor de P$ 400.000 millones al año.
El tema fue incluido en los considerandos del decreto 4975, que declaró el estado de Emergencia en diciembre. En ellos aparece reseñado un estudio de Afidro (que agremia a las multinacionales farmacéuticas) que, según reza el decreto, permitió “evidenciar, por una parte, que para algunos medicamentos el valor del recobro al Fosyga excede notablemente el precio de venta del laboratorio y, por otra parte, que en algunos casos, el número de medicamentos recobrados es superior al número de unidades oficialmente reportadas como vendidas por los laboratorios”.
El estudio referido indica, por ejemplo, que un medicamento para controlar el colesterol alto que, en promedio, es vendido por los laboratorios a P$5.062 la unidad, es recobrado al Fosyga a 10.056 , en promedio, la unidad.
El Gobierno fue más allá y expidió, también dentro de la Emergencia, el decreto 126, que “dictó disposiciones de lucha contra la corrupción dentro del sistema”. Entre otras cosas la norma propuso que se impusieran márgenes de comercialización a los medicamentos y se fijaran precios límite por encima de los cuales no pueden ser comprados.
Cadena de intermediarios Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, señala que la clave de los sobrecostos está en la cadena de intermediarios, que empieza con el laboratorio e incluye a distribuidores, farmacias, hospitales y EPS, cada uno de las cuales agrega precio al producto, “esto hace que los fármacos acaben siendo recobrados al Fosyga a precios desbordadamente altos”. De momento, el foco está puesto en las EPS, porque son las encargadas de cobrar las facturas finales al Fosyga.
El viceministro técnico Carlos Jorge Rodríguez sostiene que si bien es cierto que no todas las EPS le cobran caro al Fosyga, “pareciera ser más un tema de las cadenas de distribución de los medicamentos, que en algunos casos serían más largas, con más intermediarios de lo que deberían, por lo menos cuando se trata de recobros al Fosyga”. Según Minprotección, p400.000 millones al año se ahorraría el sistema de salud si se controlan los precios de las medicinas y la intermediación.
En la primera semana de abril el Minprotección les fijaría un precio máximo a 14 medicinas que no están en el POS y que las EPS recobran al Fosyga y a los departamentos. Entre otros productos están Rituximab, Bosetan, Remicade, Cenzyme y Synagis.
La acelerada carrera de los billonarios recobros de medicamentos, insumos y cirugías al Fosyga, por no estar incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen contributivo, está por terminar.
La explicación es sencilla, pero contundente: los dineros destinados por el Fosyga para atender los cobros de las EPS por lo No POS alcanzarán hasta junio; a lo sumo, un mes más.
“En julio se acabará la plata para pagar los recobros del régimen contributivo”, aseguró el ministro de la Protección, Diego Palacio, quien confía en que la Corte Constitucional le dé la bendición a la emergencia social, uno de cuyos objetivos es enfrentar la crisis financiera del sistema de salud, incluido el régimen subsidiado, que afilia a los colombianos más pobres.
El Fosyga, que depende del Minprotección, tiene presupuestados P$800.000 millones para responder por los recobros de este año; sus excedentes, que son los que alimentan ese rubro, se agotaron.
Esa cuenta, según datos del Ministerio, recibe mensualmente 170.000 recobros; el año pasado, los excedentes sumaron 900.000 millones de pesos, pero los recobros ascendieron a P$1,8 billones.
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