Los investigadores se han cansado de Elsevier. Con una petición de firmas pública, cientos de científicos han decidido iniciar un boicot al grupo editorial holandés por sus “precios desorbitados”, sus prácticas abusivas y “su apoyo a medidas como la SOPA, PIPA y la Ley de Trabajos de Investigación, cuyo espíritu es restringir el intercambio gratuito de información”. El caso no alcanzará la fama de Megauplod, pero demuestra que la ‘batalla’ por el conocimiento tiene varios frentes.

Después de años de protestas estériles contra las prácticas de Elsevier, los académicos han decidido utilizar el potencial de internet para recoger firmas contra este grupo editorial. La campaña, iniciada por un grupo de matemáticos y a la que se van sumando científicos de otras disciplinas como la Biología o la Informática, denuncia lo que cuestan las revistas y la forma en la que se venden, obligando a las librerías a comprar grupos de cabeceras, muchas de las cuales no son de interés.

“Venden las revistas en ‘fardos’ muy grandes, de modo que las bibliotecas deben comprar grupos grandes con muchos títulos que no quieren. Elsevier logra así grandes beneficios, explotando sus cabeceras más importantes a expensas del resto de revistas”, subraya la página en la que ya han firmado más de 1.500 científicos.

A pesar de eso, “cuando las bibliotecas intentan negociar mejores acuerdos, la editorial es implacable a la hora de restringir el acceso a sus cabeceras”, señala en su blog Timothy Gowers, matemático británico miembro de la Real Sociedad de Londres y una de las cabezas visibles del movimiento.

Con estas políticas, que sitúan los trabajos científicos detrás de un ‘muro de pago’, el grupo, que publica unas 2.000 revistas y 20.000 libros y es la compañía editorial académica más grande del mundo, obtuvo £724 millones (unos €865 millones) en beneficios, lo que supone un 36% de un total de £2.000 millones de ingresos en 2010.

Una ley que pone en peligro la ciencia

Además de estas prácticas abusivas, los científicos también critican el apoyo del grupo holandés a leyes como la Stop Online Piracy Act, SOPA, mundialmente famosa tras el cierre de Megaupload, la PROTECT IP Act (PIPA) y la Research Works Act (Ley de Trabajos Científicos o RWA).

Esta última, introducida en el Congreso de EE UU el pasado mes de diciembre y aún a debate, incluye la prohibición expresa del acceso abierto y gratuito a las investigaciones financiadas con dinero público. Es decir, todos los estudios y ensayos financiados por organismos como los Institutos Nacionales de Salud del país americano, los NIH, serían accesibles sólo bajo pago.

Eso significa que todo el conocimiento científico que ésta y otras organizaciones generan dejaría de estar al alcance de todos. No sólo en EEUU, sino en todo el mundo. ONGs, organizaciones internacionales, países pobres, fundaciones… ¿Quién se beneficiaría? Las editoriales. De hecho, varias publicaciones han denunciado que los dos congresistas que presentaron el texto, la demócrata Carolyn Maloney y el republicano Darrell Issa, recibieron dinero de Elsevier.

Un editorial del último número de The Lancet criticaba duramente la RWA. “Esta legislación breve y escrita a toda prisa no va en beneficio ni de la ciencia ni del público […] La publicación médica y científica beneficia a la sociedad identificando y dando espacio a conceptos nuevos y olvidados en la medicina, haciendo discriminación positiva en pos de aquellos que no tienen voz en la salud y oponiéndose a las fuerzas que socavan los valores de nuestra profesión. La RWA no hace nada de eso […] Esta mala ley debe ser rechazada”.

El proyecto, que ha recibido el respaldo de Asociación Americana de Editores (AAP, por sus siglas en inglés) y la Alianza Copyright, cuenta con la clara oposición de instituciones universitarias, la Asociación Americana de Bibliotecas y la Sociedad Internacional de Biología Computacional. Además, algunos miembros de la AAP, como el Grupo Editoral de la revista ‘Nature’ o MIT Press, han hecho pública su disconformidad aunque no han abandonado la asociación.