ADVIERTEN
Reacciones adversas e interacciones
Anticonceptivos. Las píldoras de última generación multiplican por cuatro el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. (Corbis)
El Confidencial, 24 de enero de 2013
Los ginecólogos franceses han roto el silencio. Tras saltar a la luz pública el escándalo de las píldoras anticonceptivas de tercera y cuarta generación, más de 1.300 facultativos han negado incurrir en una “prescripción excesiva” de estos medicamentos, perjudiciales para la salud según numerosos estudios clínicos, en base a las acusaciones de haber sido seducidos con suculentas comisiones de las farmacéuticas.
Las últimas generaciones de píldoras anticonceptivas “tienen el mismo efecto que las de segunda generación, pero son infinitamente más perjudiciales porque pueden generar embolia pulmonar y llegar a provocar la muerte”, explicaba recientemente a El Confidencial el francés Philippe Even, profesor emérito en la Universidad Paris Descartes y antiguo miembro de la comisión científica del Ministerio de Sanidad galo. La complicidad entre los gobiernos, médicos y laboratorios farmacéuticos es total.
Un artículo en el que Even ya apuntaba la “complicidad entre los gobiernos, médicos y laboratorios farmacéuticos” en todo este proceso de comercialización y prescripción de fármacos con un dudoso beneficio. En España, estos contraceptivos orales son comercializados por varias de las grandes empresas del sector bajo distintos nombres. La mayoría de ellas están financiadas por la sanidad pública.
Cierre de filas en apoyo a los jefes de servicio
Los ginecólogos franceses han decido emprender un camino sin retorno y 1.293 de ellos han firmado un contundente manifiesto público, bajo el paraguas de la Sociedad Francesa de Ginecología, en el que afirman “ni estar comprados ni vendidos” a la industria. “Todos nosotros trabajamos por el bien común de las mujeres, al igual que la industria farmacéutica, bajo el respeto a la ley, a la ética médica y con total transparencia. Por tanto, ni nos han comprado ni nos hemos vendido”, arremetían en el texto.
La celeridad de su pronunciamiento se debe a las acusaciones vertidas en un reportaje titulado Pilule: enquête sur ces médecins liés aux laboratoires y firmado por el periodista de investigación Pascale Krémer, en el diario Le Monde. Un texto en el que aportaba diversa documentación para demostrar los estrechos lazos e intereses económicos compartidos entre los responsables de los servicios ginecológicos de varios hospitales galos, como el de Estrasburgo o el de Cochin en París, y los grandes laboratorios que comercializan las píldoras del día después. Francia prohibirá que estas píldoras se prescriban como primera opción
“Tras la publicación del artículo del diario Le Monde en el que se acusa a nuestros colegas de profesión, los abajo firmantes, ginecólogos en la sanidad pública y privada, les manifestamos nuestro apoyo, tanto personal como profesional”, añaden los facultativos en el texto hecho público esta semana. Sin embargo, el Gobierno galo ya anunció a principios de este mes de enero que estaban preparando una modificación legal para restringir el uso de las píldoras contraceptivas de última generación, pues “presentan unos riesgos cardiovasculares para la salud mucho mayores que las píldoras de segunda generación”.
Sanidad restringe el número de prescripciones
Las intenciones de la ministra de Sanidad, Marisol Touraine, se centran en que, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los ginecólogos deberán “justificar” siempre la prescripción de esta píldora. Además, nunca se podrán prescribir como primera opción. Y es que las píldoras de tercera y cuarta generación multiplican por cuatro el riesgo de sufrir trombosis, embolias, flebitis, ictus o infartos. La federación médica critica la falta de transparencia de los organismos públicos
La Federación Francesa de Médicos ha criticado la falta de transparencia en los informes de la agencia nacional de seguridad farmacológica (ANSM). Según los datos oficiales, en 2012 solo se reportaron 133 casos de pacientes con embolia y 122 con ictus cerebrales relacionados con el consumo de estos medicamentos. “Unas cifras muy bajas que dejan al descubierto la inoperancia y la falta de transparencia del sistema de vigilancia farmacológica”, según criticaba la federación médica en un comunicado.