El escándalo por la colusión de los precios de miles de medicamentos sigue generando novedades en Chile. A las multas confirmadas para las principales cadenas de farmacias que operan en el país se le suma una millonaria demanda iniciada por el gobierno, que busca que las firmas indemnicen a los millones de pacientes estafados. La ofensiva, se suma a los juicios iniciados a varios directivos de las tres principales cadenas, que deberán dar cuenta ante la justicia por haber acordado subas irregulares cientos de medicamentos, lo que generó una estafa sin precedentes en el país.

La demanda contra Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand fue presentada el pasado viernes por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), que reclamó que las compañías “compensen a los consumidores que se vieron dañados por la colusión”, ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. El Servicio interpuso esta acción judicial colectiva luego que la Corte Suprema ratificara la determinación del Tribunal de la Libre Competencia.

El director del organismo Juan José Ossa explicó que, con esta acción, el Servicio busca “que los consumidores que sufrieron con la colusión sean compensados”. En este sentido, el directivo detalló que existen dos grupos de pacientes damnificados, el primero integrado por aquellos que tuvieron que pagar de más por los medicamentos (cuyos precios aumentaron artificialmente), y el segundo integrado por quienes se vieron impedidos de adquirir medicamentos a causa del alza artificial y debieron abandonar sus tratamientos, o bien debieron utilizar medicamentos de peor calidad.

En el primero de los casos, el SERNAC quiere que se les pague el perjuicio económico provocado por el sobreprecio que pagaron, mientras que a los segundos se buscará una compensación más simbólica.

“No se puede aceptar que las empresas lucren a costo de miles de afectados, enriqueciéndose ilícitamente, y que los afectados no reciban ningún tipo de compensación”, dijo Ossa. Sobre este particular, añadió que las multas que pagaron las farmacias por orden del Tribunal de la Libre Competencia y de la Corte Suprema fueron a beneficio fiscal, por lo que ahora toca que se compense a quienes sufrieron los daños.

Cabe recordar que las tres cadenas fueron acusadas de manejar arbitrariamente el precios de cientos de productos, y condenadas a pagar una multa al gobierno, que rondó el millón de dólares.

Además, existe un proceso legal para determinar las responsabilidades de varios directivos. En este sentido, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se prepara para la discusión que se desarrollará desde el 4 de abril en el juicio oral en que se quiere imputar a 10 personas vinculadas a las farmacias y al laboratorio Medifarm.

El fiscal Luis Inostroza reconoció que “a principios de abril tenemos la audiencia de preparación del juicio oral. Principalmente se expondrá una buena cantidad de correos electrónicos y testigos que declararían en el juicio”. El persecutor agregó que “dada la calidad de las pruebas, el juicio debería durar alrededor de un mes, pero eso va a depender de las pruebas aprobadas por el tribunal”.

Los imputados están acusados del delito de de alteración fraudulenta de precios, pero los querellantes quieren que se les juzgue por asociación ilícita.