Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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ECONOMÍA Y ACCESO
Precios
Perú. Clínicas y precios de medicamentos
Roberto López Linares
La Primera, 24 de diciembre de 2012
Es oportuno insistir en los problemas que representan para los usuarios los precios de las medicinas y la atención que merece el mercado farmacéutico en general y algunos segmentos en particular. Es conocido que la población que accede a Seguros privados es un porcentaje reducido, comparado con la población que se atiende en Seguros y servicios públicos, pero cuyos intereses también deben ser cautelados por el Estado. El reportaje de Panorama (2.12.12) reiteró las denuncias que hacíamos desde AIS- REDGE en cuanto las farmacias de las clínicas privadas cargaban, para un mismo medicamento, un precio varias veces más alto que el de otras farmacias privadas. Para concretar el problema, encontramos por ejemplo que el Rocephin (marca original de la ceftriaxona iny. 1 gr.) cuesta en una clínica privada hasta S170.00 (1US$=S2,59), mientras que en otras farmacias privadas se encuentra hasta por S42,00. La misma marca; no comparamos genéricos con marca original. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Propietarios de clínicas privadas han argumentado que esto ocurre para que los asegurados puedan recibir los otros servicios a un precio bajo, lo que amerita un análisis y monitoreo de lo que están haciendo las aseguradoras y clínicas privadas, en defensa de los intereses de los asegurados.
Esto animó a los directivos de la SUNASA y DIGEMID a visitar clínicas privadas para inspeccionar los hechos denunciados como “sobrevaloración de precios”. A los tres días de esta acción, el jefe de SUNASA fue destituido (15.12.12); no se sabe si ocurrirá lo mismo con los jefes de la DIGEMID.
Pareciera que existen fuerzas ocultas que siempre están presionando a los gobiernos –cualquiera que sea– para que no se examine con profundidad lo que ocurre en el mercado farmacéutico y particularmente con relación a lo que hemos denominado la “jungla de precios”. Se imponen precios altos sin otra justificación que la de optimizar las utilidades de las empresas farmacéuticas (productores, importadores y minoristas), afectando las posibilidades de acceso de la población que paga de su bolsillo, y no solo de aquellos que tiene un seguro privado, sino de poblaciones en situación de pobreza que no poseen la información o el asesoramiento profesional ético que le permita comprar lo más conveniente para sus economía. El Estado tiene la obligación de proteger a los usuarios, no desde un punto de vista asistencialista o paternalista, sino poniendo reglas claras que eviten los abusos del mercado.