Se habla, por primera vez, de “farmacias comunales” o de “farmacia justa”. Comenzó en Recoleta, una de las 37 comunas de Santiago de Chile. El alcalde Daniel Jadue, uno de los siete alcaldes comunistas de Chile, inauguró allí el 15 de octubre la primera “farmacia popular” del país.

El establecimiento es disponible solo para residentes con recetas al día y para fármacos que no se entreguen en consultorios públicos. De los 150.000 recoletanos, inicialmente se inscribió un grupo de 250 personas.

Desde entonces, la “Farmacia Popular Ricardo Silva Soto”, por su nombre completo, ha ido generando un agudo debate enChile sobre el negocio de los medicamentos.

A las puertas de las elecciones municipales el próximo año, alcaldes de distintos colores políticos y en diferentes ciudades anuncian iniciativas similares. La iniciativa también encontró decidido apoyo en voz de la ministra de Salud de Chile: “Vamos a respaldar a las farmacias populares”, dijo Carmen Castillo en la Cámara de Diputados.

Que el Legislativo realizara una sesión especial sobre el tema es otra muestra del impacto de la iniciativa. La ministra planteó dar curso a una modificación legal que fortalezca la venta de remedios en los municipios.

Incluso una de las tres farmacias privadas de mayor participación en el mercado salió a pedir que se establezca un mecanismo único de adquisición de fármacos, para bajar ellos también sus precios. Argumentan que los laboratorios les cobran más a ellos que a Cenabast, el organismo fiscal que adquiere los remedios para el sistema público.

El mismo remedio, mucho más barato
La farmacia popular generó su primer impacto al revelar un cuadro comparado de precios de medicamentos. Las diferencias son evidentes.

La conocida “aspirina” de 100mg, por ejemplo, cuesta US$1,7 en la farmacia popular y US$8,6 en una farmacia común. Un antihipertensivo como “Hidroronol T” cuesta US$14,4 en la popular, y entre US$152 y US$195 en otros locales.

La lista circula profusamente en medios y redes sociales, y las diferencias de precios sorprenden a los ciudadanos de Chile. “No es raro que se plantee una iniciativa como la farmacia popular en Chile, donde el mercado farmacéutico ha sido difícil de regular”, le dice a BBC Mundo la politologa Constanza Sweet.

En Chile, hay dos canales de venta de remedios. El Estado opera a través de Cenabast, que abastece al sector público y por lo tanto cuenta con el poder de compra para bajar los precios de los laboratorios.

En el sector privado, los laboratorios venden a las “droguerías” o grandes distribuidoras, que a su vez venden a las farmacias. Cada una de esas tres partes genera un costo y una ganancia, y esos montos inciden en el precio que paga el consumidor, explica Sweet.

En Chile, el 90% del mercado lo controlan tres grandes cadenas: Cruz Verde, asociada a la mexicana Femsa; Farmacias Ahumada, de la estadounidense Walgreens, y la chilena Salcobrand.

La farmacia popular enfrenta también sus oponentes. Un senador de la oposición calificó la idea como “demagogia de la izquierda”. Dos veces, los años 1995 y 2008, [grandes cadenas] fueron condenadas por colusión de precios.

Lo que hizo Recoleta para disminuir los precios en la farmacia popular fue tomar el mismo dinero que ya empleaban en comprar remedios para sus vecinos en las grandes farmacias, y usarlo en cambio para adquirir los fármacos a la estatal Cenabast, negociar directamente con los laboratorios o importar medicamentos desde el extranjero.

Comprando de acuerdo a las recetas de sus vecinos, la farmacia popular funciona en la práctica como un canal de compra y venta, sin fines de lucro.

Farmacia popular ¿inconstitucional?
Un senador de la oposición calificó la idea como “demagogia de la izquierda”, pues los sectores más vulnerables pueden acceder a remedios gratuitos en el servicio público.

En las editoriales de los dos principales diarios de Santiago, se criticó que el proyecto generará expectativas desmedidas, que los medicamentos estarán subsidiados, y, aunque serán baratos para los usuarios, a la larga, el costo para el municipio será mayor. Más grave aún, se acusa de que la idea podría contravenir la debatida Constitución vigente.

Los municipios pueden comprar medicamentos como “acción social”, pero están impedidos, igual que todo el Estado de Chile, de incurrir en cualquier actividad empresarial. Si así lo fuera, se requeriría una autorización expresa, aprobada por ley de quórum calificado con los votos de 3/4 de ambas cámaras del Congreso de Chile.

“Son muchos los países donde el Estado interviene como actor, negocia y logra disminuir el precio de los medicamentos”, dice Sweet.

“Es una de las herramientas que tienes para lograr que los medicamentos lleguen a mejor precio a la población. Pero en Chilecada vez que entra el estado, se toma como si fuera un asunto ideológico. En Chile, lo que tiene que ver con el Estado se toma como blanco y negro. No es así. En el mundo, esta discusión es gris”.

De los 250 vecinos originales, Recoleta ya suma 1.500 inscritos en su farmacia popular. En el primer seminario que organizó para explicar la iniciativa, asistieron más de 130 municipalidades.