La falta de control en los precios de los medicamentos en Colombia obligó a que la Procuraduría General de la Nación instaurara una acción popular para que el Gobierno, principal afectado, regule el precio de todos los medicamentos.

Según el ente de control, el inadecuado seguimiento a este régimen le puede significar sobrecostos anuales al sistema de salud por más de Pco600.000 millones (1US$ =Pco3.302, 88).

El informe de la Procuraduría indica que, de 74.696 medicamentos, el 73,49% no está regulado y el 24% está reglamentado para recobros por el precio de referencia internacional – PRI, que es más alto que el precio nacional.

Para revertir la problemática, el control deberá ser en todos los canales de distribución, que incluyen los adquiridos con recursos públicos de la seguridad social en salud y los medicamentos vendidos de forma directa al público, a través de droguerías y farmacias.

“La falta de regulación y la violación a las reglas existentes está generando que los usuarios paguen a droguerías y laboratorios hasta más de 100 veces por los medicamentos que necesitan, así como también lo está haciendo el Estado en el momento en que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), usa recursos públicos para realizar estos pagos”, advirtió el Ministerio Público.

La Procuraduría presentó documentos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los que se evidencia que entre 2018 y 2019 los sobrecostos en mayoristas, Entidades Promotoras de Salud (EPS), y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) alcanzaron hasta el 11.66 %.

Ejemplo de ello, el ente de control encontró que en el primer trimestre de 2019 diferentes IPS vendieron medicamentos, particularmente a Entidades Promotoras de Salud, en los canales institucional y comercial, superando los precios hasta en 865%.

¿Qué buscan?
La petición de la Procuraduría con el informe es adoptar medidas que permitan fijar una nueva política farmacéutica y expedir las reglamentaciones que garanticen los derechos de los usuarios, el control sobre la adquisición de medicamentos con recursos públicos y privados, la defensa del interés general y el acceso de la población a los medicamentos en condiciones de equidad.

También aclaró que velará por el reintegro de los recursos propios del Estado, que fueron apropiados por los mayoristas de forma ilegal, en los sobrecostos de venta de medicamentos, violando el régimen de control de precios existente.

Invitó a la Superintendencia de Industria y Comercio a que investigue y sancione. También a la Comisión Nacional de Precios, Medicamentos y Dispositivos Médicos para controlar los precios de los 12 medicamentos que más tienen afectados los recursos públicos.