Investigaciones

El COVID-19 trajo a la luz una sindemia^[1] que cotidianamente pone al sector salud a prueba en diferentes niveles de acción.

Los que toman decisiones gubernamentales en todo el mundo y los líderes de las compañías farmacéuticas que han desarrollado vacunas con resultados hasta ahora favorables en términos de eficacia y seguridad, tienen la oportunidad de hacer lo éticamente correcto: actuar con conciencia colectiva para superar este desafío global de manera equitativa, asequible, oportuna y basada en evidencia.

Desde noviembre pasado varias compañías farmacéuticas, cuyos candidatos a vacuna se están utilizando en ensayos clínicos de fase III, empezaron a difundir resultados de sus análisis intermedios [1]. Ante tales resultados, aceleraron el proceso de solicitud de autorización para uso de emergencia ante las agencias regulatorias de algunos países. Este proceso ha sido consecuencia de una prelación que tanto gobiernos como fabricantes han otorgado a negociaciones bilaterales de compra-venta, sin tener en cuenta el mecanismo multilateral COVAX y el Banco de Acceso a Tecnología COVID-19 (C-TAP, por sus siglas en inglés) el cual busca superar las barreras de la propiedad intelectual por la pandemia.

Ambos grupos de decisores están a tiempo de cambiar este enfoque nacionalista y centrado en una dinámica de mercado por una estrategia que aumente el acceso a las tecnologías sanitarias para Covid-19 con una perspectiva de bien público global (gratuitas para la gente, distribuidas equitativamente y con base en las necesidades). En términos prácticos, esto significaría orientar esfuerzos y decisiones hacia la ampliación de la fabricación de vacunas contra el Covid-19 para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas para el beneficio del mundo entero [2].

La importancia de orientar esfuerzos para aumentar sustancialmente la cantidad de dosis de vacunas disponibles se deriva de las cifras de compromiso de producción informadas por los laboratorios [3]:

Los países que están fuera de estos grupos de adquisidores deberán esperar a obtener vacunas a través del mecanismo COVAX o iniciar también negociaciones bilaterales con las compañías farmacéuticas, lo cual, como ha advertido la OMS, podría resultar en un incremento del precio que pagarían por estas tecnologías sanitarias [5]. La aparente disyuntiva frente a la que se encuentran los países carece aún más de sentido si se tiene en cuenta, a manera de ejemplo, que estas tres vacunas han recibido más de US$5.000 millones en financiación pública.

Hay diferentes oportunidades para lograr la cooperación global, que estaría en consonancia con el cumplimiento de la obligación que tienen todos los Estados de abstenerse de realizar acciones que podrían afectar negativamente el acceso a vacunas en otros lugares, y de cooperar y proporcionar asistencia a los países que lo necesitan [6]. Por ejemplo:

La acogida y éxito de los ejemplos (a) y (b) no sólo aceleraría la I+D y maximizará la capacidad de fabricación, sino que también haría que los productos fueran más asequibles al permitir que la competencia genérica contribuya a reducir los precios [2]. Acabaría con las peleas entre los gobiernos por obtener la cantidad máxima posible y lograría una distribución más equitativa. Como lo ha expresado la Dra. Mohga Kamal Yanni, de The People’s Vaccine Alliance “El sistema actual, por el que las empresas farmacéuticas investigan utilizando fondos gubernamentales y para maximizar sus ganancias mantienen sus derechos exclusivos y el secreto sobre su tecnología, podría costar muchas vidas” [6]

El desafío del acaparamiento
Algunos países han adquirido una cantidad de vacunas suficiente como para vacunar a toda su población de 3 a 5 veces, mientras que otros ni siquiera están en una lista de recepción de vacunas. Los efectos de este marcado desbalance tendrán consecuencias globales. El hecho de que sanitariamente un 14% de la población haya reservado el 53% de las vacunas genera preocupación por el retraso potencial para que personas en situación de riesgo en países de bajos y medianos reciban vacunas [6], si no se toman medidas como las mencionadas anteriormente.

Como hemos dicho, los efectos económicos incluyen el aumento de los precios que pagan los Estados por las tecnologías para la salud, y el retraso en la recuperación de la economía global. Según informó hace poco el Foro Económico Mundial, este retraso le costaría a los países de altos ingresos US$119.000 millones anuales [4].

Considerando que esta actitud no es nueva (ocurrió lo mismo en la crisis del VIH/Sida y en el caso de la H1N1), sería bueno hacer una evaluación histórica de lo sucedido, analizar los factores que siguen generando inequidad y utilizar estrategias diferentes que puedan contribuir a lograr los objetivos deseados.