Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Políticas
Ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa mueven alguno de los cuatro proyectos para abaratar los fármacos.
Todos los esfuerzos para que en plena pandemia se logren abaratar los costos de los medicamentos, pese a que hay una mayor preocupación de las personas por la salud y el consumo de algunas líneas de medicamentos, quedaron disipados para este año.
Por un lado, el discutido proyecto de decreto, que buscaba obligar a profesionales de la salud a recetar en primer orden aquellos medicamentos genéricos, en lugar de los de marca, como suele suceder en las consultas médicas, se lo guardará el Ministerio de Salud hasta el próximo año.
Por otro lado, los cuatro proyectos que buscan abaratar los costos de las medicinas, incluyendo el que pretende eliminarles el impuesto de ventas -que ya empezó a cobrarse- tampoco han sido convocados por el Poder Ejecutivo, ni se han dado los acuerdos entre los legisladores para colocarlos en los primeros lugares.
Las personas proponentes de los proyectos legislativos se preguntan cómo es posible que cuándo más se requiere bajar los costos de los fármacos por el COVID-19, esto no sucede.
El decreto que busca abaratar llamado “Reglamento de Prescripción de Medicamentos de Conformidad con su Denominación Común Internacional (DCI) para el mercado privado costarricense”, obliga a profesionales de la salud a que receten los fármacos por su principio activo y no por marca, a fin de generar competencia en el mercado.
Este decreto se pretende aplicar a todos los medicamentos disponibles en el mercado privado costarricense y obliga a acatarlo a médicos, farmacéuticos, odontólogos y obstetras que prescriben medicamentos de uso en humanos en el territorio nacional.
Este reglamento no aplicaría para medicamentos de venta libre y “a los que contengan más de tres principios activos”.
Una vez elaborada la última propuesta de decreto, en octubre de 2019, el Ministerio de Salud no se refirió más sobre el tema, hasta ahora cuando fueron consultados por UNIVERSIDAD sobre las medidas tendientes a reducir los precios de las medicinas en plena pandemia.
La oficina de prensa respondió, mediante correo electrónico, que trabajan para incrementar el número de medicamentos, que pueden incorporarse a esta modalidad de receta, lo que ha retrasado la presentación del decreto.
“Para que esto suceda es necesario que existan medicamentos bioequivalentes o bioexentos. En esta línea se trabaja en fortalecer la lista de fármacos con estas características, dado que actualmente dicha lista tiene 49 y la mayoría de ellos son utilizados, especialmente, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”, indicó.
Debido a este trabajo, el ente rector asegura que necesitará más tiempo para poder finalizar y poner en vigencia la medida.
“Desde la Dirección de Productos de Interés Sanitario se realizan las gestiones para la recepción de los estudios por parte de los entes privados para comprobar la respectiva bioexención o bioequivalencia. Este trabajo, desarrollado durante el 2020, permitirá la emisión del decreto en el 2021, con el respectivo respaldo de medicamentos que puedan recetarse por DCI”, detallan las respuestas.
Proyectos legislativos sin convocar
Mientras el decreto se mantiene en suspenso hasta el 2021, desde la Asamblea Legislativa están a la espera otros cuatro proyectos, que buscan regular los precios de los fármacos. Esa lista la encabezan los legisladores Walter Muñoz (PIN), Welmer Ramos (PAC) y Franggi Nicolás (PLN).
Sin embargo, ni la propuesta del oficialista Ramos ha sido convocada por el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa ningún legislador apoya subir estas iniciativas a los primeros lugares, ni siquiera por la crisis de salud generada por el nuevo coronavirus.
“Los temas están detenidos para favorecer a las farmacéuticas, que son una de las grandes ganadoras de la pandemia. Nos decían que el mercado ponía el precio y abarataba el costo, lo cual no es cierto, porque hay estructuras monopolísticas, como la nuestra, donde los dueños de farmacias pueden ser los mismos de la competencia”, afirmó el diputado Muñoz.
El legislador Ramos dijo que su propuesta se ha visto retrasada porque en la Asamblea Legislativa no lo consideraron “un tema de pandemia”.
“Cuando se habló de proyectos para la pandemia, los diputados dijeron que los proyectos que ya estaban no entraban en esta categoría, que tenían que ser nuevos. Desde ahí hubo rechazo de seguir viendo ciertos proyectos, porque aquí adentro hay diputados y diputadas que se oponen a algunos cambios, lo cual es infundado”, aseguró.
No es prioridad para los gobiernos
El poco avance de los proyectos, por parte tanto del Ejecutivo como del Legislativo, presagian un difícil camino para que el costo de adquirir medicamentos en el país sea menor.
Según la bioeticista y farmacéutica, Gabriela Arguedas Ramírez, esta actitud sigue la línea de recientes gobernantes, quienes postergan la toma de decisiones sobre el tema.
“No ha sido un tema prioritario para ningún gobierno en los últimos 25 años. Creo que hay que poner la mira en el cabildeo de las grandes corporaciones, porque una de las raíces está en el precio que ponen las empresas farmacéuticas para que el producto entre al país y, a partir de ahí, se suman todos los porcentajes que vienen a través de toda la cadena”, aseguró Arguedas, quien es profesora de la UCR.
Ella considera que la iniciativa del Ministerio de Salud, aunque con buenas intenciones, se queda corta en atender el problema real que enfrenta el país.
“Algunas de estas directrices han sido recomendadas por la OPS y otras instancias, pero creo que están obviando temas importantes como cuál es el precio que ponen las empresas farmacéuticas a la entrada de los medicamentos al país. Hay una enorme diferencia entre el precio en otros países y en Costa Rica; ahí es donde empieza a inflarse el precio y eso no cambia por prescripción de principio activo”, explicó.
Precios suben sin regulación
Por su parte, el presidente de la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes (Afaprofaco), Horace Strickland Torres, aseguró que la crisis sanitaria ha dejado de manifiesto el poco control que hay sobre el mercado de medicamentos.
“Los precios han ido subiendo y eso es un problema, porque al no haber control en una situación de pandemia como esta, no hay regulación ni un ente que dictamine si es justo o no estos aumentos en los precios”, afirmó.
Para el doctor, es urgente que el Gobierno se pronuncie sobre el tema y permita, de esta forma, el acceso más barato a los fármacos.
“Es importante que se retome la discusión, especialmente ahora que la población está tan golpeada a nivel general y que hay menos ingresos. Algunas farmacias en la Gran Área Metropolitana han visto más ventas, pero otras en zonas rurales no tienen ingresos o apenas se están reactivando. No puede dejarse de lado esta discusión porque los medicamentos son un bien esencial”, señaló.
La propuesta de Franggi Nicolás: Fijar topes máximos a las ganancias
La propuesta de Walter Muñoz: Eliminar el IVA y establecer margen de utilidad a distribuidores
La propuesta de Welmer Ramos: Iguales condiciones para las cadenas y farmacias independientes
Cefa: de los Garnier al grupo Cuestamoras. Empresa dominante del mercado de medicamentos forma parte de influyente grupo sobre Gobierno
Según datos del IMS Health, para marzo del 2018 la distribuidora farmacéutica se dejaba el 33% del mercado de medicamentos en el país.
Con la adquisición de Cefa Central Farmacéutica, Farmacias Eos, Nueva Farmacia Fischel y Laboratorios Internacionales Labin, Cuestamoras Salud, parte del grupo empresarial AED logró dejarse un 41% de presencia en el mercado farmacéutico costarricense (Fotografía: Sitio web Cuestamoras Salud).
El mayor distribuidor farmacéutico del país, Central Farmacéutica S.A. (CEFA), es parte de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), el influyente grupo de empresas cercano a Casa Presidencial.
Su ligamen se da a través de la compañía Cuestamoras, que, por medio de su división de salud, se hizo con la mayoría de las acciones de la farmacéutica en el 2015.
CEFA S.A se posiciona como la distribuidora más poderosa en el mercado de medicamentos costarricenses. Según datos de la consultora internacional IMS, a marzo del 2018 abarcaba el 33,04% de su sector, con ingresos por alrededor de US$181 millones.
“Somos la empresa líder en distribución que comercializa más de 5 mil productos farmacéuticos y 2 mil productos de consumo, llegando a más de 14 mil clientes en todo el territorio costarricense”, se autodefine en su sitio web.
La historia de esta poderosa compañía se remonta a 1955, cuando Norval Garnier Oreamuno, tío del actual ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier Kruse, la fundó. Precisamente, el jerarca se desempeñó como su gerente general y presidente durante 25 años, de 1970 a 1995.
Como parte del proceso de expansión de CEFA, en el 2007, adquirió las farmacias Fischel, luego de que estas enfrentaron una crisis económica por el sonado escándalo “Caja – Fischel”. De esta forma, aumentó su presencia en suelo nacional, tanto mediante la distribución como la comercialización de medicamentos.
En el 2011, la empresa chilena Socofar adquirió la mitad de las acciones de la distribuidora nacional, manteniendo a partes iguales con la familiar Garnier su control.
Esta alianza duró cuatro años, ya que para el 2015, el grupo empresarial Cuestamoras adquirió los negocios Cefa–Fischel mediante una transacción que, según medios chilenos, habría rondado los US$300 millones, aunque el monto no fue confirmado por ninguna de las partes.
De esta forma, Cuestamoras se hizo con el control de las sociedades Cefa Central Farmacéutica, Farmacias Eos, Nueva Farmacia Fischel y Laboratorios Internacionales Labin, que, en su conjunto, aglutinan el 41% del mercado farmacéutico del país.
El conglomerado de empresas es parte de Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), el influyente grupo cercano al gobierno, del cual ha dado cuentas UNIVERSIDAD en anteriores ediciones y donde Philippe Garnier, hijo del ministro André Garnier, figura como secretario.
UNIVERSIDAD buscó la versión de CEFA; sin embargo, al cierre de edición no fue posible contar con una respuesta.
Multa por prácticas monopolísticas
La concentración de mercado que posee CEFA – Fischel llevó a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) ha determinar, en el 2018, que el grupo farmacéutico incurrió en “prácticas monopolísticas anticompetitivas”, luego de una denuncia presentada en el 2012 por la Compañía Farmacéutica S.A. (Cofasa).
El voto 091-2018 estableció inicialmente multas para la corporación por un total de ₡11.800 millones. Esta cifra se dividió en ₡8 mil millones a (1US$=₡728,5) Cefa Central Farmacéutica S.A, ₡110 millones a Nueva Sai Productos Farmacéuticos S.A., ₡636 millones a Farmacias EOS S.A y ₡2 mil millones a Nueva Farmacia Fischel S.A.
«Con el fin de corregir los efectos anticompetitivos de la situación identificada, se establece, para las farmacias del grupo CEFA (Nueva Farmacia Fischel), no establecer precios a nivel de farmacia que estén por debajo de los precios mayoristas brindados por los agentes de las droguerías del mismo grupo económico», señala el voto de la Coprocom.
Posteriormente, Coprocom aseguró que “conoció los recursos presentados por las partes y los montos de las sanciones fueron reconsiderados”, con lo que el total de la sanción se disminuyó en ₡2 mil millones, quedando finalmente en ₡9 mil millones.
Suspicacias por vacaciones
La antigua relación de Garnier con CEFA y un reciente préstamo de una casa para vacacionar ha generado suspicacias.
El ministro de Enlace con el Sector Privado prestó su apartamento al jerarca de Salud, Daniel Salas, para que viajara con su familia a Faro Escondido de Herradura de Puntarenas, del 31 de julio al 2 de agosto.
Según confirmó el Ministerio de Salud a Diario Extra, el préstamo se debió a “la relación personal de amistad entre los ministros y no hubo pago de por medio por el uso de dicha vivienda”.
Consultado por UNIVERSIDAD, sobre la conveniencia de aceptar, por parte del Ministro, una invitación de un exdirector de Cefa, como fue Garnier, a su residencia de veraneo, cuando la propuesta de decreto de acceso a medicinas más baratas está detenida, a lo que respondió mediante correo electrónico la oficina de prensa de Salud que “el decreto no está detenido, se trabaja en fortalecerlo”.
Consultado por UNIVERSIDAD, sobre este hecho, el diputado del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, calificó de “graves” los antecedentes que rodean el préstamo de la casa de playa entre Salas y Garnier.
“Me parece que si se comprueba el hecho es sumamente grave que una persona que ocupa un puesto público, como la rectoría del sector salud, esté ligado a una persona que tiene relaciones con una farmacéutica. No solamente hay una falta a la ética, sino que también habría que ver si hay conflictos de interés”, aseguró.
Muñoz agregó que, en otros momentos, situaciones similares derivaron en que los ministros involucrados debieron abandonar su puesto, por lo cual no descarta solicitar esta medida si se comprueba algún acto más allá de la estadía en el apartamento
“Si hay un favor debería renunciar, porque no procede estar ligado a ninguna persona que tenga una actividad empresarial y, sobre todo, en un negocio tan rentable como el de los medicamentos. En el pasado, a un expresidente de la CCSS le regalaron una casa y tuvo que renunciar; en este caso, sería un préstamo, entonces aplica el mismo hecho”, afirmó.
Mediante una certificación de Registro Nacional, el ministro André Garnier hizo constar que su participación como miembro de Central Farmaceutica S.A terminó en junio de 1995.
“En esa fecha salí y me desligué totalmente. No tengo ningún vínculo de ninguna especie, ni con CEFA, ni ninguna de sus empresas relacionadas. Ninguno de los Garnier tiene alguna participación en la empresa”, explicó el ministro en un mensaje de texto.
