EE UU y Canadá

Para proteger a los estadounidenses de este temido virus, nuestro gobierno federal necesita asegurarse de que las patentes no obstaculicen el acceso a los medicamentos.

Mientras se distribuye la primera vacuna contra el COVID-19, millones de estadounidenses conocedores de los precios estafadores de las grandes empresas farmacéuticas se preguntan si su costo les impedirá el acceso.

Aunque se promociona como “gratis”, los contribuyentes ya pagaron una vez por la mayoría de las vacunas y los que tienen seguro médico pagarán de nuevo a través de las primas y cuotas, mientras que a los no asegurados se les podría cobrar una y otra vez.

Los contribuyentes estadounidenses han pagado la factura de gran parte de la investigación, el desarrollo y la fabricación de estos productos médicos, pero no tienen ni voz ni voto en cuanto a su precio y distribución porque las empresas farmacéuticas utilizan los monopolios legales que les concede el gobierno a través de las patentes para cobrar el precio que quieren.

Para proteger a los estadounidenses de este temible virus, así como a las inversiones que han hecho, nuestro gobierno federal debe utilizar los instrumentos a su disposición para garantizar que las patentes no obstaculizan el acceso.

Las leyes federales existentes desde hace mucho tiempo le otorgan esta autoridad, y un historial de crisis nacionales demuestra lo importante que puede ser este instrumento para lograr respuestas rápidas y eficaces.

Las patentes se conceden para estimular el desarrollo de nuevos inventos, dando al inventor un monopolio de 20 años. El control que ejerce el monopolio puede limitar la oferta y el acceso a tecnologías esenciales. La Sección 1498 del código estadounidense permite que el gobierno facilite la competencia de los productos genéricos, y que los titulares de las patentes reciban a cambio regalías razonables.

La disposición de los legisladores a invocar el artículo 1498 logró que Bayer aumentara la producción y redujera a la mitad el precio de la ciprofloxacina durante la alarma de ántrax posterior al 11 de septiembre, y ayudó a convencer a Roche para que autorizase la fabricación de oseltamivir genérico (Tamiflu) durante la pandemia de gripe aviar de 2005.

La historia muestra el camino a seguir
La acción decisiva del gobierno en materia de patentes fue fundamental en la respuesta nacional durante la primera y segunda guerras mundiales. Al comienzo de la primera guerra mundial, EE UU estaba muy por detrás de Europa en tecnología aeronáutica, en parte porque las empresas aeronáuticas estadounidenses pasaron los primeros años del siglo XX discutiendo sobre patentes.

Para salir de este callejón sin salida, el Congreso autorizó a la Marina de EE UU a tomar el control de las patentes problemáticas; esta amenaza por sí sola indujo a la industria a fundar la Asociación de Fabricantes de Aviones, permitiendo la construcción de una fuerza aérea competitiva.

Durante la segunda guerra mundial, el jefe federal antimonopolio, Thurman Arnold, criticó un acuerdo entre Carl Zeiss y Bausch & Lomb, los dos principales titulares de patentes en tecnología de lentes ópticas, que restringió el suministro estadounidense de óptica militar, incluyendo visores de bombas, conductores de torpedos y más.

Ni siquiera el patriotismo tras Pearl Harbor logró sobreponerse a las ganancias. El inicio de la guerra hizo que muchos de los acuerdos del gobierno resultaran injustificados dadas las cantidades producidas en tiempos de guerra; sin embargo, algunos titulares de patentes se negaron a renegociar.

Los conflictos entre las patentes y las apremiantes necesidades públicas llevaron al Congreso a aprobar la Ley de Ajuste de Regalías de 1942 para modificar los derechos en materia de patentes durante la guerra.

Al apoyar la promulgación de esa ley, el Senador Homer T. Bone explicó que las patentes “deben estar subordinadas al esfuerzo supremo al que nos enfrentamos. Está claro que en esta hora de prueba no se puede insistir en el lucro sin provocar la destrucción de la moral”.

La victoria que buscamos ahora, no en el campo de batalla sino contra un virus, exige una intervención urgente parecida a aquella para salvar vidas.

COVID-19 no deja de ser una prueba. La historia demuestra que no se puede esperar que los monopolistas antepongan el bien público a las ganancias.

Los contribuyentes financiaron la investigación
Gilead cobra US$3.200 por su medicamento Remdesivir, un precio escandaloso para un fármaco que se ha desarrollado con el dinero de los contribuyentes y que sólo ha demostrado aportar un modesto beneficio. Al menos un fabricante de vacunas ha reconocido que los contribuyentes financiaron totalmente su vacuna, y sin embargo va a ganar más de US$1.500 millones sólo con los primeros 100 millones de dosis.

Mientras tanto, la administración y el Congreso no hacen nada. El gobierno federal debe cumplir con su obligación moral de garantizar que las patentes no interfieran con una respuesta nacional rápida y efectiva. El cabildeo de las grandes farmacéuticas y las contribuciones a las campañas políticas lo han hecho inmune a una acción federal seria que priorice a los pacientes.

En este momento, para garantizar que las patentes no constituyan un obstáculo, el Congreso y la administración deben tomar medidas en por lo menos dos frentes. El primero es la transparencia: las empresas han ocultado repetidamente la financiación federal a la I+D de medicamentos esenciales patentados y han ocultado los datos de los ensayos de fármacos como el Remdesivir.

El público merece saber qué derechos tiene en materia de medicamentos y tecnologías esenciales, así como el valor de esas tecnologías.

En segundo lugar, si los titulares de las patentes no consiguen que los medicamentos sean accesibles, a un precio razonable y que se produzcan en cantidades suficientes, deberían emplearse instrumentos jurídicos como la Sección 1498.

En el pasado, Estados Unidos tomó medidas inmediatas para asegurar que su respuesta coordinada no se viera obstaculizada por intereses privados. Hoy se necesitan medidas igualmente decisivas para garantizar la salud y la seguridad de todos los estadounidenses.

El representante Lloyd Doggett, Demócrata de Texas, preside el Subcomité de Medios y Arbitrios en Salud. Charles Duan es un miembro principal (senior fellow) del equipo de políticas del Instituto R Street. Enfoca su investigación en temas de la propiedad intelectual.