EE UU y Canadá

Una investigación bipartidista del congreso publicada el miércoles descubrió que, desde 1997, actores clave en la industria nacional de los opiáceos han invertido US$65 millones en fundar organizaciones sin fines de lucro que promuevan el tratamiento del dolor con medicamentos, una estrategia pensada para aumentar las ventas de analgésicos de venta con receta.

El informe de los senadores Chuck Grassley de Iowa y Ron Wyden de Oregon descubrió que los aportes se mantuvieron en los últimos años, incluso mientras se intensificó el escrutinio de las prácticas de la industria y los estragos por la adicción a los opioides.

Los senadores, el demócrata y el republicano de mayor nivel del Comité de Finanzas del Senado, están considerando leyes para ampliar el sistema federal que rastrea los pagos que hacen las empresas a los médicos, para incluir los pagos a organizaciones sin fines de lucro.

Además, quieren crear pautas para exigir más transparencia en los grupos de trabajo y paneles federales que ayudan al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU a desarrollar políticas.

“Hemos descubierto que la posibilidad de que los donantes influyan podría y ha socavado los esfuerzos de desarrollar y defender las buenas políticas”, expresó Grassley. “Cuando se trata de los opioides, necesitamos asegurar que haya transparencia y responsabilidad para prevenir lo que, en este caso, derivó en un grave malentendido público sobre los riesgos de estos medicamentos altamente adictivos.”

Los opioides incluyen a fármacos de venta con receta como el OxyContin y el Vicodin, así como también a drogas ilegales como la heroína y el fentanilo sintético. Desde el año 2000, en EE UU se han asociado a 470 000 muertes. En una investigación del 2016, The Associated Press y el Center for Public Integrity hallaron que los productores de opioides estaban apoyando a grupos de activistas que fomentaban el acceso a los medicamentos.

Para el informe publicado el miércoles, los ayudantes de cada senador analizaron los registros financieros de 10 grupos de activistas que habían apoyado el acceso a fuertes analgésicos de venta con receta entre 2012 y 2019. La investigación adjuntó los resultados nuevos a las investigaciones previas del Senado que habían rastreado información similar desde 1997.

El informe del miércoles identificó una serie de conexiones entre las contribuciones y el trabajo realizado por estos grupos.

En 2017, uno de los grupos, la Alliance for Patient Access, se hizo cargo de la Alliance for Balanced Pain Management, un proyecto previamente gestionado por Mallinckrodt. Ese año, la compañía, uno de los productores nacionales más grandes de opioides genéricos de venta con receta, pagó a ese grupo US$200.000 para apoyar su labor.

La ONG ha dicho que ellos son los únicos que intervienen en definir su agenda de activismo, que incluye el uso de fisioterapia, cuidados quiroprácticos y yoga como alternativas a los opioides para el tratamiento del dolor después de una cirugía. También dijo que ese mismo miércoles tendría una respuesta al informe del senado. Mallinckrodt no respondió inmediatamente a nuestras preguntas.

Este año, Mallinckrodt anunció un acuerdo de US$1600 millones para resolver miles de demandas contra sus opioides y posteriormente se declaró en bancarrota, en parte para poder ir pagando el monto con el paso del tiempo.

El informe también descubrió que la empresa farmacéutica Daiichi Sankyo le pagó a la American Chronic Pain Association US$75. 000 en 2018, por los esfuerzos del grupo para promover el desarrollo de opioides que desalienten el consumo abusivo. Aun no se ha demostrado que esta clase de fármaco sea menos adictiva que los otros tipos de opioides, aunque es más difícil de triturar o disolver para obtener un efecto más rápido o fuerte. La American Chronic Pain Association no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

Un mes después del pago, el grupo de activistas publicó un video en su sitio web en el que un médico parece minimizar el riesgo de adicción a esta clase de fármacos, al decir que tiene una incidencia “inusual”.

Entre 2012 y 2019, Daiichi Sankyo ocupó el quinto lugar entre los que más contribuyeron a financiar esos grupos. Los cuatro primeros aportaron al menos US$2 millones en esos años, y fueron Teva, Pfizer, Insys y Purdue Pharma. Daiichi Sankyo no respondió de manera inmediata a los mensajes de la Associated Press.

“Los peligros potenciales que han mencionado los productores de opioides hacen que esta publicidad engañosa, al estilo de caballo de Troya, sea particularmente alarmante”, confesó Wyden. “Pero que quede claro que estas prácticas están extendidas por toda la industria farmacéutica, y que los consumidores suelen carecer de información”.