Investigaciones

Solo si la industria de las vacunas pasa a ser totalmente propiedad pública, con algunos controles democráticos mínimos, podremos proporcionar una respuesta internacionalizada a esta y futuras pandemias que reconozca a las vacunas como un bien público global.

A medida que la pandemia de Covid-19 se propaga por todo EE UU y el mundo, los científicos están trabajando en desarrollar una vacuna segura y eficaz. Pero desarrollar una vacuna es solo el primer paso. Igual de importante es asegurarse de que la vacuna se produzca en masa y esté disponible para todos sin costo alguno.

La única forma en que eso puede suceder es si eliminamos a las grandes corporaciones farmacéuticas del proceso. Hay que volver a lo que funcionó en el pasado: “La llamada edad de oro de la I + D de vacunas en Estados Unidos” [1], un programa público de desarrollo y producción de vacunas impulsado por imperativos de salud pública, no por el lucro privado. El contribuyente estadounidense “jugó un papel importante en el desarrollo de más de la mitad de todas las vacunas inventadas el siglo pasado, incluidas 18 de 28 vacunas para enfermedades prevenibles. Las vacunas contra la gripe, el sarampión y la rubéola son solo las más famosas” [1].

Bajo un sistema de innovación farmacéutica impulsado por las ganancias, las vacunas para enfermedades infecciosas simplemente no ofrecen el tipo de retorno a la inversión que las grandes corporaciones farmacéuticas creen que merecen. La mayoría de las principales empresas farmacéuticas ya se han retirado por completo del desarrollo de vacunas. Esta decisión fue una respuesta directa a haber pasado de ser un programa público de vacunas a convertirse en un sistema privado impulsado por las ganancias.

“El modelo de negocio de la industria farmacéutica es utilizar su poder de monopolio para cobrar precios escandalosos para obtener ganancias escandalosas. En lugar de priorizar la salud pública, están impulsados por un objetivo singular: meter la mano en nuestros bolsillos y robar nuestro dinero”. En 1967, decenas de empresas estadounidenses tenían departamentos de investigación de vacunas y capacidad de fabricación. La administración de Richard Nixon aceleró la tendencia a la privatización y en 1979 ese número había caído a un solo dígito [1]. Ese año, la Oficina de Evaluación Tecnológica trató de dar la alarma con un informe que concluía [2]: “El compromiso — y posiblemente también la capacidad — aparentemente decreciente de la industria farmacéutica estadounidense para investigar, desarrollar y producir vacunas podría… estar alcanzando niveles de preocupación real”.

Lo que queda es un oligopolio altamente consolidado y no competitivo de productores de vacunas [3], y ninguno de ellos tiene la capacidad de producir una vacuna contra el coronavirus a gran escala.

A pesar de eso, la política actual de EE UU presume que estos actores corporativos son los únicos capaces de sacar las vacunas al mercado. Pero hay muchos ejemplos históricos de lo contrario.

Durante la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, el ejército de Estados Unidos se asoció con la industria y la academia para desarrollar vacunas [4]. Este esfuerzo conjunto generó innovación que se mantuvo mucho después de finalizada la guerra. Resultó que muchos de los obstáculos para la producción de vacunas no eran científicos, sino de organización.

Debido a la Segunda Guerra Mundial, los conceptos básicos de muchas de las vacunas que los científicos habían desarrollado años antes se sacaron del laboratorio y se convirtieron en vacunas funcionales. Una comisión recién formada para producir vacunas contra la gripe fue parte de una red más amplia de programas de desarrollo de vacunas administrados por el gobierno federal. Si bien hoy, en promedio, se puede tardar de ocho a quince años en desarrollar una nueva vacuna, la comisión obtuvo la aprobación de la FDA para su vacuna en menos de dos años.

“En ese momento, las protecciones de propiedad intelectual no constituían una barrera para el intercambio de información tan importante como son hoy [1]. Sin estas restricciones, los equipos pudieron consolidar y aplicar el conocimiento existente a un ritmo rápido”, según el historiador Kendall Hoyt. Al resumir la situación, Hoyt señala que “un enfoque cooperativo, impulsado por objetivos, para el desarrollo de vacunas persistió en la era de la posguerra, incluso después de que se disolviera la urgencia y la estructura de los programas de guerra. Esto contribuyó a las altas tasas de innovación en vacunas a mediados del siglo XX”.

¿Hoy? La industria farmacéutica toma la investigación y el desarrollo financiados por los contribuyentes [5]y luego cobra a los estadounidenses los precios más altos del mundo [6]. Los contribuyentes ya han gastado US$13.000 millones en el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Y ese número sigue aumentando, según la excelente herramienta de seguimiento de Public Citizen [7]. Lo último que deberíamos hacer es ceder la investigación y capacidad que hemos pagado a una corporación farmacéutica para que nos pongan el precio de una vacuna por la que ya hemos pagado.

No es sólo una cuestión de “justicia”, aunque es completamente injusto que el contribuyente estadounidense pague dos veces, es una cuestión de capacidad y competencia. La llamada edad de oro del desarrollo de vacunas no se produjo por altruismo. Respondió a la necesidad que se había generado después carnicería y devastación de la influenza pandémica de 1918 que mató a 675.000 estadounidenses y a 50 millones de personas, como mínimo, en todo el mundo. No existe una entidad privada que pueda fabricar y distribuir una vacuna mundial que responda a la escala de una pandemia.

Incluso con decenas de miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes, no hay forma de que una sola empresa pueda producir suficiente vacuna para detener una pandemia mundial que ya ha infectado a 28 millones de personas y ha matado a 900.000. En lugar de competencia entre un número limitado de empresas, necesitamos la cooperación de todo el sector.

Si el sector fuera de propiedad pública podríamos aprovechar toda la fuerza de la industria para aumentar rápidamente el desarrollo y la producción en tiempos de crisis, como ahora. De hecho, ningún país por sí solo podría distribuir una vacuna a nivel mundial para detener y revertir la pandemia. Solo mediante la cooperación mundial podremos detener y revertir una pandemia mundial.

Es urgente que la industria de las vacunas pase a ser de propiedad pública. La propiedad pública es inherentemente flexible y, por lo tanto, se puede preparar a que las empresas públicas satisfagan necesidades necesidades públicas específicas. Sin limitaciones estructurales para maximizar beneficios, se podrían crear institutos públicos de vacunas con un objetivo diferente: la salud pública.

Solo en tiempos modernos hemos pensado que la industria privada tiene capacidad para entregar bienes de salud pública. La industria farmacéutica gasta más dinero en la recompra de acciones [8] y en marketing [9] que en investigación y desarrollo, dinero que, en el sector público, podría reinvertirse en I + D y acelerar el desarrollo de vacunas que salvan vidas. Las salas de juntas de las grandes farmacéuticas toman decisiones solo en función de las ganancias, no de la salud pública. Y el dinero que no guardan en sus propios bolsillos, lo ponen en los bolsillos de los políticos para corromper a todos los interesados, apartándolos de la salud pública para que promuevan las ganancias privadas.

Las vacunas no son bienes de mercado. En realidad, prevenir una pandemia no es rentable para una empresa farmacéutica [10]. El desarrollo de vacunas es una tarea que, históricamente, el gobierno ha hecho mucho mejor. Debemos aprender de esa historia y reclamar vacunas para el público.

Si permitimos que la industria privada dirija la distribución de la vacuna Covid-19, las empresas negarán el acceso al exigir el respeto a los derechos de propiedad intelectual (obtenidos a través de deciciones del gobierno). Así es como la industria farmacéutica impone los altos precios que ansía. E incluso si EE UU elaborara una ley para obligar a una empresa a no negar el acceso, ninguna empresa tiene la capacidad de fabricación o logística para distribuir una vacuna a escala global, para proteger a los 7.800 millones de personas en todo el mundo. Los virus no entienden de fronteras, y dado que el mundo se ha “encogido” por los viajes, el comercio y la interconexión global, mientras el virus pueda prosperar en alguna parte, todaos estaremos en riesgo.

Desafortunadamente, la política de la administración Trump se ha aprobado para la industria farmacéutica y sus seguidores que solo han preocupan por las ganancias y por ellos mismos. Sin poner atención y sin entender el contexto de la salud pública y de lo que se necesita para detener y revertir una pandemia, EE UU lidera actualmente el esfuerzo contra la coordinación [11].

Las vacunas desarrolladas en el sector público podrían autorizarse a través de un comité global, o desarrollarse y comercializarse sin patentes, para que estén disponibles para todos, asegurando el acceso rápido y equitativo necesario para realizar intervenciones coherentes de salud pública. Una agencia federal de desarrollo de vacunas podría romper con la tradición de secretismos de la industria y comprometerse a compartir datos, acelerando la innovación en todo el mundo.