Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Ética
Hace varios años que se van sucediendo acusaciones contra Purdue Pharma por su contribución a aumentar las recetas de sus opioides, contribuyendo a la crisis por su abuso en EE UU. A finales del año pasado la compañía llego a un acuerdo con el gobierno federal para resolver cargos civiles y criminales; los miembros de la familia Sackler pudieron también resolver las acusaciones federales civiles contra ellos a través del pago de multas. Estos acuerdos se establecieron a pesar de las objeciones de numerosos miembros del Congreso, fiscales generales estatales y familias de personas que murieron tras consumir los opioides de la empresa.
Corey Davis, subdirector de la Oficina de la Región Sudeste de la Red de Ley de Salud Pública, abordó las implicaciones de dicha decisión judicial en el artículo “The Purdue Pharma Opioid Settlement — Accountability, or Just the Cost of Doing Business?”, publicado a comienzos del año en NEJM [1]. A continuación, Salud y Fármacos presenta su resumen del artículo.
Antecedentes
El acuerdo de noviembre 2020
En noviembre pasado Purdue se declaró culpable de haber incrementado ilegalmente las ventas de Oxycontin, después de que hubieran disminuido cuando al reformularlo en el 2010 para dificultar su mala utilización, algunos usuarios prefirieron utilizar otros opioides. Específicamente, la compañía:
El castigo de Purdue por estos cargos será:
No obstante, dado que la compañía se encuentra en proceso activo de quiebra, se desconoce que parte de estas cantidades que adeuda acabará pagando en algún momento. Y como si esto no fuera suficiente, en contra prestación, el gobierno federal no presentará ningún otro cargo penal contra Purdue por sus acciones desde mayo 2007 a octubre 2020. Las demandas de cientos de estados, municipios y entidades tribales [es decir de los indios americanos] contra Purdue siguen activas, pero es igualmente incierto si habrá fondos para cubrir las obligaciones financieras que llegaran a surgir.
Por su parte los Sackler llegaron a un acuerdo civil por el que pagarán 225 millones, a pesar de haber recibido miles de millones de dólares por las ventas de Oxycontin. Ningún miembro de la familia fue acusado ni ha admitido ningún delito
Análisis del acuerdo de noviembre 2020
Si bien el hecho de que la larga actividad ilegal de Purdue prácticamente haya llegado a su fin genera tranquilidad, persiste la pregunta de por qué se le permitió llegar tan lejos, y por qué muy pocas de las personas que han estado involucradas han tenido que responder por sus acciones.
La compañía admitió haber ejecutado una campaña ilegal y sostenida a lo largo de los años para aumentar la prescripción insegura e innecesaria de opioides. No obstante, según el acuerdo, ninguna de las personas que tomaron las decisiones que contribuyeron a la muerte de decenas de miles de personas enfrentará cargos penales.
En el extremo opuesto de este hecho, [al que se le podría calificar de impune], se encuentra el ejemplo de la persecución criminal contra quienes violan la legislación por el uso de drogas ilegales, que predominantemente son personas de color y de bajos ingresos. En EE UU se realizan más arrestos por violaciones a las leyes de drogas que por cualquier otro delito. ¿Por qué estas personas enfrentan sanciones penales pero los ejecutivos y propietarios de compañías farmacéuticas que deliberadamente lanzaron millones de píldoras innecesarias y altamente adictivas al mercado quedan libres? La respuesta yace en el dinero y en la capacidad de contratar los servicios más costosos y mejor conectados para sortear la justicia. Purdue y los Sacklers tienen bastante de ambos.
Ni el acuerdo del 2020 ni el proceso de quiebra de Purdue resuelven los problemas subyacentes a un sistema de salud que muy a menudo prioriza el lucro sobre los pacientes, y de un sistema criminal legal que es implacable con los eslabones más pequeños de la cadena y deja en libertad a los cerebros corporativos después de pagar unas multas cuyo monto bien puede ser visto como un costo asociado a los negocios.
Algo que ayudaría a equilibrar el inequitativo sistema judicial y lo que esto conlleva, en términos del comportamiento de los diferentes actores, sería que aquellas personas que toman decisiones a nivel corporativo, como en el caso Purdue, asumieran la responsabilidad de devolver la totalidad de los ingresos recibidos por su actividad ilegal, los cuales deberían utilizarse para atender a las comunidades más afectadas por sus acciones.
Nota de Salud y Fármacos. Pensamos que no se puede hablar de justicia sin que aquellas personas responsables de la muerte de otras causadas por una acción cometida con conocimiento de causa no terminan con un castigo que incluye años de cárcel.
Referencia
