“Se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19”, informó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que se precisa, además, que dicha disposición no regirá para las personas que tengan alguna contraindicación médica y presenten un certificado.
Ecuador declaró este jueves obligatoria la vacunación contra el coronavirus ante el avance de la variante Ómicron y el aumento de casos en el país, y se convirtió en la primera nación de América latina en adoptar dicha medida.
“En Ecuador se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19”, informó el Ministerio de Salud en un comunicado, en el que precisó que dicha disposición no regirá para las personas que tengan alguna contraindicación médica y presenten un certificado.
La cartera sanitaria argumentó que esta decisión se enmarca en la Constitución, que establece que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado.
Según reportó el diario El Universo, el Gobierno se basó en el aumento de contagios y la circulación de nuevas variantes como Ómicron para impulsar la medida.
La Ley Orgánica de Salud señala que el Ejecutivo tiene la potestad de “declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera”, precisó la nota.
El país, uno de los más golpeados en la región por la pandemia, impuso la semana pasada una serie de restricciones para luchar contra el rebrote, como la presentación del carnet de vacunación para ingresar a eventos públicos, restaurantes, centros comerciales, cines y teatros, además de reducir a 50% el aforo en dichos espacios.
Un 69% de los 17,7 millones de habitantes ha recibido el esquema completo de vacunación completo de dos dosis, mientras que 900.000 personas se han aplicado la tercera dosis de refuerzo, según datos oficiales.
Hasta ahora, en la región, sólo Costa Rica había decretado la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19 para todos los empleados públicos, además de facultar a los patronos privados a exigirla a sus trabajadores.