Organismos Internacionales

El Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó recomendar al Consejo General, máximo órgano decisorio de la OMC, que amplíe el plazo para decidir si extiende la exención de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas covid-19 a las pruebas diagnósticas y terapias.

La recomendación del grupo de expertos, formulada el viernes en una reunión oficial presidida por la Embajadora de Sierra Leona, Lansana Gberie, de hecho, aplaza la decisión sobre si la exención para las vacunas covid-19 adoptada el 17 de junio por el Consejo Ministerial de la OMC se puede hacer extensiva a los tratamientos y a las pruebas diagnósticas covid-19.

Tras más de un año de debates polarizados, los ministros de la OMC acordaron, durante la reunión ministerial MC12 a la que asistieron unos 164 miembros, eximir a las vacunas covid que se produzcan en los países en desarrollo de respetar la PI con arreglo a los términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Internacional relacionados con el Comercio (ADPIC).

La decisión confirmó el derecho de los países en desarrollo que son miembros de la OMC a anular las patentes sobre las vacunas covid-19, durante un periodo de cinco años, debido a la emergencia de salud pública, otorgándoles mayor flexibilidad para fabricar vacunas para exportar a otras naciones en desarrollo, algo que resulta burocráticamente complejo y difícil en virtud de las normas ADPIC.

Sin embargo, la MC12 aplazó la decisión sobre una exención similar para los medicamentos y pruebas diagnósticas covid, limitándose a decir que el asunto se debería decidir en un plazo de seis meses.

El acuerdo del Consejo de los ADPIC de recomendar otro aplazamiento de la decisión sobre los tratamientos se produjo tras un largo debate y división entre los diplomáticos que promueven el comercio, según un funcionario de comercio con sede en Ginebra.

Los defensores del acceso, al abogar por la ampliación de las disposiciones de exención, han afirmado que para los países en desarrollo los tratamientos covid son aún más difíciles de obtener que las vacunas. Los defensores de la industria farmacéutica han argumentado que ya se han concedido voluntariamente numerosas licencias para producir genéricos. Argumentan que las verdaderas barreras de acceso incluyen la falta de prioridad que los sistemas de salud de los países de ingresos bajos y medios han concedido al covid, debido a la reducción del impacto del virus, las amenazas de otras enfermedades más mortales y la limitada capacidad de sus sistemas de salud.

Recomendación de ampliar el plazo de la Organización Mundial del Comercio – sin claridad en cuanto a los plazos
Gberie presentará un informe en el que se dice que “el Consejo de los ADPIC recomienda que el Consejo General amplíe el plazo”, pero aparentemente el informe no especifica por cuánto tiempo. Gberie atribuyó a la embajadora de EE UU, María Pagán, la redacción final de la recomendación que acordaron enviar al Consejo General, que está previsto que se reúna los días 19 y 20 de diciembre, una vez superado el plazo del sábado.

El resultado de la exención de los ADPIC decepciona a todos, en todos los bandos del debate
La Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes Farmacéuticos (The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations o IFPMA) expresó su decepción por tener que dedicar más tiempo y energía a un debate que, en su opinión, no aborda los verdaderos problemas de acceso.

“La evidencia demuestra que no hay razón alguna para prorrogar la exención para las terapisa y las pruebas de diagnóstico covid-19″, declaró la Federación Mundial del Comercio. Al contrario, si se aprueba, la propuesta tendrá efectos adversos a largo plazo en la actual cartera de productos terapéuticos para la covid-19 y para futuras pandemias”. La incertidumbre existente mientras se sigue discutiendo no es bienvenida”.

Al otro lado de la división ideológica, la Alianza del Pueblo para las Vacunas (People’s Vaccine Alliance) calificó de “vergonzoso” que no se hubiera tomado ya la decisión de ampliar la exención de la PI para cubrir la producción y el suministro de pruebas diagnósticas y tratamientos covid-19.

“Llevamos casi tres años de pandemia por covid-19. Se calcula que hay 17 millones de personas afectadas. Se calcula que 17 millones de personas han muerto en el tiempo que la OMC ha estado discutiendo las protecciones de propiedad intelectual para pruebas diagnósticas y tratamientos. Decir que se necesita más tiempo para estudiar la cuestión es un completo disparate”, afirmó Max Lawson, copresidente de la alianza y responsable de la política de desigualdad de Oxfam. “Los miembros de la OMC han decidido dejar pasar otro año sin hacer ninguna contribución significativa a la lucha contra covid-19”.

La semana pasada, la oficina del Representante de Comercio de EE UU (USTR) anunció su apoyo a la ampliación del plazo para decidir si la Decisión Ministerial de la OMC sobre el Acuerdo ADPIC se debe ampliar a los diagnósticos y terapias covid-19.

El USTR también pidió a la Comisión de Comercio Internacional de EE UU (USITC) que “inicie una investigación sobre las pruebas diagnósticas y tratamientos covid-19 y proporcione información sobre la dinámica del mercado para ayudar a fundamentar el debate en torno a la oferta y la demanda, los precios, la relación entre las pruebas diagnósticas y el tratamiento, y la producción y el acceso”, según otra declaración de la USTR. La investigación podría durar hasta un año.

Docenas de otros países, entre ellos el bloque de 27 países de la Unión Europea, Japón, Singapur, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido, también han solicitado más tiempo para decidir sobre la posible ampliación de la exención, alegando que se requiere más evidencia para demostrar que las normas de propiedad intelectual han ralentizado el acceso mundial a los tratamientos y pruebas de diagnosticas para la covid-19.

Sin embargo, países en desarrollo como India, Indonesia y Sudáfrica han presionado para que se amplíe la exención, argumentando que es necesaria para cubrir la producción y el suministro de pruebas diagnósticas y terapias para la covid-19, con el fin de ampliar el acceso mundial a medicamentos que pueden reducir los casos de hospitalización por covid y la covid de larga duración, precisamente en aquellos países de bajos ingresos donde las bajas tasas de vacunación hacen que las personas sean más vulnerables a una enfermedad grave.