En febrero de 2023, la Pharmaceutical Accountability Foundation (PAF) presentó una demanda contra AbbVie alegando que había abusado de su posición dominante en el mercado para obtener beneficios excesivos, violando la legislación neerlandesa sobre competencia y los derechos humanos. AbbVie cobró al sistema de salud neerlandés hasta €1.200 millones de más al cobrar precios excesivos por su medicamento estrella contra la artritis reumatoide, Humira. AbbVie ha respondido a esta demanda con tácticas dilatorias.
AbbVie debía presentarse por la denuncia de la PAF antes del 15 de noviembre. La respuesta de AbbVie se centra en cuestiones de procedimiento. AbbVie alega, entre otras cosas, que el caso de la PAF es inadmisible ya que no se vio directamente perjudicada por las prácticas de fijación de precios de AbbVie. También alega además que no le corresponde al tribunal neerlandés gestionar la demanda contra AbbVie Inc. porque la sede principal de AbbVie está en EE UU. Estos pretextos son distracciones para retrasar o evitar abordar las cuestiones de fondo del caso.
Los hechos son los siguientes: AbbVie facturó €2.300 millones en los Países Bajos entre 2004 y 2018, cobrando el fármaco Humira a un precio medio de €11.000 por paciente y año. AbbVie obtuvo un beneficio bruto global del 78% con Humira. Tras restar un beneficio “justo” del 25%, el exceso de beneficios que obtuvo en los Países Bajos fue de un 53%, una cantidad equivalente a €1.200 millones. A nivel mundial, entre 2003 y 2022, AbbVie facturó US$208.000 millones. El exceso de beneficios de AbbVie podría alcanzar los US$110.000 millones.
Tan pronto como los competidores entraron en el mercado de los Países Bajos en 2018, AbbVie bajó rápidamente sus precios en más de un 80%, lo que demuestra que el precio inflado de Humira no reflejaba sus costes, sino a un intento de utilizar el monopolio de AbbVie para obtener el máximo beneficio posible. Además, AbbVie intentó aprovechar el sistema de patentes para prolongar aún más su monopolio.
Al hacerlo, AbbVie ha generado motivos para que se puedan emprender acciones legales por tres causas. En primer lugar, abuso de su posición dominante en el mercado. Según la Ley holandesa de Competencia (DCA) y la legislación de la UE, las empresas que ostentan un monopolio (por ejemplo, gracias a una patente) no pueden abusar de esa posición dominante para cometer prácticas desleales. La Fundación sostiene que los precios excesivos de AbbVie, así como la forma como manipuló el sistema de patentes para ampliar su monopolio, constituyen infracciones de esta ley.
En segundo lugar, la forma en que AbbVIe estableció los precios, la convierte en responsable del desplazamiento de la atención sanitaria. Los planes nacionales de salud tienen una financiación limitada, y las autoridades de salud priorizan los medicamentos que pueden estar disponibles. Cuando los precios de los medicamentos superan lo que un sistema de salud puede permitirse, las autoridades de salud podrían verse obligadas a racionar la atención y hacer concesiones. Algunos medicamentos son costosos de producir y/o costosos de administrar; otros son baratos de producir, pero tienen precios excesivos por abuso de monopolio en el mercado. La Fundación sostiene que AbbVie está en esta última categoría.
En tercer lugar, AbbVie ha violado los derechos humanos. Las empresas farmacéuticas no venden artículos de lujo, sino medicamentos que salvan vidas. Se les concede monopolios temporales sobre estos medicamentos para ayudarles a recuperar los costes asociados a la investigación y el desarrollo, pero a cambio tienen la obligación de no abusar de esos derechos de monopolio. La legislación sobre derechos humanos garantiza el derecho a la vida y al disfrute del más alto nivel posible de salud. La ONU cuenta con unos Principios Rectores para que las Empresas respeten los Derechos Humanos [1]; estos principios responsabilizan a las empresas privadas de respetar los derechos humanos. Al cobrar precios excesivos, AbbVie vulnera estos derechos e incumple sus deberes de comportamiento socialmente responsable.
Ahora corresponde al tribunal decidir los próximos pasos. PAF espera que se convoque una sesión pública del tribunal a principios de 2024.
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