Guillermo Murillo, Asociación de Derechos Humanos Agua Buena
Reproducido de Agua Buena Asociación de Derechos Humanos, Diciembre 2002

El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (NAFTA por sus siglas en inglés) fue establecido en 1994 entre Canadá, México y Estados Unidos, con el fin de establecer una zona de libre comercio entre los tres países. Este tratado ha tenido una acogida mixta: sus partidarios, los cuales incluyen a los tres gobiernos y a las grandes industrias, afirman que éste ha abierto importantes mercados, ha aumentado las exportaciones y ha promovido la inversión, mientras que sus oponentes, principalmente pequeños empresarios y organizaciones no gubernamentales (ONG´s) argumentan que por el contrario, lo que ha dejado ha sido desempleo, no ha mejorado los niveles de vida y no ha frenado las prácticas anticompetitivas de las grandes transnacionales.

Sean cuales fueran sus éxitos o fracasos, el TLCAN pronto será superado. Durante la Cumbre de las Américas, que se realizó en Miami, en Diciembre de 1994, los ministros de comercio de 34 países del hemisferio, excepto Cuba, acordaron establecer un área de libre comercio desde “Alaska hasta Tierra del Fuego”. Se espera que las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) estén completadas en el 2005. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso ha preocupado a muchas organizaciones sociales que trabajan en el área de salud pública, quienes temen que la protección de los derechos de propiedad intelectual se hará a expensas de cientos de millones de habitantes de la región.

Fuerzas opuestas

Existen significativas disparidades económicas a lo largo del hemisferio. Mientras que Estados Unidos y Canadá representan el 80% del peso económico de las Américas, algunos de los restantes 32 países son pequeñas economías, con una pobre base manufacturera, limitado acceso al crédito, problemas de infraestructura y de servicios. Ejemplo de ello son Nicaragua, Honduras y Haití, que se encuentran entre los países más endeudados. De los 800 millones de personas que serán cubiertas por el acuerdo, cerca de 500 millones viven en América Latina y la mitad de ellos en condiciones de pobreza.

Pese a estas disparidades económicas, cada país tiene un objetivo similar que persigue en el acuerdo; acceso a un mercado más amplio. Sin embargo, el poder de Estados Unidos en las mesas de negociación implica que los objetivos de este país son los más probables de ser satisfechos, en comparación con los de sus socios.

Estados Unidos está promoviendo la aceleración de las negociaciones, esperando tenerlas terminadas el próximo año. Para el Director de la Asociación Internacional de Salud de América Latina, Roberto López, lo anterior se debe a que la recesión económica de los últimos años en Estados Unidos, la ha llevado a conquistar nuevos mercados con el fin de estimular el crecimiento y crear un bloque internacional capaz de competir contra la Unión Europea (UE). Sin embargo, varios países se oponen a completar las negociaciones de manera prematura, considerando que sería aventurado tomar un acuerdo sin una cuidadosa discusión y sin tomar las medidas necesarias para que las pequeñas economías se puedan adaptar. Brasil, el país latinoamericano más fuerte, es el principal oponente de una aprobación previa, en parte porque aprobar el ALCA implicaría la pérdida de algunas ventajas alcanzadas en mercados externos.

Transparencia

De 1994 a 1998, parece que hubo un pequeño progreso en las negociaciones hasta la Cumbre de Santiago, Chile, celebrada en Abril de 1998, cuando el Comité de Negociaciones Comerciales fue establecido, conformado por los vice-ministros de comercio de cada país. Las negociaciones en serio, incluyendo los subgrupos de trabajo de los nueve temas (Acceso a Mercados, Inversión, Servicios, Compras del Sector Público, Solución de Controversias, Agricultura, Derechos de Propiedad Intelectual, Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios, y Política de Competencia), comenzaron a finales de 1999.

La declaración de la Sexta Reunión Ministerial, en Buenos Aires en Abril de 2001 reafirmó el interés de llevar un proceso de negociación transparente, con una creciente y sostenida comunicación con la sociedad civil. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil han criticado fuertemente que las negociaciones se hayan realizado a puertas cerradas, sin la debida participación de organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil.

En las discusiones sostenidas en el grupo de Propiedad Intelectual existe una disparidad entre el principio de transparencia y lo que sucede en la realidad. Este grupo ha tenido 16 reuniones hasta Junio de 2002. Los reportes públicos de esas reuniones que aparecen en el sitio web oficial (htpp://www.ftaa-.org/ngroups/ngprop_e.asp) se han limitado a los contenidos de la agenda de trabajo y otros pocos datos, pero no suministra detalles de cual es la posición de cada país o grupo de países con respecto a cada tema, lo cual permitiría a los representantes de la sociedad civil realizar propuestas o ejercer presiones contra sus gobiernos para apoyar o cambiar ciertas posiciones.

¿TRIPS-Plus o Doha?

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS) establecidos en 1995 por la Organización Mundial del Comercio (OMC), otorgaron grandes prerrogativas a las grandes compañías. En los años siguientes, dado los abusos en los precios de los medicamentos, los países comprendieron que debían limitar ese poder. Por estas razones, en noviembre de 2001, los Ministros de Comercio, reunidos en Doha, Qatar, declararon que el TRIPS debería interpretarse e implementarse de manera que “apoye el derecho a proteger la salud pública de los miembros de la OMC y, en particular, el derecho a promover el acceso a las medicinas para todos.” El ALCA podría significar un retroceso significativo para que los países en desarrollo puedan suministrar de medicamentos a su población.

Dos posiciones han emergido en la discusión alrededor del tema de las patentes. Mientras que unos consideran que el ALCA debe fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS-Plus), los otros manifiestan que la protección de la patente no debe ser extendida más allá y que al acuerdo debe incorporarse la Declaración de Doha, en particular lo que respecta al uso de licencias obligatorias.

No sorprendentemente, los Estados Unidos apoyan la primera posición y han venido aplicando presiones de tipo económico y político sobre los otros países para afianzar su política. Este país insiste en que las circunstancias bajo las cuales se deben otorgar las licencias obligatorias deben ser especificadas, que las razones por la cual un país revoque una patente debe ser limitadas y que el alcance de las licencias también sea limitado. Además, desea que el término de 20 años en el plazo de las patentes sea extendido con el fin de compensar cualquier atraso en el otorgamiento de la patente y la posibilidad de demostrar la eficacia de su producto, sin que los productores de genéricos tengan acceso a los datos de los productores originales.

Otros países apoyan la posición de República Dominicana, que propone que los principios de la Declaración de Doha sean incluidos en el ALCA. Costa Rica considera que el ALCA debe apoyar la salud pública, que se promueva el acceso a las medicinas existentes, y que al mismo tiempo, se respeten los derechos de los titulares de las patentes, incluyendo disposiciones que permitan flexibilidad en la concesión de licencias obligatorias y a los países establecer sus propios regímenes para el agotamiento internacional de los derechos.

Brasil se ha convertido en el más fuerte defensor del acceso a los medicamentos esenciales. En abril de 2001, durante la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Brasil presentó una propuesta para que el acceso a los medicamentos fuera considerado como un derecho humano, la cual fue aprobado por 52 votos contra 0, con una abstención (Estados Unidos). Estados Unidos consideró que la resolución violaba las normas internacionales de protección de la propiedad intelectual. Si Brasil llega a formar parte del ALCA, podría ser obligado a terminar la producción de versiones genéricas de productos patentados, los cuales han sido eficaces en el control de la epidemia del VIH-SIDA.

En América Latina y el Caribe existe un gran número de fabricantes públicos y privados de los medicamentos. Muchos son medicamentos genéricos, de alta calidad a un bajo costo, los cuales cubren las necesidades básicas de la población. República Dominicana, por ejemplo, posee una industria farmacéutica competitiva y de alta calidad, que le ha permitido ahorrar US$200 millones al año por concepto de importación de medicinas. Más de 100.000 dominicanos se encuentran empleados directa o indirectamente por esta industria.

La industria farmacéutica multinacional insiste que el TRIPS-Plus estimulará la transferencia de tecnología a los países en desarrollo e incentivará la investigación y el desarrollo. Sin embargo, algunos expertos regionales afirman que la extensión de las patentes solo incidirá en el precio de las medicinas. Se ha estimado que cuando las patentes fueron introducidas a Argentina, el precio de los medicamentos subió un 71%, mientras que el consumo cayó un 50% (www.revistaespacios.com/a01v22n01/12012201.html)

Presión sobre Canadá, América Latina y el Caribe

Como resultado de la presión de Estados Unidos, Canadá se vio obligado a reformular su legislación sobre patentes en los noventa, reduciendo el uso de licencias obligatorias, lo cual resultó en un considerable aumento en el costo de las medicinas. Los precios de las prescripciones de nuevas medicinas patentizadas aumentaron un 20,9% al año, entre 1993 y 1997, comparado al 6,6% de las medicinas que patentó antes de 1987 y del 4,1% de las no patentadas. Un ALCA TRIPS-Plus conduciría a un gran deterioro de los precios de las medicinas en Canadá

(htpp://www.boletinfarmacos.org/012002/investigaciones.htm).

Existen muchos ejemplos de las presiones comerciales de Estados Unidos sobre los países de América Latina y del Caribe, que han debido modificar sus leyes de propiedad intelectual para acomodarlas al modelo e interés estadounidense. La mayoría de los países tienen acuerdos con Estados Unidos en algunas áreas de comercio. El temor de perder esas ventajas comerciales, tales como las cuotas en textiles o agricultura, pueden evitar que otorguen licencias obligatorias en medicamentos. Además, los acuerdos de asistencia militar son importantes en algunos países latinoamericanos. Los gastos en este sector son a menudo más altos que los gastos en salud, y el temor de perder tasas preferenciales en la compra de armas los limitan a negociar acuerdos que busquen proteger sectores vitales como la salud y el ambiente.

Continuando con la presión de Estados Unidos, República Dominicana se vio obligada a revisar sus leyes de propiedad intelectual en junio de 2001, pero pese a los cambios realizados, la industria farmacéutica estadounidense incitó al gobierno estadounidense de revisar los beneficios otorgados a ese país, bajo el Sistema de Preferencias Generalizado.

Aún grandes países, como Brasil, Chile, Argentina y México son frecuentemente presionados con medidas comerciales. En 1996, la compañía estadounidense Metaclad, reclamó que el Gobierno mexicano había violado el capítulo 11 del NAFTA, por evitar que la compañía abriera un vertedero de basura tóxica en San Luis Potosí, que pudo haber tenido serias consecuencias para las personas que vivían cerca del sitio. México tuvo que pagar a la compañía US$16,7 millones en compensación, por el “daño causado”, sin embargo, el daño que las personas aledañas pudieron haber sufrido nunca fue cuantificado.

TRIPS-plus

En los últimos años, los países de la región han realizado cambios significativos en las leyes de propiedad intelectual para adaptarse a los acuerdos del TRIPS. Los países andinos, por ejemplo, se habían opuesto a patentar medicamentos de la lista de medicinas esenciales de la OMS. Recientemente tuvieron que variar sus leyes. Todas las legislaciones, con pequeñas variaciones, garantizan actualmente las patentes de nuevos productos y procesos que tienen un grado de innovación y que son susceptibles de aplicación industrial.

Sin embargo, el actual borrador del ALCA extiende los derechos de los titulares de patentes más allá de los reconocidos en el TRIPS y en las legislaciones nacionales. E incluye recomendaciones en las que se sugiere que el plazo de las patentes debe ser extendida con el fin de compensar el tiempo que se duraría en obtenerla.

Además, mientras actualmente una patente puede ser revocada bajo ciertas condiciones, incluyendo no uso por cierto tiempo, en el borrador se propone que una patente sólo podría ser revocada, cuando existan razones que pudieran justificar su denegación para ser otorgada.

Esto eliminaría la posibilidad a los países de revocar una patente si las circunstancias cambian dentro del periodo de 20 años. Incluso, cuando un país considere que las prácticas de una empresa son anticompetitivas, sería incapaz de revocar la patente.

La mayoría de las legislaciones latinoamericanas reconocen que existe el principio de importación paralela, que permite importar productos que son vendidos más baratos en otras partes del mundo. El borrador del ALCA propone el agotamiento regional, lo que limitaría sustancialmente esta posibilidad.

Licencias obligatorias

Las licencias obligatorias son un instrumento de balance entre el poder del titular de la patente y el bienestar público. Pueden ser concedidas cuando el titular de la patente no explota la patente en un tiempo dado, o cuando ejerce prácticas anticompetitivas que abusan de los derechos conferidos en la patente.

Cada país usa licencias obligatorias para corregir prácticas anticompetitivas, pero sólo en algunos pocos está claro cuando éstas pueden ser otorgadas. Las leyes de Argentina y Uruguay indican que las prácticas anticompetitivas incluyen precios excesivos o cuando existen oferentes capaces de suplir el mercado con precios más bajos por el mismo producto. La ley uruguaya va más lejos, indicando que una vez que se concede la licencia obligatoria, el titular de la patente tiene la obligación de dar toda la información necesaria para producir el producto.

Otro requisito es que la licencia sea principalmente para suplir el mercado interno, aunque sólo Brasil estipula que el producto para el cual se otorgó la licencia obligatoria sea hecho en su territorio. El borrador del ALCA presenta más obstáculos para otorgar la licencia obligatoria, prohibiendo las exportaciones. El impacto de ésta cláusula sería evitar que la gente pobre en los países pequeños tenga acceso a medicamentos de calidad y a bajo costo, porque sus países no tendrían las facilidades para producirlas.

Participación de la Sociedad Civil

Grupos de diferentes sectores de la sociedad civil a lo largo de América Latina se han organizado para constituir un frente común contra el ALCA, pues consideran que este acuerdo plantea peligros para los intereses de la mayoría de los habitantes de estos países. Los activistas exigen una consulta oficial a la sociedad civil y a los grupos de

derechos humanos, en un proceso que sea “transparente y participativo, que asegure el acceso inmediato a los documentos en negociación, y una evaluación del proceso antes de adoptar el acuerdo”

La Alianza Social Continental (ASC) ha incentivado a todos los grupos posibles a oponerse al ALCA, incluyendo a organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras, Acción Internacional de la Salud y Oxfam, que han participado en los movimientos globales y/o regionales por acceso a los medicamentos esenciales.

En abril de 2001, bajo el eslogan “Otra América es posible”, una segunda cumbre de los pueblos de las Américas fue llevada a cabo, en Quebec, en forma paralela a la Tercera Cumbre de las Américas, durante la cual se produjeron protestas en esta ciudad canadiense y algunas otras ciudades latinoamericanas. Las demostraciones contra los acuerdos han continuado durante las últimas reuniones ministeriales.

Parte del esfuerzo por oponerse al borrador del ALCA se debe a que durante la Cumbre de Miami en 1994, los Jefes de Estado declararon que ellos estaban decididos a fortalecer la democracia y los derechos humanos, apoyar la educación y reducir la pobreza en América. Desde aquella reunión, sin embargo, las buenas intenciones sociales se han olvidado. Algunos de los oponentes al ALCA temen que los derechos humanos, ya débiles en la región, se quebranten más por los intereses comerciales.

Conclusiones

La mayoría de los latinoamericanos desconocen del ALCA y sus implicaciones. Sólo algunos grupos de la sociedad civil han mostrado interés en el proceso y la mayoría han tenido dificultades para acceder a la documentación y a que sus propuestas sean tomadas en cuenta por parte de su gobierno en los grupos de negociación.

El ALCA puede ser un TRIPS-plus o una versión más apropiada del ALCA, dependiendo de cuánto se modifique el borrador, de cuántos diferentes grupos puedan participar en la negociación y cuán capaces sean los gobiernos de negociar a la hora de la aprobación de la versión final.

Indiscutiblemente existe un doble proceso en las negociaciones, uno que es presentado al público y otro que no es presentado o que es presentado muy tarde, cuando los cambios no pueden ser revertidos. La gente de las Américas tiene el derecho de conocer cada etapa del proceso y de participar activamente realizando propuestas y recomendaciones.

La atmósfera de presión que existe impide a los países negociar con libertad y la aceptación del acuerdo limitaría su posibilidad de responder a los problemas de salud por temor a presiones comerciales. Las protestas realizadas en las recientes cumbres y conferencias son apenas un preludio de lo que podría suceder en un futuro próximo, si las autoridades siguen sin escuchar las voces de sus ciudadanos.