El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que Cristina del Carmen Díaz Tábora, exfuncionaria del Congreso Nacional y exsecretaria general de la Secretaría de Salud, se benefició con licitaciones sobrevaloradas realizadas por esa entidad.

El documento establece que entre 2010 y 2013, cuando Díaz Tábora era la gerente legal del CN, también fungía como accionista de la empresa Central Distribuidora (Cedisa), a la que en ese período Salud le adjudicó L14,3 millones (1US$=22,6 lempiras) en licitaciones.

Esta entidad que lucha contra la corrupción en el país destaca que el artículo 15 inciso 4 de la Ley de Contratación del Estado indica como inhabilidad para contratar con el Estado el ser funcionario o empleado al servicio de los poderes estatales; en su inciso 6 menciona el ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Y en el numeral 7 dice que no pueden contratar con el Estado sociedades mercantiles en cuyo capital participen funcionarios o empleados.

Cedisa es una de las seis empresas conformadas por parientes de Cristina y un amigo que recibieron de Salud L88,3 millones por licitaciones sobrevaloradas, algunas en porcentajes superiores al 500%, entre 2010 y 2014.

Las otras sociedades beneficiadas con las licitaciones irregulares son Laboratorio D’ La Roja, Productos Químicos Industriales (Quimtec), Inversiones Corporativas de Latinoamérica (Incorsa), Distribuidora Comercial (Dicomer) y Droguería Lofarma.

Según el documento, entre 2009 y 2013, la Secretaría de Salud les otorgó a estas compañías al menos 250 licitaciones por un monto de L88.365.715 por compra de medicamentos e insumos cuyo valor real en el mercado era de L38.441.582.

La sobrevaloración de los productos comprados en estos procesos fue de L49,9 millones.

De acuerdo con el CNA, estas sociedades estaban estrechamente vinculadas con Cristina Díaz Tábora, ya que en Incorsa y Dicomer aparecen como socias sus sobrinas Larissa Gabriela Díaz Pacheco y Andrea Carolina Díaz Pacheco.

En cuanto a Quimtec y D’ La Roja, los socios que se registran son su hermano Óscar Danilo Díaz Tábora y su cuñada Juno Montes de Oca.

La relación es tal que en D’ La Roja también aparece como gerente general su hijo Marco Alejandro Durón Díaz. En cuanto a Cedisa, se muestran como dueños Díaz Tábora, su hermano Óscar Danilo y su cuñada Montes de Oca. En cuanto al propietario de Lofarma, según el CN es Julio Enrique Mérida Colindres, amigo de los Díaz Tábora.

El informe del CNA fue elaborado por su Unidad de Investigación y Seguimiento de casos.

Socia
Al presentar su declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas en 2011, Díaz Tábora manifestó ser socia de la empresa Cedisa, registrada bajo el tomo 341, folio 22, del Registro de comercio, Inmuebles y Mercantil, según el informe del CNA.

Luego de que el 13 de octubre de 2014 la Unidad Investigativa de El Heraldo denunciara cómo la Secretaría de Salud había comprado insumos y medicamentos innecesarios y sobrevalorados a las seis empresas antes mencionadas, en conferencia de prensa el 16 de ese mes Díaz Tábora dijo que ella había vendido las acciones de Cedisa en 1996 a su hermano Óscar Danilo, o sea un año después de que se creó esa compañía.

“En el año 1996, o sea hace 18 años, transferí las acciones que poseía a mi pariente, extremo que acredito con la protocolización por exhibición del documento de venta de acciones”, expresó.

También aclaró que entre 2010 y 2013 ella no laboró en la Secretaría de Salud, por lo que, aseveró, no tuvo ninguna relación con los procesos de licitación adjudicados a Cedisa en ese período.

“Por lo tanto, dejo constancia de que en ningún momento he favorecido a ninguna sociedad mercantil a través de los diferentes cargos que he desempeñado en el Estado”, puntualizó Díaz en la conferencia de prensa.

El CNA consideró materialmente imposible que Díaz Tábora “realizara un procedimiento de compraventa de acciones para el año de 1996, ya que en el supuesto de haberlo hecho habría incurrido en una causa de disolución de la sociedad en vista de que el Código de Comercio vigente para ese momento exigía que la sociedad anónima estuviese compuesta por un mínimo de cinco socios”.

Fue hasta 2002, mediante la creación de la Ley de Simplificación administrativa, que se reformó el artículo 92 del Código de Comercio, donde ya se plasma que podrán las sociedades anónimas constituirse con un mínimo de dos socios.

¿Quién es Cristina?
Díaz Tábora ingresó a laborar a la Secretaría de Salud el 1 de septiembre de 2002 como asistente especial III de Recursos Humanos, devengando un sueldo de L17.480.

Desde septiembre de 2003 hasta junio de 2010 asumió la dirección legal de la Secretaría de Salud, devengando un suelo de L22.500, según acuerdo de cancelación 1618 del 2 de junio de 2010.

Sin embargo, las seis empresas relacionadas, de las cuales cinco son de parientes y en una hasta aparece ella como socia, y la sexta de un amigo, comenzaron a venderle insumos y medicamentos a la Secretaría de Salud a partir de 2009.

Pero fue desde 2010 hasta 2013, cuando Díaz Tábora era funcionaria del Congreso Nacional (CN), que la media docena de compañías -presuntamente de “maletín”, ya que no tienen oficinas donde localizarlas- incrementaron sus ventas al Estado.

Llega al Congreso
El 2 de agosto de 2010, ella asumió como asesora legal del área administrativa del Congreso Nacional con un salario de 35.000 lempiras; posteriormente, en 2011, ya devengaba un sueldo de L40.000 y de 2012 hasta enero del 2014 tuvo un sueldo de 50.000 lempiras, según la investigación del Consejo Nacional Anticorrupción.

Fue en ese tiempo -2010 y 2013- que las seis empresas relacionadas comenzaron a recibir más adjudicaciones de la Secretaría de Salud, obteniendo al menos unas 250 licitaciones privadas.

Luego, en febrero de 2014, Díaz Tábora asumió como secretaria general de la Secretaría de Salud, devengando un salario de 36.700 lempiras.

En esa misma mes y año ingresó como encargado de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Salud Luis Enrique Durón Pinto, sobrino político de Díaz Tábora, detalla el informe del CNA.

La ley
En su informe, el CNA analiza, además de los daños económicos que cometieron estas empresas contra el Estado, las consecuencias legales en las que podrían estar involucrados tanto Díaz Tábora como su parentela y amigos, en calidad de socios de los seis negocios.

En las conclusiones de su informe, el CNA también precisa que el delito de tráfico de influencias está estipulado en el artículo 369-A del Código Penal.

El funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público, valiéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario, será castigado con penas de reclusión que oscilan entre 4 y 7 años.

De igual manera se le aplicará una multa de L100.000 a 150.000 e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido, la reclusión será de 6 a 9 años, la multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación de 5 a 8 años.

El informe de Consejo Nacional Anticorrupción fue enviado al Ministerio Público para que ahondara en las averiguaciones y, de confirmar los señalamientos, presente requerimiento fiscal contra Cristina Díaz y su parentela.

El Ministerio Público tiene 16 meses de haber iniciado la investigación y prevé presentar requerimientos fiscales en los próximos días, dijo una fuente a El Heraldo.