En EE UU, los políticos, la intensa presión de los cabilderos y las enormes contribuciones a las campañas electorales han distorsionado el sistema de patentes de los medicamentos. El resultado es que los precios van en contra de maximizar los beneficios para la población.

El concepto de patentes se originó en la antigua Grecia. Esta protección legal asumió mayor importancia en Venecia, durante el siglo XV, como mecanismo para proteger a la industria de soplado de vidrio del Estado. EE UU concedió la primera patente en 1790.

A lo largo de la historia, los gobiernos crearon patentes para alcanzar dos objetivos importantes. El primero era estimular el interés en la investigación y encontrar soluciones a los problemas que afectan a la nación y al mundo. El segundo era promover el bien general del país. El periodo de tiempo por el que el dueño de la patente podía hacer uso exclusivo de la nueva tecnología o de la nueva estrategia era relativamente corto, y la gente acababa beneficiándose en perpetuidad de la invención. De esta forma, la concesión de una patente fue diseñada para avanzar no sólo los intereses de su creador, sino también, de igual manera, la economía y el bienestar de la nación.

Durante la última década se ha distorsionado la intención del proceso de otorgar patentes y el equilibrio entre sus dos objetivos. Progresivamente, las compañías farmacéuticas han dejado de invertir en I + D en forma proporcional a los beneficios que ingresan por la venta de los medicamentos que comercializan, a pesar de sus declaraciones en sentido contrario. En cambio, muchas han descubierto que es más sencillo y más seguro, desde el punto de vista financiero, comprar los derechos de los medicamentos desarrollados por otros y multiplicar sus precios varias veces, como con Sovaldi, u obtener un medicamento existente y, utilizando el poder que le otorga su posición monopolista, aumentar el precio en un 500% o más, como en el caso de EpiPen. El resultado es que ahora el proceso de protección por patentes ahora beneficia principalmente a las compañías farmacéuticas, con frecuencia no en beneficio del pueblo estadounidense, sino, más bien, a costa suya.

El objetivo original de las patentes
La protección por patentes nunca fue concebida para utilizarse de forma que pone en peligro vidas humanas. En otras áreas de la sociedad hay muchas prohibiciones legales para proteger la vida humana y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, está prohibido que alguien grite “¡Fuego!” en el teatro, y los monopolios que administran servicios públicos y controlan la distribución de electricidad para toda la ciudad tienen prohibido especular con los precios. Las patentes tienen sentido en un contexto comercial o de manufactura.

Si no desea comprar cristal veneciano, puede decidir que es demasiado caro. Por el contrario, si su hijo nace con un defecto genético, no tiene más remedio que obtener el medicamento disponible para el tratamiento, independientemente de su precio.

La protección por patentes otorga el poder monopolico a la industria farmacéutica, independientemente de las consecuencias para los humanos. Permitir que el exorbitante precio de un medicamento impida el acceso de un paciente, con una enfermedad específica para la que solo hay un tratamiento que solo se puede obtener de una fuente, va en contra de la que se espera del Congreso, que proteja la salud de sus ciudadanos.

La tensión entre el inventor individual y la población entorno a lo que constituye un plazo razonable de protección de la propiedad intelectual se ha discutido en países de todo el mundo durante siglos. En última instancia, sin embargo, la patente no es un derecho intrínseco o constitucional, sino una elección consciente por la que los órganos de gobierno conceden los derechos de propiedad exclusiva a los innovadores en base, tal como hemos mencionado, a lo que más beneficia a todos los ciudadanos de la nación.

Nuestra nación debe lograr un equilibrio inteligente entre el uso de la ley de patentes para incentivar a las empresas farmacéuticas a desarrollar nuevos medicamentos para enfermedades que carecen de tratamiento y, en el otro extremo de la escala, la necesidad de que los pacientes se beneficien de estos tratamientos sin exponerse a la bancarrota y sin llevar a los presupuestos estatales y federales a la quiebra. A cambio de la protección contra la competencia, los precios deberían guardar una relación razonable y lógica con el coste de su desarrollo. Y si bien es importante que los que producen medicamentos obtengan un beneficio razonable para estimular la innovación, como sociedad, tenemos que asegurar que este tipo de incentivos optimizan las inversiones en investigación y desarrollo, y no sólo el desarrollo de productos potencialmente más rentables. En este momento, estamos lejos del punto de equilibrio ideal.

Se agravan los problemas legales
Para complicar el problema, hay dos leyes que las grandes industrias farmacéuticas han promocionado que todavía distorsionan más el proceso de fijación de precios. En primer lugar, la prohibición de importar medicamentos de otros países, permitiendo a las compañías farmacéuticas seguir discriminando, en términos económicos, a los pacientes de EE UU. En segundo lugar, el gobierno federal no puede negociar precios en nombre de los ciudadanos de EE UU, a diferencia de los gobiernos de todo el resto del mundo, garantizando así que los estadounidenses paguen más. Como resultado, nuestra nación utiliza aproximadamente el 40% de los medicamentos, pero financia dos tercios de los beneficios que generan estas empresas globales.

El presidente electo reconoce la necesidad de hacer reformas para enfrentar los precios de los medicamentos. Durante su primera rueda de prensa destacó la forma en que se establecen los precios tan excesivamente altos de los medicamentos y sus consecuencias negativas para el empleo y los ingresos en EE UU.

¿Cuál es la respuesta?
La próxima gran ola de oportunidades para la industria farmacéutica será la de los medicamentos biológicos de moléculas grandes. Estos productos parece que tratarán con éxito el dolor, la artritis, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Aunque estos fármacos tienen estructuras químicas complejas, sus procesos de producción están cada vez más generalizados. Y, sin embargo, las compañías farmacéuticas han adoptado la postura de que se pueden poner precios superiores a los US$100.000 anuales. Incluso un medicamento como la insulina, utilizada por millones de personas con diabetes en EE UU, es rehén del proceso de regulación y aprobación. En los EE UU hoy en día, la insulina puede costar US$100 por jeringa, mientras que su precio en otros países es inferior al 10% de esa cantidad.

Las compañías farmacéuticas, a menudo utilizando como cabilderos a individuos y grupos de pacientes afectados por la enfermedad, han presionado para que se aprueben medicamentos por la via acelerada. Pero, si queremos ayudar a la gente y mejorar la asequibilidad de los servicios de salud, necesitamos un proceso aún más rápido para la aprobación de biosimilares y genéricos.

Las patentes fueron pensadas ​​originalmente para incentivar a los innovadores y maximizar los beneficios para todos. Pero hoy se abusa de ese privilegio. Dependiendo de lo que ocurra con la legislación que promulgue el nuevo Congreso para modificar la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare), esta corrupción que rodea al privilegio de las patentes podría dañar a millones de estadounidenses que hoy están protegidos por los seguros de salud.

Ha llegado el momento de regresar a la intención fundamental del proceso de patentes. Las leyes de patentes deberían promover y recompensar el progreso, y al mismo tiempo maximizar el bien de todos. Hoy en día, en lo que se refiere a la industria de los medicamentos, las recompensas para las compañías farmacéuticas son mayores que los beneficios para nuestra nación. Con suerte, el Congreso y el nuevo presidente restablecerán el equilibrio adecuado.