Por distintas causas, dos sociedades médicas manifestaron su inquietud; también hubo problemas con los remedios que llegan a 15 millones de personas sin cobertura; desde el Ministerio de Salud dicen que ya se resolvió

Desde hace semanas, los sanitaristas están inquietos. Primero se dio a conocer una carta de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) al ministro de Salud, Jorge Lemus, y al director de Epidemiología, Jorge San Juan, para advertir de que el país está en serios problemas con la provisión de drogas de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis.

A los pocos días, la Sociedad Argentina de Hematología envió otra comunicación al titular de la Anmat, Carlos Chiale, en la que expresaba su preocupación por la falta de drogas oncológicas corrientes, “muchas de ellas de bajo costo”.

A esto se sumó el trascendido de una carta interna del Ministerio de Salud que advertía al equipo del plan de Cobertura Universal de Salud Medicamentos (CUS Medicamentos, ex Plan Remediar) de que según “la proyección actualizada de stock para el 20 de febrero” el programa no contaba con 27 de los 68 medicamentos del vademécum, que incluye antidiabéticos orales, antihipertensivos, broncodilatadores, antiparkinsonianos y otros fármacos esenciales que se distribuyen entre alrededor de 15 millones de personas sin obra social ni prepaga. Los profesionales que dieron la alerta días más tarde fueron despedidos.

Por último, medios provinciales informaron sobre una reunión entre las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con directivos del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en la que se les habría informado sobre la intención de no dar continuidad al programa de distribución gratuita de medicamentos.

“Lo que afirma la SADI es cierto desde octubre del año pasado -afirma Ginés González García, ex ministro de Salud y creador del programa Remediar-. Estos medicamentos [contra la tuberculosis] ya no están en las farmacias, porque tienen provisión gratuita desde hace años. Las provincias se encontraron con que el Estado dejó de proveerlos y no hay dónde comprarlos.”

Casi al mismo tiempo en que la SADI hizo pública su carta a las autoridades del ministerio, el Instituto de Tisioneumonología Raúl F. Vaccarezza, de la UBA, indicó que desde principios de 2016 recibe consultas por falta de pirazinamida, rifampicina e isoniazida, y también los inyectables estreptomicina, kanamicina y amikacina. Aunque el ministerio de Salud indicó que se firmó un convenio con la Productora Zonal de Medicamentos de Río Negro, que proveerá al Estado nacional 4.229.200 dosis de antituberculosos, éstas sólo comenzarían a estar disponibles en los próximos meses. Pero la suspensión del tratamiento entraña un riesgo para los pacientes, ya que el bacilo puede volverse resistente a las drogas y ellos, a transmitir la enfermedad.

Personal técnico del ministerio que pidió no ser identificado destacó que en estos casos se impone una compra de emergencia para agilizar la provisión, pero no se hizo. Le atribuyen las interrupciones en el plan CUS Medicamentos al retraso de licitaciones en 2015 y 2016, en el último caso debido a repetidos errores en la formulación de los pliegos.

La abogada María Cecilia Loccisano, que trabaja en el ministerio desde 2002 y recientemente fue designada subsecretaria de Coordinación Administrativa a cargo de esa área, explica que “las compras para todos los programas que reparten medicamentos tardan más o menos diez meses”. Según dice Loccisano, durante 2015 no se iniciaron licitaciones y tuvieron que comprar en diciembre. “Tomamos dos decisiones estratégicas -afirma-: salir del sistema de endeudamiento que recurría a un crédito con el BID y financiar el programa con fondos del Tesoro. Eso nos permite evitar costos adicionales de la operación de crédito y mejorar las normas de transparencia y competencia.”

La funcionaria destaca que en 2014 se compraron 334.000 unidades de medicamentos por US$44 millones, mientras que en 2016 se adquirieron 635.000 unidades por US$45 millones. Y desmiente reclamos como los realizados por Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que también pidió precisiones por la suspensión de alimentos especiales cubiertos por el plan Incluir Salud. “CUS Medicamentos existe -afirma-. Las entregas se están realizando.”

Sin embargo, de acuerdo con información del propio ministerio (http://sir.remediar.msal.gov.ar/ind_Transferencias_por_Provincia/ShowInd_Transferencias_por_ProvinciaTable.aspx), en 2016 se entregaron 155.000 botiquines y 29 millones de tratamientos, lo que representa una reducción del 8% en la cantidad de botiquines y del 27% en la de tratamientos. Las provincias que más recortes sufrieron fueron La Rioja, Jujuy, Misiones, Chaco y Santiago del Estero.

Los remedios enviados por el Ministerio de Salud de la Nación están destinados a 7.934 centros de salud de todo el país. Además, se distribuyen preservativos, dispositivos intrauterinos (DIU) y anticonceptivos. Pero un análisis del Instituto Isalud realizado sobre la base de datos públicos del Ministerio de Economía y del Sitio del Ciudadano, identificó varias áreas de subejecución en el presupuesto de salud. Este trabajo indica que durante 2016 (excluyendo organismos descentralizados y la atención a beneficiarios de pensiones no contributivas) el ministerio pagó solamente el 59% de lo que originalmente se le había asignado en la ley de presupuesto.

El 102% del presupuesto se pagó en salarios (pese a desvinculaciones de personal de varias reparticiones); en cambio, de los Par8.400 millones (1US$=Par15,35) que habían sido asignados a “bienes de consumo” solamente se pagaron 5.900, y de los 2.225.460.109 asignados originalmente a la compra de bienes del programa Atención de la Madre y el Niño solamente se pagó el 33%: 741 millones.

Probablemente por no utilizar lo asignado en el anterior ejercicio, la ley de presupuesto aprobada en noviembre del año último reduce el porcentaje destinado a salud del 2,4% al 2,0% del total.

También circularon versiones sobre la falta de entrega de medicamentos oncológicos para el PAMI, pero desde el organismo las rechazaron. “Hasta diciembre -aclararon-, los más caros los autorizaba directamente PAMI, y los más económicos, las farmacias. Ahora todas las autorizaciones pasan por PAMI, que indica su distribución a todo el país. Antes el afiliado tenía que ir todos los meses a la farmacia a autorizar su medicamento. Ahora, dependiendo del tratamiento, a veces se les autoriza el ciclo entero. Hubo demoras, pero no faltantes.”