La Comisión de Salud aprobó el proyecto para excluir los nombres comerciales de los tratamientos de todas las recetas. Sin la presencia del oficialismo ni funcionarios de salud, se buscará llevar el debate a la legislatura. “Es imprescindible garantizarle a la población el acceso a medicamentos más económicos, seguros y de calidad”, dijo la promotora de la reforma.

Aprobada en 2002 en medio de la crisis social y económica que sacudió al país, la ley de genéricos volvió al centro del debate el año pasado, cuando una legisladora presentó un proyecto de reforma para profundizar su contenido. La idea es que todas las recetas excluyan cualquier nombre comercial del medicamento, y así darle al paciente la posibilidad de elegir la marca que mejor les convenga, con asesoramiento en la farmacia. Ayer, la comisión de Salud de la cámara baja dio luz verde a esta iniciativa, que no contó con el respaldo de legisladores oficialistas –que no se hicieron presentes en el encuentro –ni de autoridades sanitarias. “Consideramos al medicamento un bien social, y el Estado debe garantizar su acceso”, sostuvo la autora del proyecto de ley.

Con la presencia de farmacéuticos y representantes de las cámaras de los laboratorios productores, la comisión de Salud trató el proyecto de la diputada nacional de Entre Ríos Carolina Gaillard, que contó con integrantes de la comisión de Defensa del Consumidor. La iniciativa obliga a prescribir los medicamentos sólo por su nombre genérico, excluyendo el nombre comercial. “Es imprescindible garantizarle a la población el acceso a medicamentos más económicos, seguros y de calidad”, expresó la legisladora.

Gaillard remarcó que “consideramos al medicamento un bien social, y el Estado debe garantizar su acceso. La formación de su precio debe estar regulada y no dejarla libre a la puja de la oferta y la demanda. La modificación que proponemos permite al usuario elegir la marca del medicamento a adquirir sin ninguna imposición, y hace que las recetas sean un instrumento científico, accesible, entendible, comprensible, y que no oculte intereses comerciales detrás de una marca”. “La ley de medicamentos genéricos fue una ley muy importante pero hoy tiene una muy baja aplicación a la hora de prescribir los medicamentos, ya que los médicos lo hacen en su mayoría por nombre comercial”, agregó.

El proyecto de la diputada Gaillard propone modificar los artículos 2 y 3 de la ley 25.649, que actualmente obliga a la prescripción por el genérico, pero deja abierta la puerta para que los médicos sugieran una marca. “Queremos que los ciudadanos elijan libremente qué marca comprar y que ésta no sea impuesta por el lobby publicitario de los laboratorios”, afirmó. El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales Juliana Di Tullio, Diana Conti, María Emilia Soria, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Lautaro Gervasoni, Jorge Barreto, Julio Solanas, Juan Manuel Huss, Eduardo Seminara y Juan Manuel Pedrini.

Por su parte, la diputada Liliana Schwindt (Frente Renovador) felicitó a Gaillard por poner en debate este proyecto y destacó “cuán complicado es el acceso a los medicamentos para aquellos que más lo necesitan”. Asimismo, criticó los recortes del PAMI a los medicamentos que tenían 100 por ciento de cobertura, y los aumentos desbordados de los medicamentos. “Esta modificación es la única forma de poder acceder a los medicamentos y lograr una reducción de su costo”, aseguró Schwindt.

En el debate, participaron de este plenario representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Cámara empresaria de laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y uso Hospitalario (CaPGEN). Además, por los farmacéuticos estuvieron representantes de los colegios de Buenos Aires y Capital Federal. Además, entre los especialistas dieron su testimonio Constantino Touloupas, médico especialista en Farmacología Clínica; José Carlos Escudero, médico sanitarista, diplomado en Salud Publica en la UBA; Silvia Lucangioli, subsecretaria de Transferencia Tecnológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; Antonio Raúl de los Santos, secretario general de la Academia Nacional de Medicina; Víctor Carricartes, secretario general de la Asociación de Empleados de Farmacia; entre muchos otros.

Con voces de especialistas que apoyaron la iniciativa y de los representantes de las cámaras que plantearon sus objeciones a la modificación de la ley 25.649, las comisiones de Salud y Defensa del Consumidor dictaminaron el proyecto de Gaillard, que es una reproducción del dictamen firmado en la reunión de diputados de la comisión de Acción Social y Salud Pública el 23 de septiembre de 2014, pero que perdió estado parlamentario ya que no fue tratado en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Farmacéutica Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina; Claudio Ucchino, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Rubén Sajem, presidente Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA; Constantino Touloupas, médico especialista en Farmacología Clínica; José Carlos Escudero, médico sanitarista, diplomado en Salud Publica en la UBA; Silvia Lucangioli, subsecretaria de Transferencia Tecnológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; Antonio Raúl de los Santos, secretario general de la Academia Nacional de Medicina; Víctor Carricartes, secretario general de la Asociación de Empleados de Farmacia; Leonardo Verna, médico psiquiatra, ex-subadministrador de ANMAT; Mario Domínguez, titular del Laboratorio Dominguez Lab; y Lorena Di Giano, secretaria general de la Fundación Grupo Efecto Positivo.

En los fundamentos del proyecto que prevé la modificatoria de la ley se indica que “la gran mayoría de profesionales de la salud muchas veces terminan prescribiendo especialidades medicinales sin mencionar los medicamentos genéricos que podrían ser de aplicación, generando así un impacto negativo sobre los gastos de salud de la población”. En esta línea, se argumenta que las marcas de medicamentos más posicionadas en el mercado resultan entre un 20 y un 85% más caros que las mismas drogas fabricadas por laboratorios menos conocidos.

La ley de prescripción por nombre genérico fue aprobada en agosto de 2002, un proyecto que contó con un amplio respaldo del justicialismo, el ARI, el radicalismo, Polo Social, Frente para el Cambio, los partidos provinciales, y sólo anunciaron su voto negativo Marta Alarcia y se abstuvieron los legisladores de Autodeterminación y Libertad. Según cálculos extraoficiales del Ministerio de Salud en esos días, con la sanción de esta ley “se podría ahorrar un 60% de los costos en medicamentos de la población, que representarían una cifra cercana a los Par4.000 millones (1US$=(Par15,4) anuales”.