En la última batalla entre los fabricantes de medicamentos y el gobierno colombiano, un grupo comercial de la industria pidió al ministro de salud colombiano que abandonara una medida diseñada para bajar unilateralmente los precios de los medicamentos contra la hepatitis C o, eventualmente, emitir licencias obligatorias.

La decisión se produjo después de que el ministro de salud colombiano, Alejandro Gaviria, emitiera el mes pasado una resolución para determinar si se debe hacer una declaración de interés público, un paso necesario para bajar los precios. En una carta enviada el lunes al ministro, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America argumentó que la resolución es “deficiente desde el punto de vista legal y de procedimiento”, y debe ser revocada.

En su carta, el grupo comercial de EE UU sostuvo que tal medida es innecesaria porque los fabricantes de medicamentos acordaron recientemente reducir los precios de los medicamentos contra la hepatitis C en un 80 a 90%, aunque no se mencionó el precio real. PhRMA, como es sabido, también insistió en que no hay una emergencia de salud pública en Colombia, ya que la tasa de incidencia de la hepatitis C no es superior al 1,5%. Además, el grupo comercial argumenta que el ministerio no especificó las patentes afectadas.

La carta decía: “En lugar de demostrar que hay problemas de acceso a medicamentos contra la Hepatitis C en Colombia, parece que la (decisión) responde únicamente al deseo de utilizar el proceso para asegurar reducciones drásticas y arbitrarias de precios para toda una clase de medicamentos”. La cámara de las grandes farmacéuticas de EE UU argumentó además que el Ministerio de Salud no brindó suficiente oportunidad para responder. La resolución fue aprobada el 20 de diciembre.

Los países pueden emitir licencias bajo los términos de un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de 2001 y, en los últimos meses, los legisladores de Chile, Perú, Malasia [ya lo ha hecho] y Holanda han expresado interés en hacerlo. Los fabricantes de medicamentos argumentan que las licencias erosionan los derechos de propiedad intelectual, pero los grupos de pacientes dicen que el esfuerzo de la industria para que no se rompan las patentes se hace a expensas de los pacientes que no pueden pagar medicamentos costosos.

Sin embargo, la carta de PhRMA lleva la batalla un paso más allá.

La cámara farmacéutica insinúa que, si insiste en emitir su declaración, el gobierno colombiano podría socavar el pacto comercial existente con EE UU y los intentos de Colombia a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo intergubernamental de tres docenas de países que fue creado para estimular progreso económico y comercio mundial.

Una organización internacional llamada Negocios en la OCDE (Business at OECD), que representa a industrias de diferentes países, emitió recientemente una declaración que detalla los pasos que Colombia debe tomar para mejorar sus posibilidades de unirse a la OCDE y citó la licencia obligatoria como uno de varios asuntos problemáticos.

Por su parte, el ministro de salud de Colombia se indignó por la sugerencia.

“Recibimos la carta. De hecho, le piden al gobierno colombiano que revoque la resolución y sugieren, en un mensaje no muy sutil, que no hacerlo podría amenazar todo el proceso del ingreso a la OCDE”, nos escribió Gaviria [a Statnews]. “Pero, claro, este tipo de amenazas son inquietantes.