Los sistemas de salud deben garantizarle a la población medicamentos que sirvan, disponibles y cuyos precios no quiebren las finanzas del sector. Todas las medidas que apunten a cumplir con estas tres premisas son bienvenidas, y mucho más si son el producto de análisis rigurosos de los responsables de velar por la salud de todos.

En esa vía actuó el Ministerio de Salud, que se tomó cerca de tres años, en un proceso técnico para expedir el decreto 433 de 2018, que fija los precios de los medicamentos basados en su utilidad terapéutica comprobada, lo que se suma a la audaz política farmacéutica, que tiene como uno de sus pilares el control de precios sin impedir que los pacientes tengan acceso a ellos.

El costo basado en valor supone una compleja arquitectura institucional que involucra al Invima (autoridad que analiza la seguridad y eficacia de los medicamentos), la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (que diseña la metodología de precios y los fija cada año) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (Iets), que evaluará los beneficios de cada medicamento nuevo en comparación con los que ya existen en el mercado, con el fin de clasificarlos en categorías y proporcionar elementos sólidos para que la comisión le determine su valor.

La norma ha sido polémica. La industria farmacéutica insistió durante el proceso, incluso ante la Corte Constitucional, en la inconveniencia de tomar este precio basado en el valor terapéutico como requisito para obtener el registro sanitario del Invima, bajo la premisa de que esto atenta contra la libre competencia que es un factor determinante de los precios.

Minsalud parece haber atendido el reclamo y atenuó el excesivo condicionamiento y se concentró en los criterios para garantizar la utilidad, efectividad y seguridad de los nuevos medicamentos que lleguen al mercado y deban ser pagados por el sistema de salud. Condiciones que habrá de tener en cuenta la Comisión de Precios.

Sin embargo, el sector farmacéutico sigue descontento y ha vuelto a activar los mecanismos de presión internacional para evitar la aplicación de este principio en el país. Aquí, el centro de la discusión deben ser los pacientes y sus necesidades, sin dejar de lado el uso racional de los escasos dineros con que se cubre la salud de todos. De ahí que, más allá de los intereses particulares, los plazos fijados para la plena entrada en vigor de la norma (9 meses) permiten una revisión técnica de esta, en la que el sentido común y no las presiones indebidas terminen imponiéndose.

El ministro Gaviria ha demostrado sensatez en este campo y es un defensor de primera línea de los gradualismos –la exitosa regulación de precios de los fármacos es muestra de ello–, y esta no puede ser la excepción. Falta, de otro lado, extender esta política a los dispositivos médicos, fijar manuales técnicos para la definición del valor y dotar a la comisión de instrumentos permanentes para realizar su labor.

Por lo pronto, hay que saludar la expedición del decreto como una buena noticia para la sostenibilidad financiera del sistema de salud, pero su aplicación no debe traer más discusiones en un sector ávido de acuerdos.